Abdominoplastia mal hecha

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Abogados expertos en reclamación de indemnización por negligencia medica en abdominoplastia mal hecha
Mala praxis abdominoplastia
La abdominoplastia es una operación consistente en la eliminación del exceso tanto de piel como de grasa abdominal. Con ella se consigue la corrección de la flacidez muscular.

Abdominoplastia mal hecha
Si usted se ha operado recientemente de abdominoplastia y no ha quedado satisfecho con el resultado, considerandola mal hecha, nuestro equipo de abogados expertos en negligencias puede ayudarle a entender si pudiera haber sido víctima de una negligencia médica en dicha intervención.

La abdominoplastia es una operación consistente en la eliminación del exceso tanto de piel como de grasa abdominal. Con ella se consigue la corrección de la flacidez muscular.

Suelen operarse de ella pacientes que han sufrido sobrepeso y después han recuperado la línea o mujeres que han tenido varios embarazos, buscando ambos casos un abdomen más plano y una cintura más estrecha.

Esta operación, al igual que la mayoría de operaciones de estética, se realiza bajo anestesia general mediante una incisión que va desde la parte superior del vello pubiano hasta las caderas del paciente. De este modo se libera piel del abdomen y, en los casos en los que se considera necesario, se refuerzan con suturas los músculos abdominales. La misma finaliza con una extirpación de la piel sobrante.

Después de la misma, el paciente debe llevar una faja especial y un vendaje. Las cicatrices desaparecen con el paso del tiempo, aunque en algunos casos es preciso realizar una revisión cicatricial con anestesia local.

Aunque se trata de una operación a priori sencilla, pueden aparecer complicaciones tras la misma como la necrosis de la piel situada encima del pubis, requiriendo por lo tanto un tratamiento postoperatorio más largo. Igualmente pueden aparecer seromas o hematomas que requieran evacuación.

Jurisprudencia reciente sobre negligencias médicas en abdominoplastia.


El Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Madrid condena al Centro de Estética S. a indemnizar a P.B.L con 140.000 euros más intereses y costas. La mujer se sometió en la citada clínica a una cirugía, en el año 2007.

Se practicó una lipodistrofia, una abdominoplastia, una mastopexia, un relleno facial y una liposucción.

En el fallo de la sentencia el tribunal condena al facultativo por mala praxis, en base a las pruebas periciales obtenidas, y por un deficiente consentimiento informado, recogiendo el mismo que podría entenderse que "no hubo un consentimiento informado adecuado".

Otro caso relativo al consentimiento informado es enjuiciado por el Juzgado de Primera Instancia nº6 de Madrid. La misma condena a un cirujano que operó en 2002 a una mujer gallega para corregirle una cicatriz del labio superior. En la sentencia se recoge que la paciente fue operada "sin consentimiento informado, lo que le ha provocado una serie de daños y perjuicios, así como complejos tratamientos posteriores".

En el fallo, el juez afirmó que en determinados casos de operaciones estéticas, siendo este uno de ellos, "el deber de informar es más exhaustivo", no solo abarcando las posibilidades de fracaso de la intervención sino también el tratamiento de forma concreta, anestesia, duración de la misma, periodo de recuperación etc.

El Juzgado de Primera Instancia nº 59 de Madrid estima hace escasos meses una demanda presentada en representación de una mujer que tras someterse a una liposucción con una abdominoplastia sufrió secuelas irreversibles.

La paciente sufría una lipodistrofia severa en abdomen y cuello, con atrofia en miembros superiores e inferiores, tras muchos años de estar sometida a tratamiento para el sida. Acudió a la Clínica M. para conocer las posibilidades de éxito de la intervención y los resultados que obtendría tras la misma.

Inicialmente se sometió a una liposucción, tras la cual el resultado no fue el esperado pero sólo surgieron pequeñas molestias. A los tres meses de la misma la paciente presentaba las siguientes secuelas; grasa persistente en abdomen, deformidad externa a la inspección y tumoraciones múltiples entre la piel y la pared abdominal.

