Parto y obstetricia

Abogados indemnización por negligencia medica durante el parto

Abogados especialistas en negligencias y mala praxis medicas - Primera valoracion gratuita
Abogados negligencias médicas durante el parto. Indemnización por secuelas y lesiones al bebe o la madre.
¿ Cuales son las negligencias ginecologicas, obstetricas y en el parto mas frecuentes?
Negligencias médicas y mala prasis más frecuentes en el parto en España: Traumas obstétricos, sufrimiento fetal, Meconio y fluidos amnoiticos Hipoxia cerebral Neonatal, Parálisis braquial obstetrica Tetraparesia espástica

Trauma obstétrico
Sufrimiento fetal
Meconio. Fluidos amnoiticos
Hipoxia cerebral Neonatal
Parálisis braquial obstetrica
Tetraparesia espástica

Parto y obstetricia
Somos abogados especialistas en reclamación de indemnizaciones por negligencias médicas durante el parto, ginecología y obstetricia.

Nuestra especialidad, su indemnización por secuelas y lesiones al bebe o la madre.

Las negligencias ginecológicas engloban el estudio de las negligencias acontecidas en la rama médica dedicada a la prevención de los problemas típicos en el cuerpo de la mujer, como puede ser el cáncer de mama o enfermedades como la amenorrea o la dismenorrea.

- Las negligencias médicas durante el parto son por desgracia muy frecuentes, pudiendo derivarse de multitud de factores. Entre ellos se encuentran:

* Daños derivados de la disminución o carencia de oxigeno al bebe durante el parto
* Compresión del cordón umbilical al cuello del bebe,
* Por permanecer el bebe mucho tiempo sin poder salir
* Por inhalación de meconio y fluidos amnióticos,
* Por no ejecutar una cesárea a tiempo en los procesos de alumbramiento que es necesaria
* Por falta de atención de lo signos vitales que presente el bebe o la madre
* Por uso inapropiado de fórceps o ventosas obstétricas,
* Por daños en el feto por prescripción de medicación contraindicada.
* Reultados neonatales adversos Parálisis cerebrales en neonatos o lesiones permanentes como sordera, cojera. Hipoxia cerebral neonatal isquémica. Parálisis braquial obstétrica.

Otros tipos de casos relativamente frecuentes son:

- Errores diagnósticos en malformaciones durante el embarazo o embarazos ectópicos
- Perforaciones en endoscopia
- Retardo en diagnóstico ginecológico de cáncer con resultado de muerte
- Histerectomía tras hemorragia materna postparto o por cirugía con resultado de muerte.
- Esterilidad tras cirugía en mujer fértil
- Necesidad de cirugía reconstructiva del suelo pélvico tras desgarro o instrumentación parto.


Como campo y área vinculada podemos analizar también las negligencias médicas acontecidas en el de la obstetricia, centrada en el cuidado de la mujer embarazada, durante el parto y durante las primeras etapas de vida del recién nacido.

En todos estos supuestos nos encontraremos con vulneraciones de la lex artis de la cual se derivan consecuencias no deseadas para usted como paciente.

Si de forma extrajudicial o judicialmente somos capaces de demostrar dicha actuación no diligente de la cual, como causa se derivan consecuencias perjudiciales para usted o su bebé, nos encontraremos ante un supuesto de negligencia médica ginecológica u obstétrica que puede ser llevada a los tribunales para obtener reparación de los daños y perjuicios que pudiera haber sufrido.

La prevención en este ámbito adquiere mucha importancia ya que, unos exámenes periódicos a tiempo, pueden ayudar a descartar enfermedades patológicas o anomalías en el sistema reproductor femenino (mamas, útero, vagina y ovarios).

¿Cómo actuar ante una negligencia médica durante el parto?

Si usted sospecha que pudiera haberse cometido una negligencia médica de carácter ginecológico o obstétrico, lo primero que debemos hacer ante la mera sospecha es ponerse en manos de un abogado especializado en este tipo de casos.

