Incapacitación  por enfermedad mental. Preguntas

Abogados incapacitación por enfermedad mental

Preguntas

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1. ¿ Una persona incapacitada puede otorgar testamento?
Cuando a una persona le diagnostican una enfermedad neurodegenerativa o psíquica pero que aun no está en una fase muy avanzada y aun conserva plenamente su capacidad de obrar puede hacer 4 cosas para organizar su situación para cuando no pueda valerse por sí mismo:

- Poder preventivo: es un poder que la persona que prevé que en un tiempo no va a poder autogobernarse otorga a la persona que quiere que actúe en su nombre y lo asista cuando ese momento llegue.

El poder preventivo puede tener un contenido general (solo a los actos de administración) o referirse solo a aspectos personales o solo a aspectos patrimoniales.

El otorgamiento del poder preventivo puede hacerse tanto en escritura pública como en documento privado, pero debido a su gran importancia es recomendable que se haga en presencia de un notario para evitar posibles problemas de validez.

- Auto tutela: mientras conserve su plena capacidad de obrar una persona puede otorgar documento público notarial con las disposiciones que crea convenientes para cuando llegue el momento de su incapacitación. En este documento el enfermo puede nombrar a la persona que quiere que sea su tutor, que quiere que se haga con sus bienes, si quiere internarse en un centro médico, cual quiere que sea o si quiere continuar viviendo en su casa con asistencia…

- Auto incapacitación: Cuando el enfermo vea la enfermedad empieza a avanzar puede solicitar por sí mismo la iniciación del proceso de incapacitación, haciendo llegar esta circunstancia al Ministerio Fiscal.

- Testamento vital: es el documento en el cual una persona que conserva su plena capacidad de obrar, expresa anticipadamente su voluntad para el momento en el que no pueda cumplirla por sí mismo.

En el testamento se pueden contener cosas como su decisión de someterse o no a determinados tratamientos, si quiere donar sus órganos en el caso de fallecimiento, si quiere o no continuar con su vida articificialmente…

2. Certificado de minusvalía como se solicita.
El certificado de minusvalía es un documento oficial que acredita el grado de discapacidad del enfermo, con el que se puede acceder a distintas prestaciones y servicios previstos para la ayuda y el apoyo de estas personas.
Entre esas prestaciones tenemos descuentos y beneficios fiscales como:
- Bono taxi.
- Plazas de parking reservadas
- Ayuda domiciliaria.
- Subvenciones para ayudas técnicas.
- Beneficios fiscales en cuanto al IVA IRPF, exención del impuesto de circulación y matriculación de vehículos.
Para acceder a este certificado es necesario presentar una minusvalía igual o superior al 33% o pertenecer a uno de estos dos grupos:
- Los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez.
- Los pensionistas de Clases Pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
El procedimiento para la solicitud del certificado de minusvalía se inicia a solicitud del interesado o de representante legal, tutor o curador.
Se deberá rellenar una solicitud con los datos del interesado y presentarla al organismo correspondiente, que suelen ser los Servicios Sociales de la comunidad autónoma en la que se encuentre.
El órgano técnico competente examinara el caso y emitirá dictamen con el diagnóstico, tipo y grado de la minusvalía y, en su caso, las puntuaciones de los baremos para determinar la necesidad de la ayuda de otra persona y la existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes públicos colectivos.
La valoración se realizará atendiendo a la dolencia sufrida por el solicitante, es decir, su limitación sensorial, física o psíquica, teniendo también en cuanto los factores socioeconómicos de su situación.
La certificación de la minusvalía se materializará en un documento cuyo nombre dependerá del órgano que la emita. Si la emiten la Comunidad Autónoma o el IMSERSO, se tratará de un Certificado de Minusvalía; si la dicta el Juez, será una Sentencia.

3. ¿La persona incapacitada tiene algún beneficio fiscal?
La respuesta es si, ya que tanto la Ley General de la Seguridad Social como las leyes de los correspondientes impuestos establecen unas bonificaciones en función al grado de discapacidad que son las siguientes:

IRPF
Para acceder a estos beneficios fiscales sobre el IRPF hay que acreditar un grado de discapacidad de al menos el 33% y son los siguientes:
- Reducciones por rendimientos de trabajo.
- Reducciones por rendimientos de actividades económicas.
- Reducciones por aportaciones a planes de pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurados, planes de previsión empresarial.
- Reducciones por seguros de dependencia severa o de gran dependencia constituidos a favor de personas con discapacidad
Además, existe el concepto de mínimo personal y familiar; que es una cantidad mínima a la que no se aplican el tributo, es la cantidad mínima que se considera necesaria para las necesidades vitales personales y familiares:
Mínimo familiar por discapacidad de ascendientes o descendientes:
- 3.000 € anuales por cada uno
- 9.000 € anuales si su discapacidad es del 65% o superior.

IVA
Existen los siguientes beneficios para las personas con una discapacidad reconocida:
Se aplica el IVA al 4% para:
- La adquisición de vehículos para personas con movilidad reducida y para las reparaciones o adaptaciones de estos.
- Adquisición de sillas de ruedas, implantes, prótesis y su reparación

Impuesto Matriculación de vehículos
Se aplica la reducción en la adquisición de vehículos para el transporte de personas con discapacidad en silla de ruedas siempre y cuando se cumplan estos dos requisitos:
- Hayan transcurrido al menos 4 años desde la adquisición del anterior, salvo casos de siniestro total acreditado
- Que ese vehículo no se venda o se done en los 4 años siguientes

Como ya sabemos para acceder a estos beneficios es necesario tener acreditada la incapacitación, lo que se consigue mediante un procedimiento de incapacitación judicial en el que el juez examinara al enfermo y dictara una sentencia que contenga el grado de discapacidad si fuera pertinente y el régimen de cuidados y actos jurídicos para los que necesita ayuda.
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