Posteriormente, en septiembre de 2001, se sometió, tal y como habían acordado previamente, a la abdominoplastia. La misma se trataba de una abdominoplastia completa con transposición del ombligo. Después de la misma, se produjo una necrosis cutánea de la zona periumbilical. A día de hoy la paciente sufre dos grandes cicatrices que conectan con el ombligo, la cicatriz derecha mide 23 cm y la izquierda aproximadamente 25. También sufre excesos de grasa sobre las mismas y en la zona púbica.

La Sala ha determinado que, dado que la mujer se presentó de forma voluntaria para ser intervenida por el facultativo y mejorar su aspecto físico, estamos ante una operación de medicina satisfactiva o estética. La principal característica de esta rama de la medicina es que, antes de las operaciones, el paciente firma un contrato con la clínica en el que recoge cómo será el resultado final.

Una vez de acuerdo con el mismo, paga un precio también previamente pactado. El Juez, en base a esto, indica que las secuelas que la clienta presenta dejan ver que la intervención no fue realizada con éxito ya que este no era el resultado esperado, ya que además de seguir teniendo acumulaciones de grasa presenta grandes cicatrices.

Centrándonos ahora en las intervenciones realizadas, la Sala ha seguido el informe pericial para elaborar su fallo, en el que se indica que “el hecho de que el Dr. (…) ya apreciase en ese momento un exceso de piel suficiente como para indicar la necesidad de realizar una dermolipectomia que finalmente se realizó, me hace pensar que cabe la posibilidad de que la paciente se hubiese beneficiado desde el inicio de la realización de una dermolipectomía asociada a liposucción y que la liposucción abdominal de manera aislada fuese una indicación insuficiente para el caso que presentaba la paciente”. Del mismo podemos entender que no fue una buena elección el tratamiento al que se sometió, debiendo haber sido una demorlipectomía ya que éste es utilizado no sólo para excesos de grasa sino también para excesos de piel, tal y como sucede en el caso.

Entrando en la valoración de secuelas, el perito judicial afirma que las cicatrices derivadas de la abdominoplastia no se encuentran en el lugar habitual sino que empiezan más arriba, siendo por tanto bastante más altas y más visibles.

En base a todo lo anteriormente expuesto la Sala confirmó la existencia de mala praxis por parte de los doctores que atendieron a la afectada.

Por otro lado también se estima la existencia de la falta de información que alega la afectada, considerándose que existe una grave infracción del deber de información ya que la clínica no ha podido demostrar que la clienta estuviese al tanto de la existencia de dos técnicas;

Por un lado podía optar por liposucción y abdominoplastia y por otro podía elegir la dermolipectomía si optaba por la liposucción aislada, siendo esta menos agresiva. Tampoco fue informada de los posibles riesgos de cada una ya que los dibujos existentes en la historia clínica sólo hacían una descripción gráfica de las áreas que serían intervenidas.

Por todo ello, la Sala condenó al Centro M. al pago de 39.821 euros, incluyendo dentro de esta suma una nueva operación que solucione las secuelas que actualmente sufre.

El Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Madrid condena a un cirujano por las cicatrices y secuelas sufridas por una paciente que acudió al mismo para mejorar su aspecto tras haber sido sometida a una cesárea. La paciente se practicó una abdominoplastia y una liposucción el 19 de mayo del 2000 en el Hospital P.

Esto le supuso un gasto de 300.000 pesetas, como pago al cirujano, y 500.000 pesetas como pago al hospital. Antes de someterse a la misma, firmó una hoja de consentimiento informado en la que se le indicaba el procedimiento a seguir, los efectos, los riesgos etc.

Tras la misma, los efectos no fueron los esperados ya que quedó una cicatriz de 27cm de largo y 2cm de ancho. Asimismo era palpable un bulto compatible con granuloma, que posteriormente tuvo que ser intervenido por la Seguridad Social.

