Denegación de nacionalidad española por error o caducidad documentos. Legislación

Abogados denegación de la nacionalidad española por errores en la documentación o documentos caducados

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Código Civil


Artículo 22:

4. El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española.

5. La concesión o denegación de la nacionalidad por residencia deja a salvo la vía judicial contencioso-administrativa.

Convenio de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros


Los Estados signatarios del presente Convenio, deseando suprimir la exigencia de legalización diplomática o consular para los documentos públicos extranjeros,

Han resuelto concluir un Convenio a tal efecto y han acordado las disposiciones siguientes:

Artículo 1

El presente Convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de un Estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado contratante.

Se considerarán como documentos públicos en el sentido del presente Convenio:

a) los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del ministerio público, o de un secretario, oficial o agente judicial;

b) los documentos administrativos;

c) los documentos notariales;

d) las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como menciones de registro, comprobaciones sobre la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas.

Sin embargo, el presente Convenio no se aplicará:

a) a los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares;

b) a los documentos administrativos que se refieran directamente a una operación mercantil o aduanera.

Artículo 2

Cada Estado contratante eximirá de legalización a los documentos a los que se aplique el presente Convenio y que deban ser presentados en su territorio. La legalización, en el sentido del presente Convenio, sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente.

Artículo 3

La única formalidad que pueda exigirse para certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento esté revestido, será la fijación de la Apostilla descrita en el artículo 4, expedida por la autoridad competente del Estado del que dimane el documento.

Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o usos en vigor en el Estado en que el documento deba surtir efecto, o bien un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o dispensen de legalización al propio documento.

Artículo 4

La Apostilla prevista en el artículo 3, párrafo primero, se colocará sobre el propio documento o sobre una prolongación del mismo y deberá acomodarse al modelo anejo al presente Convenio.

Sin embargo, la Apostilla podrá redactarse en la lengua oficial de la autoridad que la expida. Las menciones que figuren en ella podrán también ser escritas en una segunda lengua. El título "Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)" deberá mencionarse en lengua francesa.

Artículo 5

La Apostilla se expedirá a petición del signatario o de cualquier portador del documento.

Debidamente cumplimentada, certificará la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documente lleve.

La firma, sello o timbre que figuren sobre la Apostilla quedarán exentos de toda certificación.

Artículo 6

Cada Estado contratante designará las autoridades, consideradas en base al ejercicio de sus funciones como tales, a las que dicho Estado atribuye competencia para expedir la Apostilla prevista en el párrafo primero del artículo 3.

Cada Estado contratante notificará esta designación al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión o de su declaración de extensión. Le notificará también a dicho Ministerio cualquier modificación en la designación de estas autoridades.

Artículo 7

Cada una de las autoridades designadas conforme al artículo 6 deberá llevar un registro o fichero en el que queden anotadas las Apostillas expedidas, indicando:

a) el número de orden y la fecha de la Apostilla,

b) el nombre del signatario del documento público y la calidad en que haya actuado o, para los documentos no firmados, la indicación de la autoridad que haya puesto el sello o timbre.

A instancia de cualquier interesado, la autoridad que haya expedido la Apostilla deberá comprobar si las anotaciones incluidas en la Apostilla se ajustan a las del registro o fichero.

Artículo 8

Cuando entre dos o más Estados contratantes exista un tratado, convenio o acuerdo que contenga disposiciones que sometan la certificación de una firma, sello o timbre a ciertas formalidades, el presente Convenio sólo anulará dichas disposiciones si tales formalidades son más rigurosas que las previstas en los artículos 3 y 4.

Artículo 9

Cada Estado contratante adoptará las medidas necesarias para evitar que sus agentes diplomáticos o consulares procedan a legalizaciones, en los casos en que el presente Convenio prevea la exención de las mismas.

Artículo 10

El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados representados en la Novena Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, así como de Irlanda, Islandia, Liechtenstein y Turquía.

