Lex artis ad hoc

Incumplimiento de la Lex artis ad hoc en medicina

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Abogados expertos en vulneraciones e incumplimientos de la lex artis ad hoc en el ámbito medico-sanitario
La lex artis ad hoc como buena practica medica
La lex artis ad hoc consiste en la buena practica o estado del saber en relación a un asunto médico para un paciente concreto en unas circunstancias concretas y constituye el parámetro que permitirá deslindar aquellos casos en los que el paciente no tiene el deber jurídico de soportar el daño de aquellos en los que sí lo tiene, no pudiéndose predicar la antijuridicidad del daño sufrido.
Lex artis ad hoc
El concepto de lex artis ad hoc se identifica con el "estado del saber", considerando, en consecuencia, como daño antíjurídico aquel que es consecuencia de una actuación sanitaria que no supera dicho parámetro de normalidad.

En cuanto que lex, Se constituye así como un criterio de valoración, un baremo, o norma protocolizada que viene a calibrar la diligencia debida. la técnica prevista, el cuidado y precisión exigible derivada del arte y especialidad del autor, en todo acto o tratamiento médico.

El apellido ad hoc hace referencia a el paciente y en su caso, y peculiaridades propias, con sus condicionantes y matices endógenos personalísimos. En las circunstancias concretas y complejas de ese supuesto y caso concreto con la trascendencia vital que en esa actuación médica tenga.

Esta misma personalización se refiere al elemento temporal dado que por definición este estado del conocimiento es cambiante en relación al propio progreso médico de la medicina.

En este sentido, el art. 141.1 de la Ley 30/1992 establece que no son indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia médica o de la técnica existentes en el momento de producción de los mismos.

Sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos supuestos.

Vulneración por médico de la Lex artis ad hoc como condicionante de negligencia médica.


En la práctica diaria de las negligencias médicas, la buena practica médica constituye el parámetro que permitirá deslindar aquellos casos en los que el paciente no tiene el deber jurídico de soportar el daño de aquellos en los que sí lo tiene por ser riesgos inherentes de la actuación, no pudiéndose predicar la antijuridicidad del daño sufrido.

Si se ha respetado ésta buena praxis médica, por parte de los servicios públicos sanitarios no procede proclamar la responsabilidad patrimonial. Y es que existe en estos casos un título que le obliga al paciente a soportar el daño, so pena de incurrir en un despropósito tal que determinará, lisa y llanamente, que se le exija a la Administración garantizar siempre la curación del paciente.

Tal doctrina es plenamente coincidente con la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Así, a título meramente ilustrativo, puede citarse la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2011, que manifiesta:

“A ello debe unirse la muy consolidada línea jurisprudencial mantenida por el Tribunal Supremo, según la cual, en las reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la "lex artis" como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente.

Así pues, sólo en el caso de que se produzca una infracción de dicho estado del saber responde la Administración de los daños causados.

En caso contrario, cuando se actúe conforme a un cumplimiento formal de los protocolos que marca la ciencia médica, dichos perjuicios no son imputables a la Administración o empresa privada prestadora del servicio y no tienen la consideración de antijurídicos por lo que deben ser soportados por el perjudicado.

De la misma forma es por ello definitivo que este criterio es un criterio de normalidad de los profesionales que permite valorar la corrección de los actos médicos y que impone al profesional el deber de actuar con arreglo a la diligencia debida.

Este criterio es fundamental, pues permite delimitar los supuestos en los que verdaderamente puede haber lugar a responsabilidad exigiendo que no sólo exista el elemento de la lesión sino también la infracción de dicha norma de actuación generalmente aceptada como válida produciéndose con ello la mala praxis médica

De exigirse sólo la existencia de la lesión se produciría una consecuencia no querida por el ordenamiento como sería la excesiva objetivación de la responsabilidad al poder declararse la responsabilidad con la única exigencia de la existencia de la lesión efectiva sin la exigencia de la demostración de la infracción del criterio de normalidad en la actuación.

Y todo ello sobre la base de la aplicación de criterios de causalidad adecuada a la hora de determinar dicha relación de causalidad entre el daño producido y la actuación desempeñada

La Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2011 señala que:

“En el ámbito de la Administración sanitaria, en la medida en que no es posible garantizar en toda circunstancia la curación de los enfermos, se viene utilizando como parámetro de actuación de los profesionales sanitarios, a los efectos de determinar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración, el criterio de la lex artis, pues la obligación del profesional sanitario se concreta en prestar la debida asistencia al paciente.

"Se trata, pues, de una obligación de medios, por lo que sólo cabe sancionar su indebida aplicación, sin que, en ningún caso, pueda exigirse la curación del paciente.

La Administración no es en este ámbito una aseguradora universal a la que quepa demandar responsabilidad por el sólo hecho de la producción de un resultado dañoso.

Los ciudadanos tienen derecho a la protección de su salud (artículo 43, apartado 1 , de la Constitución), esto es, a que se les garantice la asistencia y las prestaciones precisas [artículos 1 y 6, apartado 1, punto 4, de la Ley General de Sanidad y 38 , apartado 1, letra a), del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social]con arreglo al estado de los conocimientos de la ciencia y de la técnica en el momento en que requieren el concurso de los servicios sanitarios (artículo 141, apartado 1, de la LRJ-PAC); nada más y nada menos" .

La sentencia STS de 25 abril 2002 declara que : "Prestada la asistencia sanitaria con arreglo a la regla de la buena praxis desde el punto de vista científico, la consecuencia de la enfermedad o el padecimiento objeto de atención sanitaria no son imputables a la actuación administrativa y por tanto no pueden tener la consideración de lesiones antijurídicas"”.

Para que nazca el deber indemnizatorio no basta con que exista una relación de causalidad entre el daño y la actuación de la Administración Pública, sino que, además, resulta indispensable que el daño revista la nota de la antijuridicidad.

No existe, en consecuencia, ningún título que obligue al paciente a soportar el daño. Por ello resulta preciso valorar si la actuación de los facultativos de la Sanidad se ajustó a los parámetros de diligencia debida, de forma que, de acreditarse este extremo, no podríamos tachar el daño reclamado como ANTIJURÍDICO por lo que la recurrente tendría el deber jurídico de soportarlo.

Si considera que en su caso un médico o profesional de la medicina ha vulnerado los protocolos de actuación medico-sanitarios y como consecuencia de dicha vulneración se ha producido una negligencia médica de la cual usted ha sido víctima y desea denunciar a la clínica , medico u hospital por dicha mala praxis no dude en contactar con nosotros.

Los abogados especialistas en derecho médico-sanitario y peritos médicos de ABOGANEGLIGENCIA , el equipo de abogados y expertos en negligencias médicas de Legalik Central de Servicios Jurídicos, le ayudarán a defender sus derechos en la sede judicial correspondiente.
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