De acuerdo con el informe pericial, no consta en el expediente ningún documento escrito que señale la naturaleza y procedimientos propuestos, ni sobre resultados, ni sobre prácticas alternativas al procedimiento, ni complicaciones frecuentes, así como tampoco se hace referencia a la aparición del granuloma que posteriormente se operó.

Dado que las expectativas de la paciente no fueron las esperadas, ni cumplidas, el Tribunal condenó al cirujano al pago de una indemnización de 41.801 euros a favor de la clienta fallando que las secuelas han sido incluso peores que las que presentaba la paciente por una cesárea anterior.

El Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Badajoz condena a un médico de Badajoz, especialista en Cirugía Plástica (Dr. C.P.), al pago de una indemnización de 20.395 euros a favor de Doña M. J. R., quien se había practicado un aumento de mamas y abdominoplastia en noviembre de 2008.

El juez estima las pretensiones de la demandante acordando una indemnización por daños patrimoniales, morales y perjuicios soportados. Recoge la Sentencia que el resultado de la intervención fue desastroso. El facultativo eligió mal la técnica ya que la clienta no tenía un abdomen graso, sino la piel abdominal distendida debido a varias gestaciones.

A raíz de esta mala elección, Doña M. J. R sufrió unas cicatrices antiestéticas de imposible reparación. A pesar de su insistente paso por quirófano en 2009 y 2010, las mismas siguen siendo muy visibles e imposibles de cubrir con el bikini.

El juzgador también alega que la paciente firmó documentos de consentimiento informado impersonales, genéricos y no adaptados a su operación de forma concreta. Afirma la sentencia que puede que la paciente, de haber sabido la magnitud de la posible cicatriz, hubiera decidido no ser intervenida.

Un juzgado de Primera Instancia, el número 16 de Madrid, falla a favor de la indemnización pedida por la clienta damnificada, 140.000 euros.

Se trata de una mujer murciana, enferma de sida, que decidió practicarse una abdominoplastia y una liposucción en brazos, espalda, con resultado altamente desfavorable. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), sede en Sevilla, condena al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con 150.000 euros al padre de una joven fallecida como consecuencia de operación en el ombligo conocida como abdominoplastia.

La joven decidió someterse a la abdominoplastia, en fecha 4 de julio de 2002, para reparar unas cicatrices abdominales causadas por dos intervenciones de laparosquisis. La sentencia declara la responsabilidad patrimonial del SAS basando su argumentación en que la paciente no fue informada de manera clara acerca de los riesgos de la operación; también alega mala praxis en su ejecución. Tras realizarse la intervención, la herida se cerró con puntos de sutura perforando uno de ellos el asa del intestino delgado, ocasionado la entrada de la sustancia contaminante en el interior.

Al día siguiente la joven al presentaba un fuerte dolor abdominal y fiebre, y tras un examen ecográfico, tuvo que ser intervenida nuevamente. En esta segunda operación observaron que sufría peritonitis por perforación del asa del intestino delgado.

Este error evolucionó hacia un estado séptico y síndrome de respuesta inflamatoria, requiriendo por ello ventilación mecánica. Finalmente, a causa de un fallo respiratorio, la joven murió el 25 de julio de 2002. En un primer momento, el fallo condenaba al facultativo como autor de una falta de imprudencia simple leve, en una segunda instancia la Audiencia Provincial le absolvió.

El TSJA finalmente alega que la rotura del asa intestinal a consecuencia de la intervención es un hecho indiscutible y que precisamente ello constituye un riesgo típico cuando existen cicatrices adheridas. Este extremo no fue comprobado con las pertinentes pruebas, pese a ser algo frecuente.

Por otro lado, la joven antes de ser intervenida no padecía enfermedad pulmonar alguna «y está acreditada la aparición de una sepsis de origen adbdominal así como un fallo multiorgánico secundario a una peritonitis», afirma el fallo, concluyendo el mismo con una clara relación y nexo causal entre la operación y la causa de muerte de la joven.