ABOGANEGLIGENCIA , el equipo de abogados expertos en negligencias médicas de Legalik, y sus abogados expertos en reclamación de indemnizaciones por mala praxis médicas así como su equipo de peritos colaboradores le ayudará a entender si en primer lugar dicha negligencia se hubiera producido como tal y de ser considerado así a defender sus derechos en la sede extrajudicial o judicial pertinente .

Lo más relevante para que nuestro equipo de abogados pueda formar un solido proyecto de defensa de sus intereses :una vez quede asegurada el restablecimiento de su salud debe intentar recopilar organizadamente el máximo de documentación relativo a la negligencia ginecológica que pudiera haber sufrido.

Por ello deberá guardar ordenadamente toda la documentación médica relativa a su caso, solicitando del hospital las posibles pruebas médicas así como ha historia clínica del paciente así como cuantos datos u observaciones considere puedan ser relevantes de cara a su utilización como prueba en el juicio.

Cuanto mayor número de pruebas, más posibilidades existirán de demostrar la existencia de dicha actuación negligente, contraria a la lex artis ad hoc ,y su causalidad para con sus daños y perjuicios de forma que nuestra ayuda sea más eficaz.

Negligencias médicas durante el embarazo



Tanto la ginecología en general como el seguimiento del parto en particular, son ramas médicas altamente protocolizadas en las que el más mínimo fallo puede tener consecuencias negativas para la madre y para el feto o bebé. Es una ciencia tan cuidada que forma parte del día a día de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia la publicación peróodica de protocolos de actuación para saber qué hacer ante cualquier imprevisto.

¿Cree que usted o algún familiar o amigo ha podido sufrir una negligencia ginecológica, obstetrica o durante el parto?

Debe saber que tanto en obstetricia como en la prevención secundaria el objetivo de los médicos es detectar una enfermedad en el feto cuando la misma ya ha aparecido y detener la misma aplicando las medidas terapeúticas correctas.

En la llamada prevención terciaria, la obligación del facultativo consiste en restaurar la salud del bebé dañado y el objetivo de la misma es el control prenatal y la realización de pruebas médicas y controles como pueden ser las citologías, hemogramas, analíticas, amniocentesis, urocultivos, registros cardiográficos, monitorizaciones durante el parto, exploraciones, ecografías y otras pruebas que ayudan a identificar si los valores normales de salud se corresponden con el cuerpo de la mujer y del feto.

Si cree que no le han realizado las pruebas necesarias tanto para prevenir un daño como para paliarlo, contacte con nosotros y el equipo de abogados y peritos de ABOGANEGLIGENCIA. La negligencia no solo se refiere a la prevención de la enfermedad, sino que también se produce cuando una vez aparecida, esta se detiene o no sigue avanzando.

Todas estas técnicas y actuaciones están reguladas en los Protocolos Asistenciales de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, los cuales intentan guiar a los ginecólogos en su quehacer diario y lograr unos criterios estándar de actuación para todos los facultativos.

Es cierto que no debemos interpretar los protocolos de forma estricta, ya que tal y como se ha comentado en otras entradas de negligencias médicas, los casos han de analizarse de forma individualizada y aplicarse a cada caso concreto, el paciente ha de recibir información concreta en cada caso y adecuada al estado físico tanto de la madre como del bebé.


Negligencia médica por Hipoxia cerebral neonatal en el parto por falta de monitorización fetal

En este caso nos encontramos con una indemnización causada por una falta de control en el parto. El Tribunal Supremo obliga a la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia a indemnizar con 600.000 euros a los padres de un bebé que sufrió graves daños cerebrales durante el parto, teniendo consecuencias irreversibles para el mismo.

Concretamente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima parcialmente el recurso interpuesto por los padres contra una sentencia dictada anteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia de fecha 12 de junio de 2012, en la que se fijaba la indemnización en 300.000 euros.