Será ratificado, y los instrumentos de ratificación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

Artículo 11

El presente Convenio entrará en vigor a los sesenta días del depósito del tercer instrumento de ratificación previsto en el párrafo segundo del artículo 10.

El Convenio entrará en vigor, para cada Estado signatario que lo ratifique posteriormente, a los sesenta días del depósito de su instrumento de ratificación.

Artículo 12

Cualquier Estado al que no se refiera el artículo 10, podrá adherirse al presente Convenio, una vez entrado éste en vigor en virtud del artículo 11, párrafo primero. El instrumento de adhesión se depositará en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

La adhesión sólo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherente y los Estados contratantes que no hayan formulado objeción en los seis meses siguientes a la recepción de la notificación a que se refiere el artículo 15, letra d). Tal objeción será notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

El Convenio entrará en vigor entre el Estado adherente y los Estados que no hayan formulado objeción a la adhesión a los sesenta días del vencimiento del plazo de seis meses mencionado en el párrafo precedente.

Artículo 13

Todo Estado podrá declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que el presente Convenio se extenderá a todos los territorios de cuyas relaciones internacionales esté encargado, o a uno o más de ellos. Esta declaración surtirá efecto en el momento de la entrada en vigor del Convenio para dicho Estado.

Posteriormente, cualquier extensión de esta naturaleza se notificará al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

Cuando la declaración de extensión se haga por un Estado que haya firmado y ratificado el Convenio, éste entrará en vigor para los territorios afectados conforme a lo previsto en el artículo 11. Cuando la declaración de extensión se haga por un Estado que se haya adherido al Convenio, éste entrará en vigor para los territorios afectados conforme a lo previsto en el artículo 12.

Artículo 14

El presente Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor conforme al párrafo primero del artículo 11, incluso para los Estados que lo hayan ratificado o se hayan adherido posteriormente al mismo.

Salvo denuncia, el Convenio se renovará tácitamente cada cinco años.

La denuncia deberá notificarse al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos al menos seis meses antes del vencimiento del plazo de cinco años.

Podrá limitarse a ciertos territorios a los que se aplique el Convenio.

La denuncia sólo tendrá efecto con respecto al Estado que la haya notificado. El Convenio permanecerá en vigor para los demás Estados contratantes.

Artículo 15

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos notificará a los Estados a que se hace referencia en el artículo 10, así como a los Estados que se hayan adherido conforme al artículo 12:

a) las notificaciones a las que se refiere el artículo 6, párrafo segundo;

b) las firmas y ratificaciones previstas en el artículo 10;

c) la fecha en la que el presente Convenio entrará en vigor conforme a lo previsto en el artículo 11, párrafo primero;

d) las adhesiones y objeciones mencionadas en el artículo 12 y la fecha en la que las adhesiones hayan de tener efecto;

e) las extensiones previstas en el artículo 13 y la fecha en la que tendrán efecto;

f) las denuncias reguladas en el párrafo tercero del artículo 14.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman el presente Convenio.

Instrucción 06/2008, Sobre la aportación de documentos públicos extranjeros para la tramitación de procedimientos en materia de extranjería e inmigración


La vigente normativa en materia de extranjería e inmigración prevé la necesidad de aportar diversa documentación expedida por Autoridades pública; extranjeras durante la tramitación España de procedimientos en materia de extranjería e inmigración a fin de valorar, por las Autoridades españolas competentes, la concesión o denegación de una autorización de residencia, de residencia trabajo, o de estancia, solicitada.

Entre dichos documentos públicos extranjeros pueden mencionarse, especialmente, los que acreditan un vínculo familiar o la ausencia de antecedentes penales en el país de origen o procedencia por delitos existentes en el ordenamiento español.

