Otoplastia mal hecha

Abogados expertos en indemnización por negligencia medica estética en otoplastia mal hecha

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Abogados expertos en reclamacion extracontractual o demandas judiciales por negligencias médicas estéticas relativas a otoplastia o cirugia de oreja
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Otoplastia mal hecha
La Otoplastia es una sencilla intervención encaminada a remodelar o reducir el tamaño de las orejas, logrando una correcta simetría de las mismas, acorde con el rostro de la persona que decide someterse a ella.

Es una operación a priori sencilla que, en palabras del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, entra dentro de la categoría de cirugías menores al necesitar sólo anestesia local para practicarla. Lo afirma del siguiente modo "para que nos hallemos ante una operación de cirugía mayor ambulatoria es preciso que se realice con anestesia general, epidural o sedación". En consecuencia "como las intervenciones estudiadas se realizaban con anestesia local por infiltración no tiene la consideración de cirugía mayor ambulatoria".

La operación se realiza abriendo una pequeña cicatriz detrás de la oreja, prácticamente imperceptible, mediante la que se remodela el cartílago plegándolo en los sitios adecuados, se reduce la profundidad de la concha y reseca la piel sobrante en caso de ser necesario.

El resultado es permanente y no varía a lo largo de los años, si usted se ha sometido a una otoplastia y considera esta mal hecha y no está satisfecho con el resultado, contacte con nuestro equipo de abogados y peritos médicos especialistas en negligencias y éstos le ayudarán con su problema.

Visión jurisprudencial sobre Negligencias estéticas en otoplastias mal hechas


Podemos dividir las intervenciones quirúrgicas en dos grandes grupos, las necesarias y las voluntarias.

Las intervenciones necesarias se dan cuando el paciente sufre un problema de salud o dolor y es imprescindible realizarlas. Las voluntarias, que se realizan a cambio de un precio determinado, son operaciones a las que el paciente elige someterse.

Al no tratarse de un tema de salud, primero debe informarse sobre la operación, riesgos de la misma, posibles efectos adversos y conocer cuál será el resultado final. Si está conforme y le convence, deberá firmar una hoja de consentimiento informado y pagar un precio previamente pactado.

De ello podemos observar que en las operaciones estéticas se crea un contrato de obra entre médico y cliente, por el cual el paciente paga una cantidad a cambio de un resultado.

A diferencia de en la medicina necesaria, en la que la obligación del facultativo es meramente de medios, es decir, aplicar las técnicas correctas de forma adecuada, en la medicina satisfactiva la obligación es de resultado, pudiendo por tanto reclamar cuando no estamos conformes con la intervención si esta se aleja de lo pactado.

El problema llega cuando un paciente se somete a una operación estética pero el centro no le ha garantizado ningún resultado, al menos de forma demostrable. Esto fue lo que sucedió hace unos meses, 23 de noviembre de 2015, cuando un juzgado Civil de Marbella falla la absolución de un cirujano plástico que había sido demandado por mala praxis en una intervención de otoplastia.

En el fallo se argumenta que la obligación del médico, incluso en los casos de medicina satisfactiva, es de medios, salvo que al paciente se le hubiera garantizado un resultado, que en este caso no ocurrió. El paciente fue informado del resultado aproximado, no llegando a firmar nada en lo que al resultado concreto se refiere.

Anteriormente, en el sistema de 95 puntos, no se diferenciaba un tipo u otro de secuelas sino que “Se entenderán ocasionados cuando una sola secuela exceda de 75 puntos o las concurrentes superen los 90 puntos. Sólo en estos casos será aplicable”.

Esta previsión separada puede beneficiar o perjudicar a las víctimas dependiendo del caso, es decir, si concurren varias circunstancias y llegan a los parámetros mínimos, la víctima se verá económicamente beneficiada; en cambio si por separado no llegan al número mínimo de puntos pero de forma conjunta sí alcanzan los 90, se verá perjudicada.

Esta intervención puede ser practicada tanto en un centro privado, debiendo la misma ser reclamada por vía civil o penal, o en un hospital público tal y como sucede en el siguiente supuesto;

El 6 de noviembre de 2006, D. T, en nombre y representación de D. Z y de Dª. W, presenta una reclamación de responsabilidad patrimonial solicitando una indemnización de 3.969,04 euros alegando los daños y perjuicios sufridos por su hijo.