La primera sentencia, determina que hubo una actuación negligente en la atención del parto y encuentra relación de causalidad entre la atención médica y los daños producidos en el parto.

El informe del médico neuropediatra del Hospital xxx de Murcia declaró que el diagnóstico de la enfermedad que padece el bebé de los recurrentes se produjo en el momento del nacimiento “El niño presentó los signos de hipoxia y consecuente encefalopatía de forma muy próxima al nacimiento, puede concluirse en una deducción lógica que el episodio tuvo lugar antes de su nacimiento (…) El diagnóstico está acreditado. Y ese diagnóstico ha de relacionarse también con una pérdida de bienestar fetal”.

En la sentencia de instancia se recoge que, después de examinar los informes médicos, había signos de desatención como eran los DIPS II (deceleración del parto) a las 9.30 horas y que una adecuada praxis sanitaria obligaba a la matrona a comunicar las deceleraciones al ginecólogo para que adoptara las decisiones oportunas. En la citada sentencia se alega que en ningún momento consta que la matrona avisara al doctor, ni que una vez fue avisado éste se presentase ni tampoco consta cuando se dejó de administrar oxitocina a la paciente.

La sentencia también recoge que la bradicardia que aparece a las 9.50 horas, siendo una clara evidencia una pérdida de bienestar fetal y el claro origen de las lesiones producidas.

Para ese momento la paciente precisaba de, al menos, una observación y un control. El juez finalmente acaba concluyendo que “de poco sirve, en definitiva, una monitorización , para evitar situaciones de sufrimiento fetal, si luego no se observa el monitor o se prescinde las señales de alerta que emite”.

Indemnización de 600.000 Euros por axfisia del bebe en el parto.

En este caso, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia condenó al Servicio Murciano de salud a indemnizar a unos progenitores, cuyo hijo sufrió lesiones irreversibles durante el alumbramiento, con la cantidad de 600.000 euros

La sentencia cuenta que la madre fue ingresada en el hospital Caravaca de la Cruz para inducción al parto al día siguiente. En ella el tribunal prueba que los facultativos se retrasaron aproximadamente media hora en aplicar la ventosa para extraer al bebé, provocando esto una hipoxia cerebral neonatal, a raíz de la cual el pequeño presenta una encefalopatía crónica que ocasiona tetraparesia espástica, estrabismo, severo retraso psicomotor y microcefalia.

En la demanda al centro los progenitores indicaban que “dicha asfixia era previsible y evitable de haber actuado los médicos conforme a la praxis médica; esto es, haciendo caso de la monitorización, que advertía la asfixia, y habiendo extraído al niño por la vía más rápida posible“.

Finalmente el Tribunal Superior de Justicia concluye que “las dolencias que presenta el niño son objetivamente imputables a la actividad sanitaria que se desplegó» y condena al SMS y a la compañía aseguradora a pagar 600.000 euros a los padres, más los intereses legales generados desde marzo de 2005, cuando se presentó la demanda“.

Un ultimo caso ciertamente conocido en esta tipología de negligencias médicas aparecía hace un par de años en los periódicos bajo los titulares de "EL TSJ de Andlucía condena al Servicio Andaluz de salud por errores cometidos en el seguimiento de un embarazo. Fue en el propio parto donde se dio lugar a que el bebé naciera con Hipoxia cerebral isquémica

Este caso relata la historia de un bebé que tuvo una "vida" muy corta, concretamente de 396 días, pasando gran parte de ella en la UCI neonatal del Hospital Universitario de Puerto Real, para terminar falleciendo al poco tiempo. El niño nació con tetraparexia espástica y malvivió 396 días. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª dicta Sentencia de 11/07/14 condenando al SAS y a su aseguradora a indemnizar en la cantidad de 148.161,31 € a la madre del bebé por las graves secuelas producidas al mismo, ya que éste falleció a los 396 días de vida debido a una defectuosa atención recibida durante el parto.

