¿que sucede en caso de incumplimiento del pago de la pensión alimenticia?

Incumplimiento del pago de la pension alimenticia de los hijos en divorcio

Divorcio express, de mutuo acuerdo o contencioso. Con o sin hijos en Común
Abogados expertos en reclamacion de cantidad debida por impago o incumplimiento de pension alimenticia acordada en sentencia divorcio
Incumplimiento del pago de la pensión alimenticia a favor de los hijos
El incumplimiento de pago de la pensión alimenticia en el sistema legal español tiene consecuencias tanto de tipo civil, como puede llegar a tenerlas en el ámbito penal. Por ello si no se puede proceder al pago lo mejor es solicitar una modificación de las medidas de divorcio

¿que sucede en caso de incumplimiento del pago de la pensión alimenticia?

1. Impago de la pensión alimenticia. ¿Qué puedo hacer si no puedo pagar la pensión alimenticia de mis hijos?


Con las circunstancias económicas actuales, es fácil que se produzcan modificaciones en el caudal de ingresos de cualquiera de los progenitores de una unidad familiar. Y también es bastante usual, que este cambio sustancial pueda afectar a los deberes de los padres respecto de sus hijos, derivados de las sentencias de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

En el hipotético caso de que el progenitor obligado a abonar la pensión de alimentos, no pueda efectuar el pago, debe iniciar el correspondiente procedimiento de modificación de medidas definitivas, solicitando la suspensión o modificación de la cantidad recogida en la sentencia inicial de separación, divorcio o nulidad matrimonial, para contribuir a los alimentos de los hijos.

Es decir, en el momento en el que el progenitor obligado al pago de la pensión de alimentos a sus hijos, prevea que va a ser difícil, o incluso imposible, hacer frente a los gastos que mensualmente supone la pensión, debe interponer una demanda de modificación de medidas ante al Juzgado de Primera Instancia o Juzgado de Familia que conoció del proceso de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

En el proceso de modificación de medidas, el progenitor obligado al pago de la pensión debe explicar al Juez las nuevas circunstancias económicas y personales sobrevenidas, por las que no puede efectuar el pago de la cuantía fijada en concepto de pensión alimenticia a sus hijos y, posteriormente, acreditarlas y solicitar la modificación o suspensión temporal de la prestación.

Es importante tener en cuenta que, pese a que los progenitores obligados a satisfacer la pensión de alimentos, se encuentren en una situación de incompatibilidad a la hora de abonar la prestación a sus hijos, éstos no se encuentran desprotegidos frente a la Ley.

El Estado se encarga de abonar una cuantía en concepto de pensión de alimentos, cuando el progenitor obligado a su cumplimiento, no puede hacerlo, a través del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

2. Impago de la pensión alimenticia. ¿Qué puedo hacer si no me pagan la pensión alimenticia de mis hijos?


Con las circunstancias económicas actuales, es fácil que se produzcan modificaciones en el caudal de ingresos de cualquiera de los progenitores de una unidad familiar. Y también es bastante usual, que este cambio sustancial pueda afectar a los deberes de los padres respecto de sus hijos, derivados de las sentencias de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

Existen situaciones en las que el progenitor obligado a abonar la pensión de alimentos no tiene la voluntad de efectuar dicho pago, bien porque no quiere, o bien porque cuando incumple la obligación no le es reclamada, y se acostumbra a omitir la prestación.

Sin embargo, dado que la pensión de alimentos es una obligación de los progenitores y un derecho de los hijos, es enorme la protección que ofrece el ordenamiento jurídico español para efectuar el cumplimiento de los pagos, tanto en la jurisdicción civil como en la jurisdicción penal.

Lo que se debe hacer cuando el progenitor obligado a prestar alimentos, no satisface dicho pago, es acudir al Juzgado de Primera Instancia o al Juzgado de Familia que dictó la sentencia de separación, divorcio o nulidad matrimonial que dio lugar a la fijación de la medida, e iniciar un proceso de ejecución de medidas definitivas.