Con el fin de aclarar eventuales dudas suscitadas en esta materia y permitir la utilización de procedimientos alternativos excepcionales de expedición de certificados de antecedentes penales en el caso de determinados países que reúnan condiciones para permitirlo o en los que concurran circunstancias particulares, esta Dirección General, previo informe de la Dirección General de Asuntos y Asistencia Consulares y de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y en el ejercicio de las funciones que le corresponden según lo establecido en el articulo 6.1.d) del Real Decreto 1129/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo e lnmigración, ha resuelto dictar la siguiente Instrucción, que tendrá efectos desde el próximo 1 de octubre, sustituyendo a la dictada el 2 de junio de 2005:

1.- Todo documento que se aporte dentro de un procedimiento contemplado por el vigente Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, deberá estar, en su caso, traducido al castellano o a la lengua cooficial en los supuestos previstos en el articulo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.- Todo documento público extranjero que, en su caso, no haya sido apostillado por la Autoridad competente del país emisor por ser éste signatario del Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, sobre la eliminación del requisito de la legalización de documentos públicos extranjeros, y que deba ser presentado en España en el marco de cualquier procedimiento en materia de extranjería, debe haber sido legalizado por vía diplomática y, por tanto, deberá contener como mínimo:
- la diligencia de legalización, firma y sello de la Misión diplomática u Oficina consular española con jurisdicción en el país en el que se ha expedido, y
- la diligencia de legalización, firma y sello del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

3.- En relación con el caso concreto de los certificados de antecedentes penales extranjeras a aportar en cualquier procedimiento en materia de extranjería, hay que distinguir tres supuestos, en los que se aplicará el procedimiento que corresponda, de los que se precisan a continuación:

SUPUESTO A (supuesto general): certificados de antecedentes penales expedidos por las autoridades competentes en el territorio del país de origen del documento:
Dichos certificados serán, según lo expuesto en el anterior apartado 2, legalizados por vía diplomática o, en el caso de que se trate de un país signatario del Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, apostillados.

SUPUESTO B: certificado de antecedentes penales expedidos por las Representaciones diplomáticas u Oficinas consulares de carrera del país de origen del documento:
Dichos certificados serán legalizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC). Se señala que la emisión de este tipo de certificados de antecedentes penales deberá ser autorizada previamente por el MAEC, caso por caso, y que éste informará oportunamente sobre dicha autorización a las autoridades competentes españolas ante las que deban surtir efecto los citados documentos (y, en todo casa, a la Dirección General de Inmigración y a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras), a la vez que les remitirá los modelos utilizados.

SUPUESTO C: con carácter MUY EXCEPCIONAL, derivado de circunstancias particulares relacionadas con el país de origen del documento, podrán admitirse procedimientos y vías alternativas a la legalización de los certificados de antecedentes penales informando oportunamente a las mencionadas autoridades competentes españolas:
Se señala que dichos procedimientos y vías excepcionales e establecerán por el MAEC, previa conformidad de la Dirección General de Inmigración de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y podrán ser susceptibles de aplicación no sólo a los certificados de antecedentes penales sino también a los otros documentos públicos procedentes del país en cuestión.

4.- Los "Certificados de antecedentes policiales", cuando exista un modelo de certificado de antecedentes penales en el país, no son válidos para ningún procedimiento en el que la normativa española exija la aportación de un certificado de antecedentes penales.
En el supuesto de que un extranjero alegue que en un determinado país no se expiden certificados de antecedentes penales y presente un certificado de antecedentes policiales o con similar denominación, acreditando documentalmente tanto esa inexistencia de un verdadero certificado de antecedentes penales en dicho país como el hecho de que el documento presentado sirve a los efectos de probar de forma válida y fehaciente la ausencia de antecedentes penales en el citado país por delitos existentes en el ordenamiento español, se elevará consulta sobre el caso concreta a esta Dirección General, que solicitará informe a los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y del Interior, sobre su criterio al respecto, valorándose, mediante decisión de los tres Departamentos que habrá de ser unánime e inequívoca, si existe garantía de que se dan las condiciones para que tal documento pueda ser admitido, en el caso de esa persona, en sustitución del certificado de antecedentes penales.

5.- Los "Certificados de buena conducta" emitidos por las Oficinas consulares no son válidos para los procedimientos en materia de extranjería, aunque sí lo puedan ser para el procedimiento de obtención de la nacionalidad española.
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