Los hechos del caso se remontan al 2/07/07, cuando una joven de 34 años, nulípara, es atendida en consulta de ginecología del Hospital Universitario por embarazo de alto riesgo por epilepsia, dando a luz a un bebe con un problema de hipoxia cerebral isquémica desconociéndose el motivo por el que en un embarazo aparentemente sin problemas aparecen complicaciones.

Una vez solicitada la Historia Clínica, el SAS decide omitir la remisión de los 50 minutos de los registros tococardiográficos justo anteriores al parto.

Concretamente desde la 1:10 a las 2:00 de la mañana el hospital admite que no hubo ningún tipo de control y viene ratificado por el contenido del Expediente Médico.

Aparte de no entregar los registros tococardiográficos, el SAS tampoco aporta el partograma con las gráficas que demuestran la progresión de la cabeza en el canal del parto (posición I, II, III o IV de Hodge) ni el grado de rotación de la cabeza (eutócica o distócica).

En resumen, el parto no fue controlado en su parte más importante, es decir en la fase expulsiva del mismo. Pese a que en teoría estaba monitorizado, se trataba de una gestante epiléptica con gestación prolongada de 41 + 6 semanas sin tratamiento, se trataba de un parto inducido con Oxitocina y se trataba de un parto instrumental realizado con ventosas, es decir, requería más control que un parto común y los médicos no se centraron en él como era debido.

Tampoco se le realizó determinación del pH (siendo esto importante tal y como relatamos en los primeros apartados) ni en el cuero cabelludo intraparto, ni una vez nacido del cordón umbilical. Existía al nacimiento tinción del líquido amniótico, lo que demuestra que el niño sufrió asfixia intraútero, tanto en el cordón umbilical como en las secreciones oronasofaríngeas, luego el bebé tragó líquido con meconio.

Durante el expulsivo, que se inició a las 00 horas, y hasta las 2:00 horas que la paciente dio a luz, no consta ni una sola anotación de la frecuencia cardiaca fetal, a pesar de que el parto fue prolongado (2 horas en paritorio) obligando la realización de una ventosa obstétrica (vacuum) para la extracción del feto porque se detuvo el expulsivo.

Otra negligencia cometida en este caso, es que cuando la madre dio a luz no se encontraba presente en la sala el pediatra infantil, a pesar de que se trataba de un embarazo de alto riesgo por epilepsia materna, embarazo prolongado, en el que se produjo una detención del expulsivo y acabó siendo un parto intervenido con la realización de una ventosa, amén de que fue inducido por oxitocina.

A consecuencia de todo esto, el niño nace con un test de Apgar muy bajo 0/2/0 (1º, 5º y 10º minuto). Este test es un sistema de puntuación rápida para valorar el estado del niño inmediatamente después del alumbramiento. En él se asigna un valor de 0 a 2 puntos a 5 parámetros: frecuencia cardiaca, coloración, respiración, tono muscular, y reflejos. Lo normal es que el resultado sea de 7 o superior en el primer minuto de vida, siendo habituales puntuaciones de 9/10.

El niño nació al nacimiento en parada cardiorrespiratoria, sin latido cardiaco perceptible, no inició respiración, tenía coloración azulada y acidótica (falta de oxígeno en los tejidos), hipotónico y sin reflejos. En esta situación solo se le realizó “reanimación superficial” teniendo que esperar a que el pediatra llegara a paritorio para reanimación cardiopulmonar, no constando el tiempo que tardó el pediatra en llegar e iniciar la reanimación.

Al bebé finalmente se le diagnostica tetraparesia espástica, siendo la forma más grave de parálisis cerebral espástica y afectando al déficit motor de las 4 extremidades.

Los tipos espásticos de parálisis cerebral se deben a la afectación de las neuronas motoras de la corteza cerebral, y se caracterizan por un aumento del tono muscular de la musculatura afectada, exageración de los reflejos tendinosos, aparición de temblores (clonus), reflejo anormal y aparición de contracturas, que fueron confirmadas en las placas de TAC cerebral y neuroimagen.

