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Abogados juicios rápidos

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Abogados penalistas expertos en defena penal en juicios rápidos
Los juicios rápidos penales, se caracterizan, por la rapidez y agilidad de su tramitación, por ello en la fase instrucción se fortalecen las funciones de la policía judicial y se concentra la investigación en el Juzgado de Guardia. Se aplican solo a determinados delitos, con determinadas penas y en ciertas circunstancias reguladas

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Abogados penalistas de juicios rápidos. Los juicios rápidos, se caracterizan como su propio nombre indica, por la rapidez y agilidad de su tramitación, para lo cual, a lo largo de la fase instrucción se fortalecen las funciones de la policía judicial y se concentra la investigación en el Juzgado de Guardia. También existe la posibilidad de acortar y finalizar anticipadamente el procedimiento mediante la conformidad del acusado consiguiendo a cambio una reducción de la condena.

I Regulación normativa del juicio rápido


El proceso penal del juicio rápido, se recoge en el Libro IV "De los procesos especiales" de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, dentro de su Título III "Del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos" (artículos 795 a 802). El procedimiento abreviado funciona como forma supletoria del juicio rápido para todo lo no previsto en lo establecido anteriormente.

El juicio rápido ha sido objeto de modificación a través de las siguientes normas de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

-Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, que introduce por primera vez el denominad "juicio rápido"

-Ley 38/2002, de 24 de octubre y Ley Orgánica 8/2002, de 24 de octubre de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado.

II Delitos a los que se aplica el juicio rápido

En cuanto a lo que se refiere a su ámbito de aplicación, el juicio rápido sólo podrá aplicarse si se trata de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su cuantía.

Será preciso además que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial o que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial.

Adicionalmente, deberá darse alguna de las siguientes circunstancias:

1) Que se trate de delitos flagrantes.

2) Que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumible que será sencilla.

3) Delitos en los que procede Juicio rápido:

Juicio rápido para delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.

Dicho artículo hace referencia a quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados.

Juicios rápidos por coacciones, las amenazas y el maltrato son delitos contra libertad regulados en el Título VI del Libro II del Código Penal, dentro de los artículos 169 a 173.

Las lesiones atentan contra la integridad física de las personas, y se recogen dentro del Título III en los artículos 147 a 156 ter.

Juicios rápidos en delitos de hurto, robo y robo de uso de vehículos.

Se trata de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, que se regulan en el Título XIII del Libro II del Código Penal, en los artículo 234 a 242 y en el artículo 244.

juicios rápidos en delitos contra la seguridad vial

Los juicios rápidos por delitos contra la seguridad vial se regulan dentro del Título XVII, relativo a los delitos contra la seguridad colectiva del Código Penal, en los artículos 379 a 385 ter. El más frecuente con diferencia es el juicio rápido por alcoholemia positiva.

Juicio rápido en delitos de daños del artículo 263 del Código Penal.

Hace referencia al delito de daños genérico, en el sentido de que no se recoja como daño específica en ningún otro artículo. Se trata de un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico perteneciente al Título XIII del Libro II del Código Penal.

Juicio rápido para delitos relacionados con el narcotráfico del artículo 368.2 del Código Penal.

Se trata de un delito contra la salud pública, del Título XVII, relativo a los delitos contra la seguridad colectiva. Implica ejecutar actos de cultivo, elaboración o tráfico, o promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o poseerlas con aquellos fines.

Juicios rápidos en delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial relativos a:

a) Reproducción, plagio, distribución, comunicación pública o explotación económica de obras de propiedad intelectual del artículo 370 del Código Penal.

También se castiga en este precepto los actos de piratería informática contra la propiedad intelectual cometidos por aquellos que faciliten contenidos ilícitos o medios para conseguirlos.

b) Delitos relativos a la vulneración de derechos de propiedad industrial de los artículos 273, 274 y 275 del Código Penal.

Hacen referencia a la falsificación de productos o signos distintivos protegidos por una patente o una marca registrada, a la comercialización y venta ambulante u ocasional de los productos falsificados, a la explotación u obtención ilícita de variedades vegetales registradas y al tráfico económico fraudulento de denominaciones de origen.