El Juzgado de Primera Instancia nº 18 de Madrid condenada a una clínica privada que, a causa de deficiencias organizativas, complicó el periodo postoperatorio de una liposucción. La sentencia concluye del siguiente modo "el centro sanitario no contaba con reserva de sangre" para subsanar "la perforación de una vena durante la intervención quirúrgica".

La demandada suscribió un contrato con la clínica para practicarse una liposucción de caderas, trocanteras, cara interna, subglúteos y una abdominoplastia.

Firmó los documentos de consentimiento informado donde constaban la descripción de las intervenciones quirúrgicas, los riesgos y los tratamientos alternativos. De igual modo, el cirujano le comunicó que no debía fumar el día antes de la operación. Llegado el día de la intervención, ésta le comunica al facultativo que había fumado entre 25 y 30 cigarrillos la tarde anterior.

A consecuencia de ello, el cirujano practicó solamente la liposucción posponiendo la abdominoplastia. Tras la intervención se observó "sangrado venoso en el flanco izquierdo y se comprobó que la hemoglobina era normal". Horas después la clienta sufría un hematoma considerable en el flanco izquierdo.

"El origen fue una perforaciónde un vaso arterial, por lo que se decidió hacer una transfusión de sangre".

La sentencia recoge que "el problema surge cuando la clínica privada no contaba con reserva de sangre y aunque se intenta conseguir no es posible", "sin dicha reserva la intervención quirúrgica era muy arriesgada", viniendo a concluir el fallo que "lo más adecuado era avisar al Summa112 y trasladar a la paciente a un centro hospitalario público donde se realizó la operación con éxito y el riesgo quedó solventado".

Por tanto, "es cierto que la reclamante estuvo en situación de riesgo vital cuando ello no era una consecuencia de la intervención quirúrgica ni de la complicación, sino de la falta de sangre para transfundir y de la demora como consecuencia de lo anterior para realizar una nueva operación con el fin de detener el sangrado", pero "la clínica debió poner a disposición de los médicos todos los medios necesarios y no lo hizo".

El juzgado considera oportuno indemnizar a la reclamante con 6.000 euros por "el daño moral sufrido al ponerse en riesgo su vida, que era totalmente desproporcionado teniendo en cuenta que la operación a la que se sometía era una liposucción", añadiendo que "la entidad deberá devolver el precio pagado por la paciente de 4.786,25 euros que adelantó para que le practicaran la abdominoplastia".

No hay quejas en lo que al consentimiento informado se refiere ya que "la paciente fue suficientemente informada de una forma escrita y expresiva de la operación que se iba a realizar así como de sus riesgos, incluidos los de la anestesia".

Tampoco se observa mala praxis ya que "aunque hubo laceración de una vena pero se trataba de una complicación tipificada como un riesgo posible". Los informes periciales aclaran que "Aunque no es habitual una complicación de este tipo en una liposucción, ésta se produjo de modo accidental".

El juzgado de Primera Instancia nº 6 de Madrid condena a un cirujano plástico al pago de una indemnización de 120.000 euros a una paciente que sufre psíquicas y físicas derivadas de una abdominoplastia.

La sentencia alega que la demandante acudió en 2002 al Hospital R.S donde consideraron la necesidad de intervenirla como posible tratamiento coadyuvante a la incontinencia urinaria que padecía. Después de ser observada, se inscribió en su historial que padecía incontinencia urinaria, nódulo tiroideo, tratamiento psiquiátrico, obesidad moderada y que era fumadora.

En marzo de 2003 firmó la hoja de consentimiento informado decidida a operarse, aceptando someterse a una dermolipectomía.

Dos meses más tarde valorar su caso y deciden que se someta a abdominoplastia, constando sus antecedentes en el historial de 2002. Se le practicó un análisis, que reflejaba anemia, y fue intervenida en septiembre de 2003.

El día que fue operada se le realizó otro análisis que confirmaba una anemia a niveles muy altos y perdió mucha sangre, precisando incluso trasfusiones. Un mes más tarde tuvo que ser ingresada en el citado hospital ya que presentaba una herida abierta, signos de infección y necrosis. A consecuencia de esto vuelve a ser intervenida y recibe el alta en noviembre.

