Daños informáticos. Pena

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Pena

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Las penas pueden variar entre los seis meses a tres años del tipo básico a los dos a cinco años y multa del tanto al décuplo del perjuicio del tipo agravado cuando se den algunas de las circunstancias ya comentadas del apartado segundo del artículo 264.

Por otro lado, si los hechos se consideran de extrema gravedad, podrá imponerse la pena superior en grado (siendo ahora el límite superior, el límite superior de base de la pena señalada para el delito incrementada en la mitad de su cuantía y el límite mínimo, el límite superior de base más un día)

Si el daño consiste en la obstaculización o interrupción de un sistema informático en los supuestos del artículo 264 bis, la pena será de prisión de seis meses a tres años. Si además los hechos hubieran perjudicado de forma relevante la actividad normal de una empresa, negocio o de una Administración pública, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose alcanzar la pena superior en grado. Se da un tipo agravado, en aquellos casos en los cuales en tal obstaculización o interrupción hubiera concurrido alguna de las circunstancias que agravaban el 264, (264.2) imponiéndose con una pena de prisión de tres a ocho años y multa del triplo al décuplo del perjuicio ocasionado,

En aquellos supuestos (tanto en el 264 como en el 264 bis) en los que el delito se haya cometido empleando datos personales para acceder al sistema informático o para ganarse la confianza de un tercero, las penas también se agravan, imponiéndose en mitad superior (dividiendo los años de extensión de la pena en dos tramos)

A las personas que faciliten las conductas anteriores mediante programas informáticos o contraseñas, el artículo 264 ter las castiga con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de tres a dieciocho meses.

El artículo 264 quater, castiga a las personas jurídicas con multa de dos a cinco años o del quíntuplo a doce veces el valor del perjuicio causado, si resulta una cantidad superior, cuando se trate de delitos castigados con una pena de prisión de más de tres años; o multa de uno a tres años o del triple a ocho veces el valor del perjuicio causado, si resulta una cantidad superior, en el resto de los casos. También podrán imponerse las penas recogidas en el artículo 33.7 apartados b) a g) (disolución, suspensión de sus actividades por plazo máximo de cinco años, clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años, prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito, definitiva o temporalmente, por plazo no podrá exceder de quince años, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social también por un máximo de quince años, e intervención judicial de hasta cinco años)

Si el delito es cometido por imprudencia grave el artículo 267 castiga los daños de cuantía superior a 80.000 euros, con la pena de multa de tres a nueve meses, atendiendo a la importancia de los mismos.
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