En caso de iniciar un procedimiento de ejecución de medidas definitivas, por impago de la pensión de alimentos de los hijos, se podrán solicitar las siguientes medidas para garantizar el abono de la prestación:

- El embargo de salarios, nominas o rentas. En virtud de dicha situación se requerirá a la propia empresa en la que trabaje el progenitor obligado al pago de la pensión alimenticia, para que cada mes retenga del sueldo del obligado a prestar la pensión de alimentos la cantidad que fije el Juez; solicitando a dicha empresa a que efectúe o realice automáticamente el ingreso en la cuenta habilitada de quien tuviese que recibir el pago, para efectuar dichos cobros.

- El embargo de los bines conocidos del progenitor obligado a prestar la pensión de alimentos, si los hubiere, para afectar a los rendimientos obtenidos por la venta de los mimos y satisfacer así la prestación.

- La imposición de multas u otras sanciones, a definir en cada caso concreto, en función de las cantidades adeudas como pensión de alimentos.

Según lo dispuesto en el artículo 1966 del Código Civil, sólo podrán reclamarse las cantidades adeudadas que correspondan a los últimos cinco años.

Es decir, la ley prevé un periodo de 5 años de prescripción antes de perder el derecho a reclamar estas cantidades y de mediar la ejecución de la sentencia.

Las cantidades que se han dejado de prestar en concepto de pensión de alimentos, deben ser abonadas con posterioridad, junto los intereses pertinentes, y una vez transcurra el plazo de 5 años, se irá perdiendo la posibilidad de recuperar la cantidad que cubre dicha prestación.

La recomendación de nuestros Abogados es efectuar la reclamación de todo tipo de cuantía, aunque sean cantidades pequeñas, cortas y rápidas; y no dejar pasar mucho tiempo desde los impagos hasta su denuncia, para garantizar el cobro de la pensión de alimentos a favor de los hijos.

Además del procedimiento de ejecución de medidas definitivas, que es un procedimiento civil, en los supuestos en los que el impago de la pensión de alimentos por el progenitor obligado a efectuar dicha prestación, sea como consecuencia de la desidia o por voluntad de no pagar más por imposibilidad, se podría interponer también una denuncia por abandono de familia, que podría tener pena de prisión, en función de las circunstancias que mediasen y las características de cada caso concreto.

3. ¿Qué es el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos?


El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos es un respaldo que proporciona el Estado en el ámbito de la retribución de la pensión de alimentos. Es un Fondo carente de personalidad jurídica propia, cuya función consiste en garantizar el pago de la pensión de alimentos a los hijos menores de edad, que les haya sido reconocida por sentencia judicial de separación, divorcio o nulidad matrimonial, cuando el progenitor obligado al abono de la misma derive en su incumplimiento y se reconozcan unos requisitos concretos.

Los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos son dictados por los Tribunales españoles que, junto con la Certificación expedida por el Letrado de la Administración de Justicia (antiguo Secretario Judicial), pueden acreditar el resultado infructuoso de la ejecución “al no haberse obtenido el pago ni haberse trabado embargo sobre bienes propiedad del obligado al pago de alimentos”.

Los sujetos que pueden ser beneficiarios del anticipo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos son los siguientes:

- Los menores de edad y mayores con un grado de discapacidad igual o superior al 65%), españoles o nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, residentes en España.

- Los menores de edad extranjeros, nacionales de un Estado Miembro de la Unión Europea que, siendo titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado, tengan certificación de su inscripción en el Registro Central de Extranjeros.

- Los menores de edad extranjeros, no nacionales de un Estado Miembro de la Unión Europea que, siendo titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado, tengan la Tarjeta de Residencia en vigor y resolución o certificación de concesión del permiso de residencia legal de los periodos previos requeridos en España, en los términos establecidos en el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

El requisito principal para que los menores mencionados tengan derecho a los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, es que los recursos económicos del conjunto de la unidad familiar, no superen los límites de los ingresos resultantes de multiplicar la cuantía anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM vigente en el momento de la solicitud del anticipo), por el coeficiente que corresponda en función del número de hijos menores que integren la unidad familiar (Coeficiente: 1,5 si solo hubiera un hijo; más el 0,25 por cada hijo añadido).

Se computarán como rentas e ingresos de la unidad familiar:

- “Los rendimientos de trabajo de todos los miembros de la unidad familiar; es decir, las retribuciones dinerarias o en especie derivadas del trabajo, las prestaciones reconocidas por los regímenes de previsión social -ya se financien con cargo a recursos públicos o privados- y los demás rendimientos calificados como del trabajo por la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

- Los rendimientos del capital, en dinero o en especie, que provengan de bienes o derechos cuya titularidad corresponda a alguno de los miembros de la unidad familiar y no se hallen afectos al ejercicio de actividades económicas.