La grave encefalopatía hipóxico isquémica con la que nació el pequeño xxx fue ocasionada directamente por la hipoxia producida durante el parto y muy probablemente agravada por el retraso en la reanimación eficaz, ya que no había pediatra neonatólogo esperándolo en el momento de nacer.

Vías judiciales para reclamar el daño sufrido por una negligencia médica en ginecología u obstetricia

Acudir a la vía judicial para este tipo de responsabilidades es importante para muchas familias ya que es la única vía que tienen para resarcir el daño. Existen diversas vías para resarcir el fin perseguido. En primer lugar y con carácter previo siempre existe la opción de negociación extrajudicial, pero si resulta necesario o procede llegar a la vía judicial disponemos de la vía penal, vía civil y vía contencioso- administrativa , todas ellas a determinar en función de en que tipo de hospital o clínica se hubiera producido la negligencia, y cual fuera la actuación reprochable penal o civilmente del facultativo.

La opción penal se inicia mediante denuncia. Esta denuncia debe presentarse en un plazo máximo de 6 meses para evitar prescripciones . En dicha vía buscamos pena de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la profesión (es decir, para sus funciones ginecológicas u obstétricas) para el facultativo y demás del reproche penal, la pertinente indemnización económica.

De esta vía debemos destacar que es difícil que gracias a ella consigamos un resultado favorable dado que lo que se pretende probar no es un daño, sino la comisión de un delito antijurídico capaz de subsumir en un tipo penal recogido en el Código Penal.

La responsabilidad penal se produce por la realización de acciones u omisiones contempladas en el Código Penal cuando una persona ha provocado de forma intencionada o imprudente lesiones a bienes protegidos por el Derecho penal. Pueden acudir tanto los que han optado por la sanidad privada para tener el bebé como los que optaron por la vía pública. Se inicia mediante denuncia o querella, y pudiendo iniciarse sin la necesidad ni de letrado ni de procurador. El plazo para interponerse sería adecuado dentro de los seis meses tras el nacimiento del bebé para evitar posibles prescripciones en el caso de que sea reputado falta ab initio o con posterioridad (según nueva jurisprudencia).

Para que obtengamos resarcimiento penal, se requiere que el hecho cometido esté expresamente previsto como infracción penal (delitos, en los casos más grave) La sanción que se obtiene en principio es una pena, pudiendo imponerse la pena privativa de libertad, inhabilitación, multas etc. Tras celebrarse el correspondiente juicio. Paralelamente, siendo la opción más recomendada, se puede solicitar la responsabilidad civil. En estos casos, el juez además de imponer la pena correspondiente, determinará cuál es la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

La responsabilidad penal puede tener lugar por acción o por omisión ya que el facultativo incide en la mala praxis cuando lleva a cabo una técnica no deseada o cuando simplemente no actúa a tiempo. Para su sanción, tal y como comentamos en el párrafo precedente, se requiere o que medie intencionalidad (dolo) o falta de cuidado (imprudencia) por parte del profesional sanitario ya que debe ser una conducta recogida en el Código Penal.

Lo más normal es que la conducta sea imprudente por no tomarse las medidas adecuadas, ya que a priori el facultativo nunca busca el provocar un daño intencionado a uno de sus pacientes.

La vía civil es una vía económicamente más costosa, pero a su vez da unos mejores resultados. Debe iniciarse presentando una demanda mediante abogado y procurador en el plazo máximo de un año desde el nacimiento del bebé ya que los plazos empiezan a contar desde se produce el daño.

Este plazo se tiene en cuenta si entendemos que la responsabilidad es extracontractual. Con esta vía se obtiene el reconocimiento de una responsabilidad y el resarcimiento mediante la pertinente indemnización. Lo que en est caso como abogados de negligencias médicas probaremos es una responsabilidad subjetiva, no un delito como sucede en la vía penal. Este procedimiento aparece amparado en los artículos 1902 y siguientes del Código Civil. En vía civil se inicia el procedimiento mediante demanda de juicio ordinario o verbal dependiendo de la cuantía del caso. 