En su fallo el juez considera que el tratamiento quirúrgico estaba contraindicado ya que existían otras prioridades. Además, recoge en el mismo que el médico no valoró de forma razonada el estado de salud preexistente de la paciente, considerando como muy arriesgada la cirugía elegida.


El Servei Català de la Salut (Catsalut) deberá indemnizar con 80.000 euros a una paciente que sufrió graves secuelas tras ser sometida a una intervención estética de abdominoplastia en el Hospital S. J. R. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Barcelona resuelve el recurso administrativo estimando la reclamación realizada por la demandante, C.B.R.

La paciente decidió someterse a una abdominoplastia para corregir un defecto estético que había sufrido tras un tratamiento con banda gástrica por obesidad.

Una vez practicada, presentó intolerancia a los puntos de sutura, con pérdida de ombligo y eventraciones múltiples, llevándole esto a requerir sucesivas intervenciones que le han causado secuelas estéticas y funcionales. La sentencia se fundamenta en que, al ser una operación exclusivamente estética, el consentimiento informado debería haber sido mucho más exhaustivo y la demandante debía haber sido informada de manera escrita de los riesgos de la misma y de los posibles efectos adversos. El fallo, a favor de la demandante, considera la información "defectuosa por inexistente"

Si usted se ha practicado una abdominoplastia a través su entidad aseguradora y no está seguro de hasta dónde tiene que responder la misma, su respuesta está en la Sentencia del Tribunal Supremo, de 4 junio 2009, en la que se recoge textualmente lo siguiente: "...La responsabilidad de las entidades de seguros de asistencia sanitaria por una mala praxis de los facultativos, personal sanitario o Centros médicos, tal y como señala la sentencia de 4 de diciembre de 2007 , ha venido reconociéndose o rechazándose por la jurisprudencia de esta Sala en función de diversos criterios aplicados, alternativa o combinadamente, en atención a las circunstancias de cada caso: (a) Responsabilidad por hecho ajeno dimanante de la existencia de una relación de dependencia contemplada en el artículo 1903 I y IV C. La existencia de una relación de dependencia no parece ofrecer duda en aquellos supuestos en los cuales la relación de los médicos con la aseguradora de asistencia médica es una relación de naturaleza laboral.

Sin embargo, en la mayoría de los casos esta relación es la propia de un arrendamiento de servicios entre la entidad aseguradora y el prestador sanitario, según la califica habitualmente la jurisprudencia ( SSTS de 12 febrero 1990 ; 10 de noviembre de 1999 ).

El hecho de que los facultativos presten sus servicios con total libertad de criterio, de acuerdo con sus conocimientos científicos y técnicos, sin interferencias de las aseguradoras, supone que en principio responde por sí mismo -siempre que reúna las cualidades adecuadas y por ello deba estimarse correctamente seleccionado por parte del empresario; y siempre que éste no ejerza una función de control sobre su actividad-, por lo que en alguna de estas sentencias se contempla algún elemento adicional, como el hecho de la elección directa del médico por la aseguradora.

(b) Responsabilidad derivada de naturaleza contractual que contrae la entidad aseguradora de la asistencia médica frente a sus asegurados, basada normalmente en asumir, más o menos explícitamente, que la aseguradora garantiza o asume el deber de prestación directa de la asistencia médica ( SSTS de 4 de octubre de 2004 ; 17 de noviembre de 2004 ), con apoyo en los precedentes históricos del contrato de seguro de asistencia médica, pues en las mutuas e igualas no existía separación entre la gestión del seguro y la prestación de la asistencia médica, y en el hecho de que el artículo 105 de la Ley de Contrato de Seguro establece como característica del seguro de asistencia sanitaria, frente al seguro de enfermedad o de reembolso, la circunstancia de que "el asegurador asume directamente la prestación de servicios médicos y quirúrgicos".

