Reclamación patrimonial previa a la administración por negligencia en hospital publico

Abogados expertos en reclamacion patrimonial previa en vía administrativa por negligencia médica

Abogados especialistas en negligencias y mala praxis medicas - Primera valoracion gratuita
Abogados expertos en reclamación patrimonial previa dministrativa por negligencia médica en hospital público. Vía administrativa y judicial
En que consiste la responsabilidad administrativa por negligencia medica
A diferencia de lo que sucede en una reclamación por responsabilidad en vía penal o civil, aquí no es necesario probar que el facultativo ha incurrido en una falta profesional, simplemente debemos probar la existencia de un daño y de un posible nexo causal entre éste y la actuación del médico.

¿ En que consiste la responsabilidad administrativa por una negligencia médica?
Pasos a seguir en una reclamación administrativa por negligencia médica

Reclamación patrimonial previa a la administración por negligencia en hospital publico
Abogados especialistas en reclamacion de indemnización por responsabilidad administrativa por negligencia médica en hospital público. Pasos a seguir.

Si usted desea hacer una reclamación por negligencia médica por la vía administrativa, debe saber que ésta no se realiza ante el médico que cometió la negligencia sino ante la Administración competente para solventar su problema, siendo ésta la de los Servicios de Salud Autonómicos, ya que las competencias en materia de sanidad en nuestro país están cedidas a las distintas Comunidades Autónomas.

A diferencia de lo que sucede en una reclamación por responsabilidad en vía penal o civil, aquí no es necesario probar que el facultativo ha incurrido en una falta profesional, simplemente debemos probar la existencia de un daño y de un posible nexo causal entre éste y la actuación del médico.

Estos trámites aparecen recogidos en el Real Decreto 429/1993 de 26 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Publicas en materia de responsabilidad patrimonial.

Cuando se produce una negligencia o mala praxis médica en la cual puede resultar responsable la Administración, en primer lugar, nuestros abogados especialistas en derecho sanitario proceden a la presentación de una reclamación previa en vía administrativa ante el Servicio de Salud correspondiente. Una vez recibida la misma, la Administración nos resolverá sobre su pertinencia. Por lo tanto, la solicitud puede ser estimada o desestimada.

Si en un plazo de 6 meses no se obtiene respuesta, la pretensión se entiende desestimada y se podrá recurrir directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativo (artículos 142 y 143 Ley 30/92).

Existen dos tipos de reclamaciones en vía administrativa, la ordinaria y la abreviada, en función a la facilidad de poder demostrar la relación de causalidad entre el funcionamiento del centro público y su lesión.

Para utilizar el procedimiento abreviado, tal y como recoge el artículo 143 de la Ley 30/1992 “Iniciado el procedimiento general, cuando sean inequívocos la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, el órgano competente podrá acordar la sustanciación de un procedimiento abreviado, a fin de reconocer el [nderecho a la indemnización en el plazo de treinta días”,] de lo contrario utilizaremos el procedimiento ordinario.

Es importante recordar que el plazo de prescripción de esta acción será de un año desde que se produzca el daño o desde que éste se estabilice o finalice en caso de ser un daño continuado como podría ser por ejemplo la mala cura de una herida.

Por ello si sospecha que ha sufrido error o mala praxis médica no dude en contactar con nosotros. Así en la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre 2004 (RJ 2005\1597) en la que se le producen daños irreversibles (meningitis) a un paciente por la realización de la prueba errónea para determinar qué le pasaba, ya que le realizaron una prueba radiológica con contraste en lugar de un TAC.

Se considera culpable a la Administración ya que el hospital al que acudió carecía de dicho medio de diagnóstico debiendo haber remitido al paciente a otro hospital del “INSALUD” si consideraban que carecían de medios para solventar su enfermedad. En este caso había pasado más de un año pero si las lesiones irreversibles o son susceptibles de empeorar, y como sucedió en este caso van a peor, se puede ejercitar la acción aunque haya transcurrido más de 1 año desde la incapacidad permanente ya que el año empieza a contar desde que cesan los efectos del daño causado.

Conforme a la documentación presentada ante el órgano competente, este determinará si existe una relación de causalidad entre el daño producido y el funcionamiento del servicio público. Si dicho órgano entiende que existe esa relación de causalidad se dará lugar a la pertinencia de la indemnización.

Para poder determinar el citado nexo de causalidad y si tuviera dudas, el equipo de ABOGANEGLIGENCIA cuenta con peritos colaboradores que le ayudarán a entender primero si dicha negligencia pudiera haberse producido y de así estimarlo preparar los informes periciales pertinentes necesarios para su defensa en la sede pertinente.