En estos procedimientos a diferencia de la responsabilidad de la Administración donde tiene un carácter objetivo, en el procedimiento civil dicha responsabilidad requiere culpa, es decir, para condenar a una persona se requiere haber constatado una actuación negligente de la misma.

Puede existir condena en costas que va en función de la cuantía solicitada y las personas demandadas y que se imponen a la parte que pierda el procedimiento (en el proceso civil es el proceso donde las costas, de imponerse, por perder, son las más elevadas). En el caso de estimación parcial cada parte abonará las suyas, artículo 394 del LEC.

Junto con la responsabilidad penal se dará una responsabilidad civil tal y como redactamos anteriormente pero no se produce siempre a la inversa, es decir no siempre que haya responsabilidad civil habrá responsabilidad penal por imprudencia, pues las reglas para establecer la responsabilidad penal son más estrictas que las seguidas para determinar la responsabilidad civil.

Además, la responsabilidad penal requiere que se pueda individualizar a la persona concreta o personas que causaron el daño y en ocasiones es difícil.

La vía contencioso administrativa está enfocada a solventar partos acaecidos en Hospitales Públicos, es decir en ginecólogos de la Seguridad Social. La responsabilidad de la Administración es objetiva, es decir se calcula en base al daño ocasionado.

Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se iniciarán de oficio o por reclamación de los interesados, siendo lo habitual que se inicien a instancia de los interesados. La Administración puede indemnizar en un primer momento y evitar dicha vía. Si no se obtiene respuesta, se presenta ante el Juzgado.

Para ello debemos presentar un escrito en el departamento de sanidad, donde se especifiquen las lesiones producidas, la relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público y la evaluación económica de los daños si es posible.

Es decir, debemos aclarar dónde está el nexo que conecta actuación- daño. Junto a él debemos aportar todos los elementos de prueba que permitan demostrar el origen del daño y sus consecuencias. 

Un importante inciso para esta vía es que no podremos reclamar posteriormente en vía judicial más de lo que se haya solicitado en vía administrativa por lo que debemos ser coherentes con nuestras peticiones.

Una vez tengamos la resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial,  pondremos fin a la vía administrativa. Es decir que tras ello, lo que cabe es iniciar la judicial si no se ha conseguido indemnización. Si no recae resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud de indemnización (silencio negativo) e iniciarse la pertinente vía judicial.

El plazo para esta vía será de un año desde que se produjo el hecho. Si estos daños tienen carácter físico o psíquico, el plazo comienza a computarse desde que se produce la curación o desde el momento en el que se determine el alcance de las secuelas, siendo esto lo que sucede en los casos de PBO, son denunciadas años más tarde ya que en un primer momento es imposible determinar cuál será el daño hasta que el niño no crece un poco más.  Cuando las partes ya han iniciado la reclamación patrimonial previa ante la Administración, transcurridos los seis meses siguientes sin la obtención de respuesta, se puede iniciar demanda judicial, y siempre antes de que transcurra un año desde el inicio de dicha reclamación.

En la reclamación previa no es necesario abogado ni procurador pero sería recomendable que contactase desde un primer momento con uno de nuestros expertos para que le asesoren acerca de qué pretensiones determinar en la demanda.

En la vía judicial las partes deben intervenir obligatoriamente asistidas por un abogado, siendo opcional la representación mediante procurador.



Aspectos médico legales comunes a las negligencias médicas ginecológicas y obstétricas.

Un rasgo en común que se encuentra en las negligencias ginecológicas en particular y en las negligencias médicas en general es que debe existir un nexo causal entre la misma y el daño producido para que éstas sean indemnizables.

Así se observa en la STS de 19 de julio de 2005 la cual absuelve al profesional médico de toda responsabilidad por las secuelas derivadas de lesiones del feto fundándose la misma en la falta de prueba de su imputación a la asistencia médica recibida por la madre durante el embarazo.