(c) Responsabilidad sanitaria con base en la llamada doctrina o principio de apariencia, o de los actos de publicidad que se integran en el contenido normativo del contrato con arreglo a la legislación de consumidores ( STS 2 de noviembre 1999 : el seguro se contrató en atención a la garantía de la calidad de los servicios que representa el prestigio de la compañía, con lo que sus obligaciones abarcan más allá de la simple gestión asistencial, y también en la STS de 4 de octubre de 2004 , en la que se toma en consideración que se garantizaba expresamente una correcta atención al enfermo).

En todos estos casos, los médicos actúan como auxiliares de la aseguradora y en consecuencia corresponde a ésta la responsabilidad de la adecuada prestación a que se obliga a resultas del contrato frente al asegurado, dado que la actividad de los auxiliares se encuentra comprometida por el deudor según la naturaleza misma de la prestación.

La garantía de la prestación contractual se tiene en cuenta, pues, como criterio de imputación objetiva, cuando aparece que la posición de la compañía no es la de mero intermediario, sino la de garante del servicio.

Desde esta perspectiva, la responsabilidad de la aseguradora tiene carácter contractual, pero no excluye la posible responsabilidad del profesional sanitario frente al paciente con carácter solidario respecto a la aseguradora y sin perjuicio de la acción de regreso de ésta contra su auxiliar contractual.

(d) Responsabilidad derivada de la existencia de una intervención directa de la aseguradora en la elección de los facultativos o en su actuación ( STS 2 de noviembre de 1999 ).

Este tipo de responsabilidad opera en el marco de la relación contractual determinante de una responsabilidad directa de la aseguradora, pero no es infrecuente la referencia a las disposiciones del Código Civilque regulan la responsabilidad por hecho de otro en el marco de la extracontractual.

La sentencia de 21 de junio de 2006 parte del hecho de que la comadrona estaba incluida en el cuadro facultativo de la aseguradora, y otras, más numerosas, de las Audiencias Provinciales, suelen considerar suficiente la inclusión del facultativo en el cuadro médico de la aseguradora para inferir la existencia de responsabilidad por parte de ésta derivada de la culpa in eligiendo.

Resulta indudable que el examen de las circunstancias de cada caso concreto es ineludible para concretar si la inclusión en el cuadro médico comporta el establecimiento de una relación de dependencia o auxilio contractual con la aseguradora.

(e) Responsabilidad en aplicación de la Ley de Consumidores y Usuarios (artículos 26 y 28 , en la redacción anterior al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre). Según la más reciente jurisprudencia, dada su específica naturaleza, este tipo de responsabilidad no afecta a los actos médicos propiamente dichos, dado que es inherente a los mismos la aplicación de criterios de responsabilidad fundados en la negligencia por incumplimiento de la lex artis ad hoc.

Por consiguiente, la responsabilidad establecida por la legislación de consumidores únicamente es aplicable en relación con los aspectos organizativos o de prestación de servicios sanitarios, ajenos a la actividad médica propiamente dicha ( SSTS de 5 de febrero de 2001 ; 26 de marzo de 2004 ; 17 de noviembre de 2004 ; 5 de enero de 2007 y 26 de abril de 2007).”

Si usted ha sido intervenido de abdominoplastia en un hospital público, reclamando por tanto ante la administración pública, debe conocer cómo hacerlo y qué requisitos se deben dar en su caso para que éste prospere. Desde el equipo de ABOGANEGLIGENCIA podemos ayudarle a solventar su problema pero debe tener en cuenta algunos factores como los que a continuación enumeraremos.

Tal y como recoge la Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de enero de 2012, “conforme a lo establecido en el art. 139 LRJAPAC:

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.

c) Ausencia de fuerza mayor.

d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su propia conducta. La jurisprudencia de esta Sala (por todas la STS de 1 de julio de 2009, recurso de casación 1515/2005 y las sentencias allí recogidas) insiste en que "no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la actuación administrativa".

Conforme a reiterada jurisprudencia ( STS de 25 de septiembre de 2007, rec. casación 2052/2003 con cita de otras anteriores) para la existencia de responsabilidad patrimonial por parte de la administración, es necesario que exista antijuridicidad en el resultado y nexo causal que vincule el resultado dañoso con el servicio prestado por la entidad pública.

