Defensa de los derechos de propiedad intelectual

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Defensa de los derechos de propiedad intelectual
La propiedad intelectual plantea intento de controlar aquello que es intangible por su propia naturaleza, como son las manifestaciones creativas del intelecto.

Nuestra legislación protege con acciones y procedimientos los supuestos de infracción de los derechos exclusivos de explotación, pero también ampara y comprende los derechos morales, y aquellos actos de desconocimiento de los derechos de remuneración. La protección abarca un amplio campo, otorgándose tanto si los citados derechos corresponden al autor, a un tercero adquirente o a los titulares de los derechos conexos.

En todo caso, resulta útil solicitar una valoración profesional previa de las particularidades del caso concreto y obtener el consejo sobre la eficacia o no de iniciar las correspondientes acciones. En todo caso, nuestro equipo ofrece un servicio para luchar contra el uso prejudicial de sus activos intangibles y defender sus derechos en función de sus intereses.

i. Acciones civiles

La Ley de Enjuiciamiento Civil regula una serie de acciones que se ejercitan a través del llamado procedimiento ordinario. El titular de los derechos podrá, por la vía civil, instar el cese de aquellas actividades que atenten contra los mismos y exigir la oportuna indemnización por los daños causados, tanto económicos como morales. La misma ley, junto con así como la Ley Orgánica Poder Judicial, encomiendan a los juzgados de lo mercantil la tarea de tramitar los asuntos atinentes a la defensa de los derechos de propiedad intelectual.

En aquellos casos en que el perjuicio pudiera agravarse por la duración de un proceso y fuera necesario proteger los derechos con carácter urgente, podrá solicitarse la adopción de medidas cautelares de forma previa al inicio de actuaciones judiciales.

Las medidas dependerán del caso en concreto, pudiendo adoptarse entre otras: la intervención de los ingresos que se hayan obtenido con la actividad ilícita, la suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, según los casos, el secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado exclusivamente para la reproducción o comunicación pública o el embargo de los equipos, aparatos y materiales utilizados.


En caso de existir perjuicio económico llevaremos a cabo el ejercicio de las oportunas acciones para obtener la consiguiente indemnización, pudiendo optar el perjudicado entre percibir el importe del beneficio que el infractor hubiese obtenido o el de la remuneración que hubiera percibido si hubiese consentido la explotación. En el caso de que tengan lugar daños morales, el importe de la indemnización se calculará partiendo de las circunstancias en que se produjo la infracción, la gravedad de la lesión producida y el grado de difusión de la obra.


La acción para reclamar los daños y perjuicios prescribe a los cinco años desde que el interesado pudo ejercitarla.

ii. Acciones penales

El Código Penal tipifica los delitos contra la propiedad intelectual en sus artículos 270 a 272, encuadrando diversos delitos: El delito de vulneración de los derechos de autor y propiedad intelectual, el plagio o copia de obras de todo tipo (libros, pintura, partituras, etc.), el plagio de obras científicas, el plagio de programas de ordenador y el plagio de fotografías. La ley de propiedad intelectual resulta sin duda aplicable ya que completa algunos aspectos de los tipos penales, y siempre que tal complementación sin alterar ningún aspecto de la descripción típica, sino para llenar sus vacíos o aprovechar definiciones legales.

El orden jurisdiccional penal confía la protección de estos derechos a los juzgados de lo penal, en lo que se refiere al enjuiciamiento, y a los de instrucción en el ámbito de la investigación de los hechos.

En cuanto a las medidas cautelares, podrán adoptarse las procedentes en procesos civiles, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, teniendo en cuenta que estas medidas no impedirán la adopción de cualesquiera otras establecidas en la legislación procesal penal.

Con la reforma del Código Penal, mediante la Ley Orgánica 1/2015, se introdujeron importantes cambios en el régimen de los delitos contra la Propiedad Intelectual. Estos están encaminados, por un lado a mejorar la protección de este tipo de derechos, y por otro, a adecuar la respuesta penal a la gravedad que en cada caso tenga la infracción cometida.

iii. Acciones contencioso-administrativas

La tutela contencioso-administrativa se circunscribe al ejercicio de acciones para la impugnación de determinados actos de las Administraciones Públicas. Se trata de una vía que ha ganado importancia con la aprobación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y su polémica D. Final 43ª (Ley Sinde). Atribuye nuevas competencias a la Comisión de Propiedad Intelectual y a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de los servicios de la sociedad de la información, autorizando la ejecución de los actos adoptados por la Sección 2ª de la Comisión de Propiedad Intelectual (art. 158 LPI).

iv. Especial mención a Piratería y Aduanas.

Estamos ante aquellos casos en se hace un uso no autorizado de sobras obviando los esfuerzos legítimos llevados a cabo por los titulares de derechos y causando un daño evidente para sus intereses y para el público en general. Con el paso del tiempo se ha tomado mayor conciencia al respecto, este nuevo enfoque ha llevado a promover nuevas medidas como creación del Observatorio Europeo de las vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual que tiene su sede en Alicante y que proporcionará herramientas muy valiosas para hacer frente al tráfico de este tipo de productos.

En esta materia se podrán llevar a cabo acciones tanto civiles como penales, así como la posibilidad de solicitar cualquiera de las medidas previstas en el Reglamento 608/2013 ante las autoridades aduaneras para bloquear la importación ilegal de este tipo de bienes en la Unión Europea.
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