Amenazas por internet. Preguntas FAQ

Abogados amenazas por internet

Preguntas FAQ

Preguntas FAQ

¿Cómo actuar si somos víctimas de un delito de amenazas online? ¿Quién es el Juez competente para conocer de ello?


En las infracciones denominadas "a distancia" la jurisprudencia entiende que el delito se consuma en el lugar donde aquéllas se exteriorizan y llegan a su destinatario, siendo por tanto competente, con arreglo a los fueros generales de competencia el Juez cuya demarcación territorial pertenezca a este lugar.

Debemos recordar que según el artículo 171.7 del Código Penal, si se trata amenazas leves el hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, salvo que el agraviado sea alguna de las personas del 173.2, o lo que es lo mismo, que se constituya como un tipo delictivo relacionado con la violencia doméstica.

Por denuncia, en este caso, cabe entender también querella, que habremos de realizar por escrito, asistidos de procurador con poder bastante y abogado. Salvo que el querellante sea el propio ofendido, sus herederos o representantes legales, deberá prestarse la correspondiente fianza (artículo 277 y 280 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Se excluye el caso de los delitos de amenazas contenidos en el Título XXI referente a Delitos contra la Constitución, en la medida en la en que estos se casos se trata de delitos públicos que podrán perseguirse a través de denuncia.

El hecho de que las amenazas se hayan realizado online, ¿puede ser considerado como agravante de publicidad, al igual que sucede con delitos como las injurias o las calumnias?


En base al artículo 169.1º in fine: "Las penas señaladas en el párrafo anterior se impondrán en su mitad superior si las amenazas se hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o de reproducción..."

Por lo tanto, este tipo de amenazas sólo cabe considerarlas como agravadas en base a tal publicidad si entran dentro de las amenazas graves consistentes en la comisión de hechos delictivos concretos y que sean además condicionales (169.1º).

¿En qué medida podemos exigir responsabilidad a los titulares de los prestadores de servicios de la información en los delitos de amenazas por internet?

En virtud de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se establece que que los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos a la responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico, si bien la ley prevé una serie de exenciones de responsabilidad para el caso de que tales operadores hayan realizado una serie de conductas:

En el caso de operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores de acceso a una red de telecomunicaciones que presten un servicio de intermediación consistente en transmitir por una red de telecomunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar acceso a ésta no serán responsables por la información transmitida, salvo que ellos mismos hayan originado la transmisión, modificado los datos o seleccionado éstos o a los destinatarios de dichos datos.

Por su parte, los prestadores de un servicio de intermediación que transmitan por una red de telecomunicaciones datos facilitados por un destinatario del servicio y, con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros destinatarios que los soliciten, los almacenen en sus sistemas de forma automática, provisional y temporal, estarán exentos de responsabilidad responsables por el contenido de esos datos o por su reproducción temporal de los mismos, si no modifican la información, permiten el acceso a ella sólo a los destinatarios que cumplan las condiciones impuestas a tal fin por el destinatario cuya información se solicita, respetan las normas generalmente aceptadas y aplicadas por el sector respecto a la actualización de la información, no interfieren en la utilización lícita de tecnología, con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información, y retiran la información que hayan almacenado o hacen imposible el acceso a ella, en cuanto tengan conocimiento efectivo de que ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente, de que se ha imposibilitado el acceso a ella, o cuando un tribunal u órgano administrativo competente ha ordenado retirarla o impedir su acceso.

En cuanto los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, cuando no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización o si lo tienen, actúan con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.

Lo mismo es aplicable a los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda, quienes no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios, siempre que no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización o si lo tienen, actúan con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente.

Se entiende que los prestadores de servicios tienen conocimiento efectivo cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o cuando se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios así como a través de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.

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