La responsabilidad patrimonial de la administración aparece recogida en numerosos textos legales ya que cada vez se busca una mayor protección para la parte más desprotegida, siendo en este caso en paciente frente al hospital.

La Constitución recoge en su artículo 106.2 que “Los particulares, en los términos establecidos en la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por cualquier lesión que sufran en cualquiera de sus derechos y bienes, excepto en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

Deduciendo del citado párrafo constitucional que la administración debe indemnizar al paciente de un hospital público que, salvo casos de fuerza mayor, ve dañadas sus pretensiones y sufre un perjuicio.

También aparece recogido en la Ley 4/1999 que modifica la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, concretamente en los artículos 139- 146.

La doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo establece que “…. Hemos de partir de que la viabilidad de la declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración requiere conforme a lo establecido en el art. 139 LRJAPAC:

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.

c) Ausencia de fuerza mayor.

d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportal el daño cabalmente causado por su propia conducta.”

La base tomada por los Tribunales para determinar si existe dicha responsabilidad es la Lex Artis. Así, a título meramente ilustrativo, puede citarse la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2011, recurso de casación nº 4037/2006, que manifiesta “A ello debe unirse la muy consolidada línea jurisprudencial mantenida por el Tribunal Supremo, en STS como las de 19.7.2004, 14.10.2002, 22.12.2001, 7.6.2001, (y que resulta también de la Doctrina del Consejo de Estado) según la cual, en las reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la "lex artis" como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente.

Así pues, sólo en el caso de que se produzca una infracción de dicha "lex artis" respondería la Administración de los daños causados; en caso contrario, dichos perjuicios no son imputables a la Administración y no tendrían la consideración de antijurídicos por lo que deberían ser soportados por el perjudicado.

Y también hemos dicho que el criterio de la " lex artis " es un criterio de normalidad de los profesionales que permite valorar la corrección de los actos médicos y que impone al profesional el deber de actuar con arreglo a la diligencia debida o "lex artis".

Este criterio es fundamental, pues permite delimitar los supuestos en los que verdaderamente puede haber lugar a responsabilidad exigiendo que no sólo exista el elemento de la lesión sino también la infracción de dicha "lex artis".

De exigirse sólo la existencia de la lesión se produciría una consecuencia no querida por el ordenamiento como sería la excesiva objetivación de la responsabilidad al poder declararse la responsabilidad con la única exigencia de la existencia de la lesión efectiva sin la exigencia de la demostración de la infracción del criterio de normalidad representado por la "lex artis".

Y todo ello sobre la base de la aplicación de criterios de causalidad adecuada a la hora de determinar dicha relación de causalidad entre el daño producido y la actuación desempeñada (STS de 28.11.1998, SAN de 24.5.2000, por todas)”.

Si finalmente se demuestra que usted ha sufrido un daño por culpa del mal funcionamiento de un centro sanitario público, será la Administración la que pague su indemnización de acuerdo con la cuantía valorada.

Esta indemnización se calculará según los criterios establecidos en el Baremo de Accidentes de Tráfico de la Ley 30/95 de 8 de Noviembre, actualizándose la misma anualmente.

El Tribunal Supremo recoge en su sentencia de 17 de febrero de 2006 que “no hay responsabilidad directa del funcionario público (que causó el daño), sino tan sólo una acción de regreso ante la propia Administración”, esto viene a decir que ante un daño producido en un centro sanitario será la Administración la que nos pague la indemnización sin perjuicio de que ésta posteriormente, de oficio, pueda ejercer la acción de regreso contra el facultativo que haya actuado con dolo o culpa grave. La acción de regreso se recoge en los artículos 145-146 de la Ley 30/1992 y aparece también reflejada en la Ley 4/1999.

Un ejemplo de ello lo podemos ver en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 28 de agosto de 2005 (JUR 2006\131364) que recoge que la “responsabilidad patrimonial de la Administración derivada del fallecimiento de una paciente tras practicarle una colonoscopia.

La responsabilidad de la Administración es objetiva. Antijuridicidad del daño para afirmar la responsabilidad de la Administración. En caso de muerte, la indemnización a los familiares más cercanos excluye la de los más lejanos. El daño moral se calcula atendiendo a la edad y el vínculo con el fallecido.”.

Elementos de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública en supuestos de negligencia médica


1.Debe existir una lesión en la que se fundamente la demanda.