III Esquema y fases procedimentales en el juicio rápido penal



Al igual que cualquier otro proceso, dentro del juicio rápido cabe distinguir las siguientes tres fases:

1. Fase de instrucción del juicio rápido

Esta fase se desarrolla de forma especial para el juicio rápido, bajo la supervisión y dirección del correspondiente Juzgado de Guardia de Instrucción. A lo largo de la misma de practicarán por la Policía Judicial las diligencias de investigación generales aplicables a cualquier tipo de procedimiento penal, en el tiempo imprescindible, y en todo caso durante el tiempo de la detención, las siguientes diligencias:

1) Solicitará del facultativo o del personal sanitario que atendiere al ofendido copia del informe relativo a la asistencia prestada para su unión al atestado policial.

2 ) Solicitará la presencia del médico forense cuando la persona que tuviere que ser reconocida no pudiera desplazarse al Juzgado de guardia durante el servicio de guardia del Juzgado de Instrucción.

3) Informará a la persona a la que se atribuya el hecho, aun en el caso de no procederse a su detención, del derecho que le asiste de comparecer ante el Juzgado de guardia asistido de abogado.

Si el interesado no manifestare expresamente su voluntad de comparecer asistido de abogado, la Policía Judicial recabará del Colegio de Abogados la designación de un letrado de oficio.

4) Realizará las citaciones, fijando el día y la hora de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de guardia. Si la urgencia lo requiriere, las citaciones podrán hacerse por cualquier medio de comunicación, incluso verbalmente, sin perjuicio de dejar constancia de su contenido en la pertinente acta. Las citaciones a realizar por la Policía Judicial son las siguientes:

-Citará a la persona que resulte denunciada en el atestado policial para comparecer en el Juzgado de guardia en el día y hora que se le señale, cuando no se haya procedido a su detención.

Se le apercibirá de que si no comparece la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención.

-Citará también a los testigos para que comparezcan en el Juzgado de guardia en el día y hora que se les indique.

No será necesaria la citación de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hubieren intervenido en el atestado cuando su declaración conste en el mismo.

-Citará para el mismo día y hora a las entidades a que se refiere el artículo 117 del Código Penal, en el caso de que conste su identidad.

Tal artículo hace referencia a posibles responsables civiles como las compañías de seguros.

5) Remitirá al Instituto de Toxicología, al Instituto de Medicina Legal o al laboratorio correspondiente las sustancias aprehendidas, cuyo análisis resulte pertinente.

6) Realizará las correspondientes pruebas para detectar la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en los conductores de vehículos a motor y ciclomotores

7) Si no fuera posible la remisión al Juzgado de guardia de algún objeto que debiera ser tasado, se solicitará inmediatamente la presencia del perito o servicio correspondiente para que lo examine y emita informe pericial, que podrá ser emitido oralmente ante el Juzgado de guardia.

Cuando la Policía Judicial tuviera conocimiento de la comisión de un hecho incardinable en alguna de las circunstancias referentes al ámbito de aplicación del juicio rápido, respecto del cual, no habiendo sido detenido ni localizado el presunto responsable, fuera no obstante previsible su rápida identificación y localización, continuará las investigaciones iniciadas, que se harán constar en un único atestado, el cual se remitirá al Juzgado de guardia tan pronto como el presunto responsable sea detenido o citado y, en cualquier caso, dentro de los 5 días siguientes.

El Juzgado de guardia, tras recibir el atestado policial, junto con los objetos, instrumentos y pruebas que, en su caso, lo acompañen, incoará, si procede, diligencias urgentes. Contra este auto de incoación no cabe interponer recurso alguno. La práctica de las mencionadas diligencias urgentes implica:

1) Recabar por el medio más rápido los antecedentes penales del detenido o persona imputada.

2) Si fuere necesario para la calificación jurídica de los hechos imputados:

a.Recabar de no haberlos recibido, los informes periciales solicitados por la Policía Judicial.

b. Ordenar cuando resulte pertinente y proporcionado, que el médico forense, si no lo hubiese hecho con anterioridad, examine a las personas que hayan comparecido a presencia judicial y emita el correspondiente informe pericial.

c. Ordenar la práctica por un perito de la tasación de bienes u objetos aprehendidos o intervenidos y puestos a disposición judicial, si no se hubiese hecho con anterioridad.