Este nexo causal requerido es llamado principio de responsabilidad objetiva. El mismo aparece definido en la STS 24 de noviembre de 2005 “Con reiteración, este Tribunal, en el ámbito de la responsabilidad del profesional médico, ha descartado toda clase de responsabilidad más o menos objetiva, incluida la técnica de la inversión de la carga de la prueba, desaparecida en la actualidad de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo para supuestos debidamente tasados (art. 217.5 LEC), bien es cierto que con algunas excepciones para los casos de resultado desproporcionado o medicina voluntaria o satisfactiva, en los que se atenúa la exigencia del elemento subjetivo de la culpa para proteger de manera más efectiva a la víctima, flexibilizando tales criterios. De esa forma, a partir del daño que fundamenta la responsabilidad, el criterio de imputación en virtud del artículo 1.902 CC, se basa, como no podía ser de otra forma, en el reproche culpabilístico y exige del paciente la demostración de la relación o nexo de causalidad y la de la culpa en el sentido de que ha quedar plenamente acreditado en el proceso que el acto médico o quirúrgico enjuiciado fue realizado con infracción o no sujeción a las técnicas médicas o científicas exigibles para el mismo..“.

En la misma línea y reafirmando lo anteriormente expuesto tenemos la STS de 12 de septiembre de 2007, rec. 3360/2000, en la que se confirma un supuesto en el que la sentencia de apelación «no establece esta relación causal a través de simples conjeturas, sino a partir de un juicio de probabilidad basado en un hecho objetivo como es la omisión por parte del centro hospitalario de los medios que debieron ponerse al alcance del enfermo».

La STS de 4 de diciembre de 2007, rec. 4051/2000, relata un caso de contagio posttransfusional de hepatitis C y declara que «[...] el tribunal de apelación aporta argumentos aptos para considerar que existe un grado de probabilidad cualificada suficiente para establecer el nexo de causalidad con arreglo al canon que en casos similares ha sido adoptado por la jurisprudencia de esta Sala».

Teoría de la imputación objetiva en negligencias médicas

La STS de 14 de febrero de 2006 aplica el principio de imputación objetiva a la responsabilidad del profesional médico en un caso de salpingectomía por error de diagnóstico declarando que : «[...] la imputación objetiva al recurrente [...] de las consecuencias de la extirpación total de la trompa izquierda practicada por otro médico que realizó una valoración laparoscópica inexacta apoyándose en la ecografía que constaba en el historial clínico de la paciente [...] significa, sin más fundamento que ser anteriores en el tiempo y constituir eslabones en el curso de los acontecimientos que condujo al resultado, un regreso a conductas anteriores de otros sujetos, en este caso el médico recurrente que practicó el legrado, en el momento de cuya realización, sin intervención en el curso posterior de la paciente, no podía preverse racionalmente el resultado final producido, relacionado directamente con un error en el diagnóstico posterior y, por ello, anudado causalmente y de manera más inmediata a la negligencia posterior de otro facultativo.»

»Este retroceso no es admisible en la labor de integración del nexo causal desde el punto de vista jurídico, que debe realizarse manteniendo un grado de proximidad razonable, aceptable en términos de Derecho, y adecuado a las reglas de experiencia sobre la posibilidad de previsión de las consecuencias[...]»" Se refieren también a la eliminación (en la aplicación del principio de imputación objetiva) de conductas lejanas al nexo causal, apreciadas fundando el reproche exclusivamente en la evolución posterior, las SSTS de 15 de febrero de 2006 y 7 de mayo de 2007, rec. 1871/2000.

Diferencia entre negligencias médicas acontecidas entre tratamientos ginecológicos voluntarios y tratamientos ginecológicos necesarios

La diferencia entre los tratamientos voluntarios y necesarios es que los primeros se realizan por “placer", es decir no corre riesgo la vida del paciente cuando decide someterse a ellos, por ejemplo en una vaginoplastia .