Ha de ser un daño efectivo y real que pueda probarse; evaluable económicamente, lo que no quiere decir que se excluyan los daños psíquicos o morales; daño individualizado en una persona o grupo de personas en el que se pueda identificar a cada uno de sus componentes, no siendo válido afirmar que daña a “todos” los ciudadanos.

Un ejemplo de lo que se debe entender por daño evaluable económicamente, ya que este concepto presenta serias dudas, lo podemos observar en la Sentencia del Tribunal Supremo del 16 de Febrero de 2002 (RJ 2002\3336) la cual recoge que un particular sufre un accidente durante la clase de educación física.

Éste tiene que recibir un tratamiento médico y posteriormente la Administración le indemniza por ellos y además le abonan la cuota del club deportivo. El TS considera suficiente la prueba del hecho de que se haya producido un daño físico para posteriormente acreditar un daño moral, razón por la cual le otorgó una indemnización en concepto de daños psicológicos.

Otro ejemplo, esta vez de lo que entendemos por daño individualizado, lo tenemos en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 12 de marzo de 2002 (RJ 2002\2997) en la que una mujer es mal atendida en el parto, sufriendo ésta fuertes daños y causándole la muerte a su hija.

El Tribunal Supremo le da la razón a la demandante alegando que la Administración debe responder ya que de su actuación se deriva un daño efectivo (daños físicos y la muerte de la niña), evaluable e individualizado que esta particular no tenía el deber jurídico de soportar.

2. El daño debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.


El daño debe ser producido por una Administración y, subjetivamente, por un funcionario o personal dependiente de la misma.

3. Nexo causal entre la actuación del personal sanitario y el daño sufrido.


En principio la prueba del nexo causal corresponde al demandante, a no ser que la Administración alegue que el daño se produjo por fuerza mayor, en cuyo caso le corresponderá a ésta demostrarlo.

Así por ejemplo, podemos ver en la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2004 que un particular sufre unas lesiones tras haber sido operado de una artroscopia de rodilla derecha.

El demandante tuvo que probar el nexo causal entre la operación “mal hecha” y las posteriores lesiones de su rodilla. Finalmente el TS desestima su recurso por falta de prueba del citado nexo causal ya que considera que la Administración Sanitaria realizó la operación de forma diligente.

Otra sentencia referente a la existencia del nexo causal la vemos en la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril de 2002 (RJ 2002\5433) en la que se le producen a un paciente unos daños causados por la demora del informe y análisis médico necesarios para la aplicación del tratamiento adecuado.

El TS considera que sí existe conexión directa entre la demora causada por el hospital público y el daño sufrido.

El nexo de causalidad no será aplicable cuando se trate de casos de fuerza mayor o cuando haya habido culpa exclusiva de la víctima, como recoge la Sentencia del Tribunal Supremo del 19 de diciembre de 2002 (RJ 2002\10964) en la que relatan que un particular se lanza de cabeza desde una plataforma situada en la playa y sufre fuertes lesiones.

El TS entiende que es culpa de la víctima ya que la Administración había señalizado la poca profundidad, por lo que éste debería haber previsto la peligrosidad de lanzarse. No existe en este caso responsabilidad del servicio público.

Responsabilidad del personal de la Administración en supuestos de negligencia médica


De acuerdo con lo establecido en los artículos 145 y 146 de la Ley 30/1992 al personal al servicio de las Administraciones Públicas, en este caso personal sanitario durante su turno de trabajo, se le puede exigir tanto responsabilidad penal como responsabilidad civil, derivada de sus actos.

Para demandar por responsabilidad penal habrá que actuar de forma conjunta contra el sanitario responsable del daño y contra la Administración.

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 145 de la Ley 30/92, para actuar por otra vía distinta de la penal, es decir para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial, los particulares pueden actuar directamente contra el Servicio Sanitario correspondiente.

Como anteriormente comentamos, una vez haya sido indemnizado el particular por parte del Estado, el Servicio Sanitario (de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/1999) podrá interponer la acción de repetición contra el sanitario que hubiese causado el daño si hubiera actuado dolosamente o por culpa o negligencia grave

Debe recordar que el inicio del procedimiento en vía administrativa es una opción no especialmente gravosa económicamente, por lo que es una buena opción a valorar.

Ante cualquier duda, si hubiera sido usted o algún familiar o amigo víctima de una negligencia médica en un hospital público, contacte inmediatamente con los profesionales de ABOGANEGLIGENCIA el equipo de abogados y peritos expertos en denuncias por negligencias médicas de Legalik Central de Servicios Jurídicos

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