3) Tomar declaración al detenido puesto a disposición judicial o a la persona que resulte imputada por los términos del atestado,

Para ello se le informará al imputado, en la forma más comprensible, de los hechos que se le imputan, y de sus derechos por el Letrado de la Administración de Justicia, quien también le requerirá para que designe un domicilio en España, en el que se harán las notificaciones, o una persona que las reciba en su nombre.

4) Tomar declaración a los testigos citados por la Policía Judicial que hayan comparecido.

La falta de comparecencia de cualquier testigo podrá sancionarse con multa de 200 a 5.000 €. Si el testigo persiste en su resistencia, será conducido a la presencia del Juez instructor por los agentes de la autoridad, y perseguido por el delito de obstrucción a la justicia tipificado en el artículo 463.1 del Código Penal.

Se practicará el reconocimiento en rueda del imputado, de resultar pertinente y haber comparecido el testigo y se ordenará, de considerarlo necesario, el careo entre testigos, entre testigos e imputados o imputados entre sí.

5) Ordenar la citación, incluso verbal, de las personas que considere necesario que comparezcan

A estos efectos, no procederá la citación de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hubieren intervenido en el atestado cuya declaración obre en el mismo, salvo que, excepcionalmente y mediante resolución motivada, se considere imprescindible su nueva declaración.

6) Ordenar la práctica de cualquier diligencia pertinente que pueda llevarse a cabo en el acto o dentro del plazo del servicio de guardia del Juzgado de Instrucción.

Cuando por razón del lugar de residencia de un testigo o víctima o por otro motivo, fuere de temer razonablemente que una prueba no podrá practicarse en el juicio oral, o pudiera motivar su suspensión, el Juez de guardia practicará inmediatamente la misma, en lo conocido como "práctica de prueba anticipada" asegurando, en todo caso, la posibilidad de contradicción de las partes.

2. Fase intermedia en el juicio rápido

Una vez incoadas diligencias urgentes, el Juez de Guardia dispondrá que se dé traslado de copia del atestado y de cuantas actuaciones se hayan realizado o se realicen. A continuación, el Juez oirá a las partes personadas y al Ministerio Fiscal.

En este mismo momento, las partes acusadoras y el Ministerio Fiscal podrán solicitar cualesquiera medidas cautelares frente al investigado o, en su caso, frente al responsable civil, sin perjuicio de las que se hayan podido adoptar anteriormente.

Una vez oídas las partes, el Juez de guardia dictará resolución con alguno de estos contenidos:

a) Podrá estimar procedente el sobreseimiento libre o el sobreseimiento provisional, o archivar el proceso y remitirlo al Tribunal competente en el caso de que todos los imputados sean menores de edad penal o de que el hecho estuviere atribuido a la jurisdicción militar en cuyo caso dictará el correspondiente auto de finalización del proceso.

Transcurridos 5 días desde la comunicación del sobreseimiento, se entenderá que ha sido efectuada válidamente y desplegará todos sus efectos. Las víctimas tendrán entonces un plazo de 20 días para recurrir tal decisión, aunque no se hubieran mostrado como parte en la causa.

b) En el caso de que considere insuficientes las diligencias practicadas, ordenará que el procedimiento continúe como diligencias previas del procedimiento abreviado.

El Juez deberá señalar motivadamente cuáles son las diligencias cuya práctica resulta necesaria para concluir la instrucción de la causa o las circunstancias que lo hacen imposible.

c) En el caso de que considere suficientes las diligencias practicadas, dictará auto en forma oral, que deberá documentarse y no será susceptible de recurso alguno, ordenando la continuación del procedimiento.

En el mismo acto oirá al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que se pronuncien sobre si procede la apertura del juicio oral o el sobreseimiento y para que, en su caso, soliciten o se ratifiquen en lo solicitado respecto de la adopción de medidas cautelares.

En todo caso, si el Ministerio Fiscal y el acusador particular, si lo hubiera, solicitaren el sobreseimiento, el Juez lo acordará, excepto que concurra alguna causa de rexención de responsabilidad criminal.

Cuando el Ministerio Fiscal o la acusación particular soliciten la apertura del juicio oral, el Juez de guardia resolverá mediante auto oral lo que proceda, el cual no será susceptible de recurso alguno.