Como último apartado, hablaremos de la importancia del consentimiento informado y de los efectos que se pueden derivar de la falta de información. Este tema fue extensamente abordado en la STS de 4 de marzo de 2011, recogiendo la misma lo siguiente " están especialmente vinculados a la clase de intervención: necesaria o asistencial, voluntaria o satisfactiva, teniendo en cuenta las evidentes distinciones que la jurisprudencia de esta Sala ha introducido en orden a la información que se debe procurar al paciente, más rigurosa en la segunda que en la primera dada la necesidad de evitar que se silencien los riesgos excepcionales ante cuyo conocimiento el paciente podría sustraerse a una intervención innecesaria o de una necesidad relativa.

Tienen además que ver con distintos factores: riesgos previsibles, independientemente de su probabilidad, o porcentaje de casos, y riesgos desconocidos por la ciencia médica en el momento de la intervención ( SSTS 21 de octubre 2005 - cicatriz queloidea-; 10 de mayo 2006 -osteocondroma de peroné-); padecimiento y condiciones personales del paciente ( STS 10 de febrero 2004 -corrección de miopía-); complicaciones o resultados adversos previsibles y frecuentes que se puedan producir, sean de carácter permanente o temporal, incluidas las del postoperatorio ( SSTS 21 de diciembre 2006 - artrodesis-; 15 de noviembre 2006 - litotricia extracorpórea-; 27 de septiembre 2010 - abdominoplastia-; 30 de junio 2009 - implantación de prótesis de la cadera izquierda-); alternativas terapéuticas significativas ( STS 29 de julio 2008 -extirpación de tumor vesical-); contraindicaciones; características de la intervención o de aspectos sustanciales de la misma ( STS 13 de octubre 2009 -Vitrectomía-); necesidad de la intervención ( SSTS 21 de enero 2009 - cifoescoliosis-; 7 de marzo 2000 -extracción de médula ósea-), con especialidades muy concretas en los supuestos de diagnóstico prenatal ( SSTS 21 de diciembre 2005 y 23 de noviembre 2007 -síndrome de down-).

Todas estas circunstancias plantean un doble problema: en primer lugar, de identificación del daño: corporal, moral y patrimonial; en segundo, de cuantificación de la suma indemnizatoria, que puede hacerse de la forma siguiente: (i) Por los totales perjuicios causados, conforme a los criterios generales, teniendo en cuenta el aseguramiento del resultado, más vinculado a la medicina necesaria que a la curativa, pero sin excluir esta; la falta de información y la probabilidad de que el paciente de haber conocido las consecuencias resultantes no se hubiera sometido a un determinado tratamiento o intervención.

(ii) Con el alcance propio del daño moral, en razón a la gravedad de la intervención, sus riesgos y las circunstancias del paciente, así como del patrimonial sufrido por lesión del derecho de autodeterminación, integridad física y psíquica y dignidad.

(iii) Por la perdida de oportunidades o de expectativas, en las que no se identifica necesariamente con la gravedad y trascendencia del daño, sino con una fracción del daño corporal considerado en su integridad en razón a una evidente incertidumbre causal sobre el resultado final, previa ponderación de aquellas circunstancias que se estimen relevantes desde el punto de vista de la responsabilidad médica (gravedad de la intervención, virtualidad real de la alternativa terapéutica no informada; posibilidades de fracaso)."

Aunque la abdominoplastia no es una intervención complicada, cada vez es más frecuente que los pacientes demanden a los facultativos por mala praxis en la misma. Si usted ha sufrido una mala operación y no está conforme con el resultado creyendo que es victima de una abdominoplastia mal hecha, puede contactar con nosotros llamándonos por teléfono o rellenando el formulario y en la mayor brevedad posible nos pondremos en contacto con usted para ayudarle a entender como proceder a la defensa de cada uno de sus derechos.
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