- Los rendimientos derivados de actividades económicas, computados en la forma prevista por la Ley del IRPF.

- El saldo neto de las ganancias y pérdidas patrimoniales de los miembros de la unidad familiar.

Para el cómputo anual de los ingresos de la unidad familiar se tendrán en cuenta aquellos de que disponga o se prevea que va a disponer en el año natural en el que se solicita el anticipo, siempre por su importe íntegro.

El límite de recursos económicos se entenderá acreditado mediante la declaración de rentas de la unidad familiar que realice el solicitante, sin perjuicio de las comprobaciones que se realicen por el órgano competente.

A efectos de estos anticipos, se entiende por unidad familiar exclusivamente la formada por el padre o la madre y aquellos hijos menores de edad, titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado, que se encuentren a su cargo; así como la formada por los menores y la persona física, distinta de los padres, que los tenga a su cargo por tener atribuida su guarda y custodia.”

4. Embargo de la pensión de alimenticia. ¿Puede ser embargable?


Con las circunstancias económicas actuales, es fácil que se produzcan modificaciones en el caudal de ingresos de cualquiera de los progenitores de una unidad familiar. Y también es bastante usual, que este cambio sustancial pueda afectar a los deberes de los padres respecto de sus hijos, derivados de las sentencias de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

Existen situaciones en las que el progenitor obligado a abonar la pensión de alimentos no tiene la voluntad de efectuar dicho pago, bien porque no quiere, o bien porque cuando incumple la obligación no le es reclamada, y se acostumbra a omitir la prestación.

Sin embargo, dado que la pensión de alimentos es una obligación de los progenitores y un derecho de los hijos, es enorme la protección que ofrece el ordenamiento jurídico español para efectuar el cumplimiento de los pagos, tanto en la jurisdicción civil como en la jurisdicción penal.

En cuanto a la jurisdicción civil, una de las opciones más eficaces para lograr el cumplimiento del pago de la pensión de alimentos, es el embargo del salario, nómina o renta del progenitor obligado al pago de la prestación.

En virtud de dicha situación se requerirá a la propia empresa en la que trabaje el progenitor obligado al pago de la pensión alimenticia, para que cada mes retenga del sueldo del obligado a prestar la pensión de alimentos la cantidad que fije el Juez. Solicitando a dicha empresa que efectúe o realice automáticamente el ingreso, en la cuenta habilitada de quien tuviese que recibir el pago para efectuar dichos cobros.

No obstante, el importe del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es inembargable por disposición legal. Siendo el resto de las retribuciones embargables, conforme a unos porcentajes establecidos por el Juez.

Es decir, únicamente es posible embargar las cantidades que perciba el obligado a prestar alimentos, que se encuentren por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Predominando el criterio de inembargabilidad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el criterio de embargabilidad del excedente de los ingresos restantes.

La cantidad del salario que se puede embargar, tiene que ser acorde y proporcional a la situación económica del progenitor obligado a prestar la pensión de alimentos.

El Juez calcula el salario embargable en función de unos porcentajes estipulados por el Juez, a partir del tenor del artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC ), que estipula lo siguiente:

I. “Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional.

II. Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario mínimo interprofesional se embargarán conforme a esta escala:

A. Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional, el 30%.

B. Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo interprofesional, el 50%.

C. Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo interprofesional, el 60%.

D. Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional, el 75%.

E. Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90%.

III. Si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para deducir una sola vez la parte inembargable. Igualmente serán acumulables los salarios, sueldos y pensiones, retribuciones o equivalentes de los cónyuges cuando el régimen económico que les rija no sea el de separación de bienes y rentas de toda clase, circunstancia que habrán de acreditar al Secretario judicial.”

5. Consecuencias del impago de la pensión alimenticia de los hijos.


En momentos de crisis suele ser normal que se acentúen los casos en los que no se puede proceder al pago de la pensión alimenticia y esto genera auténticos problemas tanto para quien no la cobra como para quien no la paga.