3. Fase del juicio oral y posibilidad de conformidad en el juicio rápido

Decretada la apertura del juicio oral, si no se hubiere constituido acusación particular, el Ministerio Fiscal presentará de inmediato su escrito de acusación, o formulará esta oralmente.

El acusado, a la vista de la acusación formulada, podrá en el mismo acto prestar su conformidad con dicha acusación. Si el acusado presta su conformidad, es necesario que para ello se cumplan las siguientes condiciones:

1) En el supuesto de que no se hubiere constituido acusación particular, que cuando el Ministerio Fiscal hubiere solicitado la apertura del juicio oral y, así acordada por el Juez de guardia, aquel hubiere presentado en el acto escrito de acusación.

2) Que los hechos objeto de acusación hayan sido calificados como delito castigado con pena de hasta 3 años de prisión, con pena de multa cualquiera que sea su cuantía o con otra pena de distinta naturaleza cuya duración no exceda de 10 años.

3) Que, tratándose de pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma de las penas solicitadas no supere, reducida en un tercio, los 2 años de prisión.

El Juzgado de guardia realizará el control de la conformidad en el sentido de valorar si resulta correcta tanto la calificación como la pena, y en su caso, dictará oralmente sentencia de conformidad, sentencia en la que impondrá la pena solicitada por las partes reducida en un tercio. Si el Fiscal y las partes personadas expresasen su decisión de no recurrir, el Juez, en el mismo acto, declarará oralmente la firmeza de la sentencia y, si la pena impuesta fuera privativa de libertad, resolverá lo procedente sobre su suspensión o sustitución.

Si el acusado no prestase conformidad, presentará inmediatamente su escrito de defensa o formulará ésta oralmente, procediendo entonces el Letrado de la Administración de Justicia sin más trámites a la citación de las partes para la celebración del juicio oral. El acusado podrá solicitar la concesión de un plazo para la presentación del escrito de defensa, para lo cual el Juez fijará prudencialmente el mismo dentro de los 5 días siguientes.

A continuación, se procederá al señalamiento para la celebración del juicio oral se hará en la fecha más próxima posible y, en cualquier caso, dentro de los quince días siguientes. La celebración del juicio oral es semejante a la del procedimiento abreviado conciertas especialidades.

Se requiere preceptivamente la asistencia del acusado y del abogado defensor. No obstante, si hubiere varios acusados y alguno de ellos deja de comparecer sin motivo legítimo, apreciado por el Juez o Tribunal, podrá este acordar, oídas las partes, la continuación del juicio para los restantes.

La ausencia injustificada del acusado que hubiera sido citado personalmente no será causa de suspensión del juicio oral si el Juez o Tribunal, a solicitud del Ministerio Fiscal o de la parte acusadora, y oída la defensa, estima que existen elementos suficientes para el enjuiciamiento, cuando la pena solicitada no exceda de 2 años de privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de 5 años. La ausencia injustificada del tercero responsable civil citado en debida forma no será por sí misma causa de suspensión del juicio.

El juicio oral comenzará con la lectura de los escritos de acusación y de defensa. Seguidamente, a instancia de parte, el Juez o Tribunal abrirá un turno de intervenciones para que puedan las partes exponer lo que estimen oportuno acerca de la competencia del órgano judicial, vulneración de algún derecho fundamental, existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio oral, nulidad de actuaciones, así como sobre el contenido y finalidad de la pruebas propuestas o que se propongan para practicarse en el acto.

El Juez o Tribunal resolverá en el mismo acto lo procedente sobre las cuestiones planteadas. Frente a la decisión adoptada no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de la pertinente protesta y de que la cuestión pueda ser reproducida, en su caso, en el recurso frente a la sentencia.

Antes de iniciarse la práctica de la prueba, la defensa, con la conformidad del acusado presente, podrá pedir al Juez o Tribunal que proceda a dictar sentencia de conformidad con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad, o con el que se presentara en ese acto, que no podrá referirse a hecho distinto, ni contener calificación más grave que la del escrito de acusación anterior. Si la pena no excediere de 5 años de prisión el Juez o Tribunal dictará sentencia de conformidad con la manifestada por la defensa, cuando se reúnan los requisitos adecuados y la calificación presentada por la parte acusadora se estime correcta.

