Abogados derecho laboral e internet

Derecho laboral e internet

Abogados penalistas expertos en Derecho Penal. Defensa. Acusación particular. Asistencia a detenidos en comisaría o Juzgados. Juicios
Abogados penalistas especialistas en derecho laboral e internet . Actuaciones laborales y delitos cometidos por internet
Son cada más habituales aquellas sentencias en el ámbito laboral que dan lugar a despidos por haber tenido la empresa donde se desarrolla la prestación laboral, conocimiento de determinadas actividades de sus trabajadores o trabajadoras en internet, tales como consultar durante su horario de trabajo correo electrónico personal, chatear o visitar páginas pornográficas, empleando para ello las infraestructuras de la empresa.

¿Tiene dudas sobre su empresa respeta su derecho a la intimidad?
¿Le amenazan penalmente en su empresa?

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Abogados penalistas especialistas en derecho laboral e internet . Actuaciones laborales y delitos cometidos por internet. Son cada más habituales aquellas sentencias en el ámbito laboral que dan lugar a despidos por haber tenido la empresa donde se desarrolla la prestación laboral, conocimiento de determinadas actividades de sus trabajadores o trabajadoras en internet, tales como consultar durante su horario de trabajo correo electrónico personal, chatear o visitar páginas pornográficas, empleando para ello las infraestructuras de la empresa.

Este tipo de casos nos hace cuestionarnos hasta qué punto las empresas están facultadas para acceder a las actividades de su empleados o empleadas en la red durante el horario de trabajo, y si ello puede ser constitutivo de un delito de descubrimiento y revelación de secreto del artículo 197.1 del Código Penal, cuya conducta típica en estos casos consistirá en descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, apoderándose de sus mensajes de correo electrónico o interceptando sus telecomunicaciones.

Parece muy legítimo por parte de éstas poder controlar que las instalaciones de la empresa se utilicen exclusivamente para fines relacionados con ella, lo cual mejora el rendimiento, pero no debemos olvidar que el control excesivo de la actividad de los trabajadores o trabajadoras puede dar lugar a intromisiones ilegítimas en su vida privada, que atentan contra los derechos a la intimidad personal y al secreto de las comunicaciones recogidos en el artículo 18 de nuestra Constitución, ya que en principio, parece que la única intervención legítima es aquella que se realiza con autorización judicial, en el ámbito de una investigación criminal, atendiendo siempre a los criterios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida (artículo 588 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)
.
No obstante, se debe de tener en cuenta igualmente el reglamento interno que cada empresa tenga en cuanto al uso de las telecomunicaciones en la empresa y el cumplimiento que haya hecho del mismo el empleado o empleada.

El Tribunal Constitucional, ha resulto esta cuestión en diversas sentencias. Así, ha puesto de manifiesto que la celebración de un contrato de trabajo no implica en modo alguno la privación para una de las partes de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano (Sentencia del Tribunal Constitucional nº38/1981 de 23 de noviembre). Ello no supone, no obstante, que tales derechos fundamentales no estén sujetos a límites, sino que estos han de ejercitarse respetando otros derechos igualmente protegidos por el texto constitucional, en este caso el derecho a la libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución Española, según el cual:

"Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación."

El conflicto se daría entre el derecho a la intimidad y a la productividad empresarial. Para resolver cualquier conflicto entre derechos constitucionalmente protegidos, se suele aplicar el principio de proporcionalidad e intervención mínima. Ha de optarse siempre por la opción que sea menos lesiva para cualquiera de los derechos en conflicto.

Según el Tribunal Supremo las medidas de control de los medios informativos puestos a disposición del trabajador para ejecutar su trabajo se encuentran en principio, dentro del ámbito normal de los poderes empresariales y el empresario tiene facultades de control en la utilización de estos medios. Todo ello en virtud del artículo 20.3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, según el cual:

"El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso (...)"

El uso de los medios electrónicos de la empresa para uso personal puede considerarse igualmente abuso de confianza, lo cual es una modalidad de la transgresión de la buena fe contractual consistente en un mal uso o en un uso desviado por parte del trabajador de las facultades que se le confiaron con lesión o riesgo para los intereses de la empresa (Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1991 y de 25 de febrero de 1984
entre otras).

El Tribunal Supremo (Sentencia de 19 de junio de 2006) ha entendido igualmente que el control del uso de correo electrónico corporativo para fines personales, no supone la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secreto, en la medida en la que no se tiene como objetivo la vulneración de la intimidad, sino simplemente controlar el buen funcionamiento de la empresa.

Por otro lado, también dentro del ámbito laboral pueden cometerse delitos relativos al descubrimiento y revelación de secreto en los siguientes casos:

-Cuando fuera de los casos permitidos por la ley, un funcionario público, valiéndose de su cargo cometa los actos de descubrimiento y revelación de secreto utiilizando medios electrónicos. Un ejemplo es el de un funcionario que revela los antecedentes penales de otras personas, los cuales son privados en virtud del artículo 136 del Código Penal (Sentencia del Tribunal Supremo 713/2003 de 16 de mayo). Ello se tipifica en el artículo 198 del Código Penal.

-Vulneración por medios electrónicos, de la obligación de secreto profesional en determinadas profesiones (abogados, médicos...) La conducta consiste en revelar a terceros hechos concernientes a la vida privada de personas con las que tenga contacto el autor del delito por razón de su profesión, y sobre que tiene el deber de guardar sigilo, por respeto a la intimidad de sus clientes. Esta conducta se recoge en el artículo 199 del Código Penal.
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