El escrito de reclamación recoge lo siguiente “El día 21-Diciembre-2.004 fue intervenido el menor X en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital H (Ciudad Real), dependiente del SESCAM, de una “otoplastia bilateral por vía anterior” cuya operación resultó fallida por incorrecta ejecución y a consecuencia de la cual dicho menor ha sufrido un periodo de incapacidad temporal y unas secuelas de perjuicio estético”.

La reclamación recoge los siguientes hechos “En el presente supuesto, el paciente, de ocho años de edad, fue intervenido de otoplastia bilateral por presentar orejas en asa, siendo la causa que dio lugar a esta intervención los problemas psicológicos que presentaba el niño.

En la intervención quirúrgica se utilizó la técnica Stenstrom por vía anterior, por ser una técnica mínimamente invasiva que, según se dice en el informe del Jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital “H” “para el abordaje del cartílago auricular emplea incisiones puntiformes con el fin de no dejar secuelas estéticas visibles”.

Finalmente los demandantes ven desestimada su pretensión ya que la técnica empleada fue correcta, así como los cuidados posteriores. El mal resultado fue debido al débil tejido del cartílago del menor, siendo imposible que los doctores ayudasen a fortalecerlo.

Aunque pueda parecer una operación sencilla, y una consecuencia derivada de ello, la otoplastia sólo puede ser practicada por médicos, en centros acreditados, que estén en posesión de un título válido en España.


El intrusismo en el área estética es cada vez más frecuente a cambio de bajos precios y grandes expectativas, que la mayoría de las veces se ven frustradas. Así lo reitera el Tribunal Supremo en su Sentencia de 15 de Junio de 2005 alegando que “la Cirugía Estética es una faceta más del ámbito de actuación de los médicos especialistas en cirugía plástica y reparadora (…) que su aprendizaje se inscribe en un proceso más amplio basado en técnicas de trasplante y modificación de tejidos, que sólo puede adquirirse en grandes centros sanitarios”, siendo esto ratificado en posteriores sentencias.

Lo más frecuente es que estas operaciones se realicen en centros privados ya que, como comentamos anteriormente, la otoplastia suele tener más carácter de medicina satisfactiva que curativa.

Un ejemplo de una otoplastia mal realizada, y su correspondiente indemnización, lo tenemos en la sentencia 170/2015 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Valencia en la que su fallo se vierte a favor del demandante, damnificado por una mala otoplastia, concediéndole al mismo una indemnización de 12.916 euros más el interés legal desde la fecha de la operación, 17 de mayo de 2013.

La reclamación por el mal resultado de una otoplastia puede hacerse por vía penal, civil o administrativa, dependiendo del centro en el que la misma se haya practicado y de las actuaciones de los facultativos.

La Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, el 6 de febrero de 2013, estima una reclamación patrimonial por mala actuación del personal sanitario de un hospital público concediendo a una madre y a su hija menor de edad el pago de una indemnización a consecuencia de una otoplastia mal hecha.

La paciente fue intervenida el 8 de mayo de 2009 en el Hospital Universitario La Paz con motivo de un angioma en oreja derecha. Se somete en el mismo hospital, el 25 de mayo de 2009, por orejas procidentes a una otoplastia. Esta intervención fracasa debido a una “dehiscencia de sutura interna”, dando lugar a una nueva intervención mediante otoplastia bilateral, el 18 de marzo de 2010, que tampoco logró el resultado deseado.

Debido a la tercera intervención mal efectuada, la paciente sufre una infección grave que precisó tratamiento antibiótico y curas diarias, motivando una tercera intervención, esta vez llevada a cabo en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, el 21 de junio de 2011.

La demandante considera vulnerado el artículo 103 de la Constitución alegando que el hospital no actuó bajo el principio de eficacia que se reconoce en la misma, considerando también de aplicación la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, citando al efecto la Sentencia del Tribunal Constitucional 37/2011, de 28 de marzo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Europea de los Derechos Humanos aprobada en Niza el año 2000.

A causa de la referida reclamación se ha instruido un procedimiento de responsabilidad patrimonial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC actualmente derogada), y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.