En caso de que el Juez o Tribunal considerare incorrecta la calificación formulada o entendiere que la pena solicitada no procede legalmente, requerirá a la parte que presentó el escrito de acusación más grave para que manifieste si se ratifica o no en él. Solo cuando la parte requerida modificare su escrito de acusación en términos tales que la calificación sea correcta y la pena solicitada sea procedente y el acusado preste de nuevo su conformidad, podrá el Juez o Tribunal dictar sentencia de conformidad. En otro caso, ordenará la continuación del juicio.

También podrá acordar la continuación del juicio cuando, no obstante la conformidad del acusado, su defensor lo considere necesario y el Juez o Tribunal estime fundada su petición.

Únicamente serán recurribles las sentencias de conformidad cuando no hayan respetado los requisitos o términos de la conformidad, sin que el acusado pueda impugnar por razones de fondo su conformidad libremente prestada.

Para el supuesto que no exista conformidad y en cuanto a la práctica de la prueba, esta se realizará concentradamente, en las sesiones consecutivas que sean necesarias. El informe pericial podrá ser prestado solo por un perito.

Terminada la práctica de la prueba, el Juez o Presidente del Tribunal requerirá a la acusación y a la defensa para que manifiesten si ratifican o modifican las conclusiones de los escritos inicialmente presentados y para que expongan oralmente cuanto estimen procedente sobre la valoración de la prueba y la calificación jurídica de los hechos.

Cuando, en sus conclusiones definitivas, la acusación cambie la tipificación penal de los hechos o se aprecien un mayor grado de participación o de ejecución o circunstancias de agravación de la pena, el Juez o Tribunal podrá considerar un aplazamiento de la sesión, hasta el límite de 10 días, a petición de la defensa, a fin de que esta pueda preparar adecuadamente sus alegaciones y, en su caso, aportar los elementos probatorios y de descargo que estime convenientes. Tras la práctica de una nueva prueba que pueda solicitar la defensa, las partes acusadoras podrán, a su vez, modificar sus conclusiones definitivas.

4. Sentencia e impugnación del juicio rápido

Finalizada la fase del juicio oral, la sentencia del juicio rápido se dictará dentro de los tres días siguientes a la terminación de la vista, si bien el Juez de lo Penal podrá dictar sentencia oralmente en el acto del juicio, documentándose en el acta con expresión del fallo y una sucinta motivación, sin perjuicio de la ulterior redacción de aquélla.

Si el Fiscal y las partes, conocido el fallo, expresasen su decisión de no recurrir, el Juez, en el mismo acto, declarará la firmeza de la sentencia, y se pronunciará, previa audiencia de las partes, sobre la suspensión o la sustitución de la pena impuesta.

La sentencia no podrá imponer pena más grave de la solicitada por las acusaciones, ni condenar por delito distinto cuando éste conlleve una diversidad de bien jurídico protegido o mutación sustancial del hecho enjuiciado.

Cuando la instrucción de la causa hubiera correspondido a un Juzgado de Violencia sobre la Mujer el Letrado de la Administración de Justicia remitirá al mismo la sentencia por testimonio de forma inmediata. Igualmente le remitirá la declaración de firmeza y la sentencia de segunda instancia cuando la misma fuera revocatoria, en todo o en parte, de la sentencia previamente dictada.

La sentencia dictada, podrá impugnarse en apelación con carácter preferente, en un plazo de cinco días desde su notificación como firma. Posteriormente las demás partes podrán alegar lo que consideren conveniente con respecto al recurso formulado en el plazo de otros cinco días.

Podrá decidirse o no la celebración de vista para resolver el recurso. Si se celebra vista, la sentencia se dictará en los tres días siguientes a su celebración, y si no se celebrare vista, en el plazo de cinco días desde que el Tribunal que deba resolver del recurso de apelación reciba las actuaciones.

Si la sentencia del juicio rápido se dictó en ausencia del acusado, es susceptible de ser recurrida en anulación por el condenado en el mismo plazo y con iguales requisitos y efectos que los establecidos en el recurso de apelación. El plazo se contará desde el momento en que se acredite que el condenado tuvo conocimiento de la sentencia.

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