La pensión de alimentos es una obligación legal y moral de los progenitores y un derecho imprescindible e irrenunciable de los hijos, por lo que es enorme la protección que ofrece el ordenamiento jurídico español para efectuar el cumplimiento de los pagos y mantener el bienestar y estabilidad económica de los hijos, tanto en la jurisdicción civil como en la jurisdicción penal.

Es decir, las principales consecuencias a las que se puede ver sometido el progenitor que incumple la obligación de prestar alimentos a sus hijos, tienen carácter civil o penal atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto y son las siguientes.

A. Consecuencias civiles del impago de la pensión de alimentos a los hijos.

En cuanto a las consecuencias civiles, en caso de impago de la pensión alimenticia por parte del progenitor obligado a prestarla, se podrá solicitar la ejecución de la sentencia de separación, divorcio o nulidad matrimonial, en el propio Juzgado de Primera Instancia o Juzgado de Familia que la dicto, de forma que se realicen las averiguaciones pertinentes para que pueda procederse a:

- El embargo de salarios, nominas o rentas. En virtud de dicha situación se requerirá a la propia empresa en la que trabaje el progenitor obligado al pago de la pensión alimenticia, para que cada mes retenga del sueldo del obligado a prestar la pensión de alimentos la cantidad que fije el Juez; solicitando a dicha empresa a que efectúe o realice automáticamente el ingreso en la cuenta habilitada de quien tuviese que recibir el pago, para efectuar dichos cobros.

- El embargo de los bienes conocidos del progenitor obligado a prestar la pensión de alimentos, si los hubiere, para afectar a los rendimientos obtenidos por la venta de los mimos y satisfacer así la prestación.

- La imposición de multas u otras sanciones, a definir en cada caso concreto, en función de las cantidades adeudas como pensión de alimentos.

Según lo dispuesto en el artículo 1966 del Código Civil, sólo podrán reclamarse las cantidades adeudadas que correspondan a los últimos cinco años.

Es decir, la ley prevé un periodo de 5 años de prescripción antes de perder el derecho a reclamar estas cantidades y de mediar la ejecución de la sentencia.

Las cantidades que se han dejado de prestar en concepto de pensión de alimentos, deben ser abonadas con posterioridad, junto los intereses pertinentes, y una vez transcurra el plazo de 5 años, se irá perdiendo la posibilidad de recuperar la cantidad que cubre dicha prestación.

La recomendación de nuestros Abogados es efectuar la reclamación de todo tipo de cuantía, aunque sean cantidades pequeñas, cortas y rápidas; y no dejar pasar mucho tiempo desde los impagos hasta su denuncia, para garantizar el cobro de la pensión de alimentos a favor de los hijos.

B. Consecuencias penales del impago de la pensión de alimentos a los hijos: Delito de impago.

En cuanto a las consecuencias penales, en caso de impago de la pensión alimenticia por parte del progenitor obligado a prestarla, se podrá atender a los siguientes preceptos:

El artículo 227 del Código Penal recoge el supuesto de impago de las pensiones alimenticias, de manera que cuando estas no fueran satisfechas durante dos meses seguidos o 4 alternativos, el progenitor que incumpla podrá ser castigado con pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses.

El tenor literal del mencionado artículo, respecto del delito tipificado como abandono de familia, es el siguiente: “El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.”

En estos casos y para dirimir si es delito o no, habrá que acreditarlo a través de presentación de las pruebas pertinentes. De manera que si se prueba que el impago del progenitor obligado es consecuencia de la existencia de una imposibilidad sobrevenida (“no puede cumplir con la prestación”), no será considerado como delito; dejando dicha calificación para las actuaciones más graves, en las que, aún pudiendo hacerse el progenitor cargo del pago, no se quiere o no se efectúa sin causa justificada (“no quiere cumplir con la prestación”).

Además, la comisión del delito de abandono de familia, constará en los antecedentes penales del progenitor que incumple deliberadamente su obligación de prestar alimentos a sus hijos.

Si no le pagan las cantidades acordadas en sentencia de divorcio en concepto de pensión alimenticia no lo dude, el tiempo es oro, llámenos o rellene el formulario adjunto y el abogado de ABOGADIVORCIO más cercano a usted le contactará a la mayor brevedad para ayudarle a defender sus derechos.
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