La más reciente jurisprudencia mantiene la diferencia entre medicina satisfactiva y medicina necesaria, concretamente a efectos de responsabilidad en vía judicial, es que la primera exige un mayor rigor en el deber de información a paciente. Se rechaza que sea una característica general de la medicina satisfactiva, frente a la medicina necesaria, la garantía de la obtención del resultado.

En la STS de 21 de octubre de 2005 se declara lo siguiente “En cuanto a tal aspecto del "thema decidendi" hay que descartar, en primer lugar, que haya existido un "aseguramiento del resultado" por el médico a la paciente, el cual no resulta de la narración fáctica de la resolución recurrida, ni cabe deducirlo del hecho de que nos hallemos ante un supuesto de cirugía estética." Esta línea es confirmada por la STS de 22 de noviembre 2007, rec. 4358/2000, la cual alega que“Los actos de medicina voluntaria o satisfactiva no comportan por sí la garantía del resultado perseguido, por lo que sólo se tomará en consideración la existencia de un aseguramiento del resultado por el médico a la paciente cuando resulte de la narración fáctica de la resolución recurrida (así se deduce de la evolución jurisprudencial, de la que son expresión las SSTS 25 de abril de 1994, 11 de febrero de 1997, 7 de abril de 2004, 21 de octubre de 2005, 4 de octubre de 2006 y 23 de mayo de 2007) ".

El problema que nos encontramos en el día a día es que hay determinadas operaciones en las que es casi imposible determinar la voluntariedad o no del acto, tal y como sucede en la STS de 20 de noviembre de 2009, RC n.º 1945/2005, la cual trata sobre el fracaso de un tratamiento de infertilidad y en la misma se debate si el mismo es algo voluntario, ya que no es una urgencia de salud, o algo necesario, ya que evita futuros problemas psicológicos o de salud reproductiva.

En ella se aborda la cuestión relativa al aseguramiento del resultado en la medicina satisfactiva: «Lo que pretende la recurrente es incardinar el tratamiento de infertilidad llevado a cabo en un supuesto de medicina satisfactiva, con obligación de resultados, y a partir de ello obtener las conclusiones favorables a su interés, incluso alterando las conclusiones probatorias de la sentencia, lo que no es posible. Es cierto que, en principio y sin perjuicio de las características de cada caso, la persona que se somete a una determinada intervención o manipulación médica, sea de la naturaleza que sea, lo hace impulsada por un estado patológico que pretende corregir en cuyo tratamiento puede verse afectada la salud, pero sin que el resultado sea una consecuencia necesaria del mismo.

La realidad social y médica de la ginecología y de la medicina, en general, imponen soluciones distintas de tal forma que con independencia de que pueda existir una clara actividad médica tendente a subsanar unas patologías concretas, de evidente carácter curativo -azoospermia y déficit de maduración ovular-, ambas generadoras de incapacidad de reproducción, la distinción entre obligación de medios y de resultados ("discutida obligación de medios y resultados", dice la STS 29 de junio 2007), no es posible mantener en el ejercicio de la actividad médica, salvo que el resultado se pacte o se garantice, incluso en los supuestos más próximos a la llamada medicina voluntaria que a la necesaria o asistencial, cuyas diferencias tampoco aparecen muy claras en los hechos, sobre todo a partir de la asunción del derecho a la salud como una condición de bienestar en sus aspectos, psíquicos y social, y no sólo físico, en la que se incluye el desarrollo de capacidades como la de tener un hijo, previniendo y solucionando problemas de salud reproductiva.


Si considera que ha sido víctima de una negligencia en el parto, póngase en contacto con nosotros. Los abogados y peritos de Legalik le ayudarán a defender sus intereses tanto en vía administrativa como judicial, como mejor proceda en derecho. LLámenos gratis o rellene el formulario adjunto contándonos su caso y el experto en negligencias en el parto de ABOGANEGLIGENCIA más cercano a usted le contactará a la mayor brevedad
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