Si su hijo menor de edad es quien ha sufrido las consecuencias de la mala praxis médica, puede formular una reclamación de daños por responsabilidad patrimonial en nombre del menor de edad conforme la representación legal otorgada en el artículo 162 del Código Civil, al amparo del artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por ser la menor la persona afectada por los daños.

Por lo que respecta al plazo para reclamar, éste prescribe al año de producirse el hecho y en el caso de daños físicos o psíquicos desde la curación o la determinación de las secuelas sufridas por el paciente.

Recoge la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2011 (recurso 3261/2009) una serie de requisitos para que prospere la pretensión de la parte demandante, siendo estos los siguientes:

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.
b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.
c) Ausencia de fuerza mayor.
d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su propia conducta.

Continúa la misma afirmando que “La jurisprudencia de esta Sala (por todas la STS de 1 de julio de 2009, recurso de casación 1515/2005 y las sentencias allí recogidas) insiste en que "no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la actuación administrativa”.

En lo que a la carga de la prueba se refiere, tanto el artículo 217 LEC como la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2010, afirman que corresponde a la parte demandante probar los hechos demandados, la relación de causalidad y la vulneración de la lex artis.

“Según jurisprudencia constante de esta Sala, un acto médico respeta la lex artis cuando se ajusta al estado de conocimientos de la comunidad médica en ese momento y, así, realiza lo que generalmente se considera correcto en el tipo de situación de que se trate”, recoge la Sentencia de 19 de junio de 2008 (recurso 2364/2004), en lo que a antijuricidad médica se refiere.

Aunque usted haya quedado medianamente satisfecho con su operación, si esta satisfacción no es completa o el resultado que usted imaginaba cuando la contrató, un motivo por el que se encuentra legitimado para actuar contra el centro sanitario es la falta de información o el mal consentimiento informado.

El artículo 10.1 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, recoge los puntos básicos que debe tener una hoja de consentimiento para que el mismo se ajuste a la legalidad:

“a) Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad.
b) Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente.
c) Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención.
d) Las contraindicaciones”.

Es constante la jurisprudencia del Tribunal Supremo que considera que: “(…) la falta o insuficiencia de la información debida al paciente constituye en sí misma o por sí sola una infracción de la "lex artis ad hoc", que lesiona su derecho de autodeterminación al impedirle elegir con conocimiento y de acuerdo con sus propios intereses y preferencias entre las diversas opciones vitales que se le presentan.

Causa, pues, un daño moral, cuya indemnización no depende de que el acto médico en sí mismo se acomodara o dejara de acomodarse a la praxis médica, sino de la relación causal existente entre ese acto y el resultado dañoso o perjudicial que aqueja al paciente.

O, dicho en otras palabras, que el incumplimiento de aquellos deberes de información sólo deviene irrelevante y no da por tanto derecho a indemnización cuando ese resultado dañoso o perjudicial no tiene su causa en el acto médico o asistencia sanitaria”.

Recientemente, una Sentencia del Juzgado nº 53 de Madrid condena a un cirujano al pago de 78.085 euros a una paciente por las secuelas que padece tras una operación de cirugía estética que no autorizó por escrito. La clienta había acordado previamente con el facultativo un determinado resultado a través de un procedimiento previamente fijado y, durante la operación, el facultativo decidió llevar a cabo otro diferente que no dio resultado.

En la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2012 (recurso 3925/2011), se destaca una vez más el que la ausencia de información constituye un daño moral que deberá ser indemnizado si de la actuación médica se derivan daños.

La importancia tanto del consentimiento informado como de los acuerdos a los que llegamos con el facultativo antes de someternos a una otoplastia, tienen mucha importancia ya que, en estética, no puede castigarse la no consecución de un resultado si el mismo no ha sido previamente pactado.

Si usted o alguien que usted conoce ha sido víctima de una negligencia médica, en el marco de una otoplastia u operación de oreja mal hecha, llámenos por teléfono y nuestro equipo de abogados y perítos médicos le ayudarán a determinar si en su caso se ha producido una negligencia médica y con ello tiene derecho reclamar una indemnización por los daños que le haya ocasionado dicha negligencia médica en la otoplastia , o si lo prefiere rellene el formulario adjunto y rápidamente nos pondremos en contacto con usted a la mayor brevedad.
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