Denegación nacionalidad española por antecedentes penales. Jurisprudencia

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SSTS de 30 de mayo de 2011 "Así pues, ha de estarse a una valoración racional y ponderada de todos los antecedentes, referencias y circunstancias que jalonan la vida en sociedad del solicitante, y mediante el análisis de su concreta peripecia vital, determinar si reúne la cualidad de buena conducta cívica legalmente impuesta. En este sentido, la carga de acreditar la buena conducta cívica pesa inicialmente sobre el solicitante, quien habrá de aportar los datos, documentos y demás medios de prueba que permitan apreciar que su conducta ciudadana corresponde al estándar de conducta propio de un ciudadano medio.”

STS de 9 de mayo de 2011 "Del mismo modo, en Sentencia de 5 de mayo de 2009 (recurso de casación no 9859/2004) señalamos que <<Y la alegación relativa a la ausencia de antecedentes penales vigentes no puede ser acogida. Es jurisprudencia reiterada y constante de esta Sala que la existencia o inexistencia de antecedentes penales no da una respuesta automática a la pregunta acerca del cumplimiento del requisito de la buena conducta cívica, exigido por el art. 22.4 CC para la concesión de la nacionalidad española por residencia. Es perfectamente posible, dependiendo de las circunstancias del caso, que una persona sin antecedentes penales deba considerarse carente de buena conducta cívica, y viceversa que haya de tenerse por satisfecho este requisito en una persona con antecedentes penales. Todo depende de la gravedad de los hechos delictivos por los que se haya sido condenado y del comportamiento posterior del interesado, por no mencionar el dato de que buena conducta cívica es algo más que no haber delinquido>>. Y, en fin, en Sentencia de 23 de marzo de 2009 (recurso de casación no 3002/2006) y la Sentencia que se cita 7 de febrero de 2006 (recurso de casación no 5679/01) se indica que <<esas mismas sentencias dejan señalado que la cancelación de antecedentes penales no es suficiente para dar por acreditado ese requisito de la buena conducta cívica. En este línea se han expresado otros pronunciamientos posteriores, como la sentencia de 7 de febrero de 2006 (casación 5679/01)>>".

STS de 4 de abril de 2011 "aun cuando la condena penal impuesta en su día al interesado constituía un inicial obstáculo para la apreciación de esa buena conducta cívica, ese obstáculo puede entenderse superado por datos positivos suficientemente acreditados, como el carácter puntual y aislado del delito cometido, la no reiteración de conductas infractoras, la lejanía de aquellos hechos y la cancelación de los antecedentes penales correspondientes, así como su prolongada, plena y pacífica integración familiar y social en España.”

STS de 29 de abril de 2011 "aun cuando la condena penal impuesta a la solicitante constituía un inicial obstáculo para la apreciación de esa buena conducta cívica, ese obstáculo puede entenderse superado por la escasa entidad de los hechos imputados y por la propia levedad de la condena impuesta (dos días de arresto por cada una de las dos faltas por las que se le condenó), así como por la distancia temporal entre aquellos hechos y la fecha en que se solicitó la nacionalidad española, más aún si se tiene en cuenta que no constan ni se han invocado por la Administración cualesquiera otros datos desfavorables en su contra[...]”, apuntándose también que “constan en el expediente distintos certificados (de la Asociación pro inmigrantes de Asturias o de la Fundación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón) que dejan constancia de su buena conducta ciudadana, y que ha asistido con aprovechamiento a un curso de alfabetización para extranjeros, de quinientas horas de duración organizado por el mismo Ayuntamiento.”

STS de 30 de mayo de 2011 "La condena penal impuesta al recurrente no trae causa de hechos leves o intranscendentes, y además es coetánea a la solicitud de nacionalidad. Se alza, pues, dicha condena, como un obstáculo relevante para la apreciación de la buena conducta cívica requerida para la obtención de la nacionalidad española; y esta conclusión se refuerza aún más si se tiene en cuenta que no ha aportado aquel datos positivos de suficiente entidad como para prescindir de aquella condena y llegar a la conclusión contraria (al margen de su breve residencia legal en España, en el expediente administrativo sólo consta su documentación personal y laboral, y en el curso del proceso no aportó ningún medio de prueba). No cabe oponer a cuanto acabamos de decir la cancelación de los antecedentes penales.[...]".

STS de 22 de julio de 2011 "La condena penal impuesta al recurrente no trajo causa de hechos leves o intranscendentes, y además fue coetánea a la tramitación del expediente de nacionalidad. Se alza, pues, dicha condena como un obstáculo relevante para la apreciación de la buena conducta cívica requerida para la obtención de la nacionalidad española, que puede ser perfectamente tomado en consideración para denegar con base en él la nacionalidad pretendida, aun tratándose de un hecho aislado y no repetido en el tiempo, pues de otro modo se llegaría al resultado absurdo de que conductas delictivas como la aquí concernida resultarían irrelevantes a la hora de la concesión de la nacionalidad española si no se hubieran cometido otros delitos con posterioridad (en este sentido, STS de 9 de mayo de 2011, RC 2607/2008). Y esta conclusión se refuerza aún más si se tiene en cuenta que no ha aportado aquel datos positivos de suficiente entidad como para prescindir de aquella condena y llegar a la conclusión contraria (pues los datos familiares y académicos a que hace referencia el recurrente pueden ser indicativos de su integración social -que la Administración no ha discutido-, pero no resultan trascendentes para la apreciación de la buena conducta cívica exigida a estos efectos).”
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