Delito fiscal por eludir el pago de tributos

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¿Cuando se comete delito fiscal por dejar de pagar los tributos?

Delito fiscal por eludir el pago de tributos

¿En qué consiste el delito fiscal por eludir el pago de tributos?


El delito fiscal o delito contra la hacienda pública consiste en la acción u omisión de defraudar a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresar a cuenta de retribuciones en especie, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados, exceda de 120.000 euros.

El delito se puede cometer por acción u omisión, por ejemplo, tanto cuando se hace una incorrecta declaración a Hacienda como cuando se omite la misma. Cabe remarcar entonces, que la mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la defraudación.

Por todo ello, existe consumación del delito siempre que se eluda el pago tributario, es decir, cuando el impago proceda de una omisión, como en los supuestos en los que la no tributación sea consecuencia de una acción de simulación o fraude de ley.

En la modalidad de elusión del pago de tributos, basta la falta de pago de la cuota defraudada (STS de 28 de Noviembre de 2003), tanto en los supuestos de omisión total, por no presentar declaración tributaria alguna, como en los de omisión parcial, por presentar una declaración en la que se omiten determinados ingresos.

En el mismo sentido, la ocultación del hecho imponible, es decir, de la existencia del tributo que ha de pagarse, o la minoración falsaria del mismo, constituye la conducta defraudadora al implicar una actuación de ocultación y por ende una infracción del deber de pago (STS 801/2008 de 26 de Noviembre).

B.- ¿Cuál es el bien jurídico protegido por la ley contra el fraude fiscal?

El bien jurídico protegido por la ley lo constituye el patrimonio de la Hacienda Pública en cuanto a la recaudación tributaria (STS 774/2005, de 2 de Junio). Igualmente, el bien jurídico protegido también lo constituye la protección de los intereses económicos de las Comunidades Autónomas, forales y entidades locales.

Así pues, el delito de defraudación fiscal se entiende cometido mediante la elusión del pago de tributos, cantidades retenidas o que hubieran debido retenerse o ingresos a cuenta de retribuciones en especie obteniendo, indebidamente, devoluciones o beneficios fiscales.

Por tanto, el objeto del delito puede consistir en:

- El impago de tributos
- El disfrute indebido de beneficios fiscales
- El impago de retenciones satisfechas o que se hubieran debido retener
- El impago de los ingresos a cuenta de retribuciones en especie
- La obtención indebida de devoluciones

¿Quién puede constituirse como autor de un delito fiscal?


El autor del delito fiscal necesariamente ha de ser el sujeto pasivo en términos tributarios, es decir, el sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria, obligado a pagar y que, sin embargo, lleva a cabo la defraudación fiscal.

El Tribunal Supremo distingue entre el autor del delito fiscal y el partícipe del mismo, teniendo como consecuencia práctica la atenuación de la pena de los segundos con respecto a los primeros. Así, el partícipe aunque interviene en la comisión del delito fiscal, no es considerado como sujeto pasivo del mismo por la normativa tributaria.

Los partícipes del delito fiscal pueden ser:

- Coautores
- Inductores
- Cooperadores necesarios
- Cómplices

Los coautores en el delito fiscal, suelen ser en la práctica los administradores de sociedades mercantiles o personas jurídicas, es decir, personas íntimamente relacionadas e involucradas con la gestión de cuentas de la empresa. Así los coautores, como también realizadores del hecho delictivo, responderán con la misma pena que el autor del delito fiscal, cuestión que trataremos más adelante.

En cuanto a la inducción, es una forma de participación en un delito ajeno, que consiste en suscitar en otro, dolosamente, la resolución de cometer el acto punible. Se exige que este sea cometido libremente por el inducido, que actúa como autor inmediato. Así pues, la inducción debe ser:

- Anterior al hecho punible, puesto que es causa del mismo.

- Directa, es decir, ejercida sobre una persona determinada y encaminada a la comisión de un delito determinado.

- Eficaz o con entidad suficiente para influir en la voluntad del inducido y conducirle a la realización del hecho punible.

- Dolosa.

- Productora de un específico resultado.

De este modo, el inductor podrá responder como autor siempre y cuando no exista dolo en el sujeto pasivo de la relación tributaria y, en consecuencia, el inductor asume el dominio del hecho.

Por otro lado, el cooperador necesario en el delito fiscal será aquella persona que participe con actos relevantes en la comisión del delito pero que, sin embargo, no sea el autor directo del mismo por ejemplo, diseñando el fraude fiscal que posteriormente será cometido por el obligado tributario. De este modo y según la ley, se le impondrá al cooperador necesario la misma pena que la correspondiente al auto del delito fiscal.

Por último, los cómplices en el delito fiscal serán aquellos que tomen parte en la realización del hecho delictivo mediante algún tipo de aporte causal, sin ser ejecutores directos del delito fiscal. En este caso, los tribunales apenas han condenado por complicidad del delito fiscal, reduciéndose a los casos de omisión cuando existía un especial deber de garantía en el cómplice, que este no cumplió, favoreciendo con ello la comisión del delito.

¿Cuáles son los requisitos presupuestos necesarios para la existencia de un delito fiscal?


Para la existencia del delito fiscal se exigirá como requisitos:

1.- Desde el punto de vista objetivo, un engaño patente, es decir, una maniobra por parte del obligado al pago tributario susceptible de inducir a error a la Administración, provocando un perjuicio patrimonial.

2.- Desde el punto de vista subjetivo, un ánimo defraudatorio o una intencionalidad delictiva por parte del sujeto que comete el delito (STS de 12 de marzo de 1986 y de 12 de mayo de 1986).

En consecuencia, no existirá delito fiscal cuando no se de comportamiento engañoso o cuando no exista el ánimo defraudatorio descrito. Este último se manifestará mediante:

- La ocultación de hechos o bases imponibles.
- La tergiversación consciente de los hechos con trascendencia tributaria.

El dolo como requisito indispensable para la existencia de delito fiscal

El delito Fiscal, según el Tribunal Supremo, es un delito doloso y que, en consecuencia, excluye la comisión por imprudencia o negligencia. Así, el dolo se compone de dos elementos:

- Conocimiento
- Voluntad

Cabe remarcar que, para que se aprecie la existencia de dolo o, dicho de forma jurídica, de elemento subjetivo del tipo, no es preciso que exista un especial ánimo defraudatorio sino que, por el contrario, basta la mera aceptación de la posible comisión del delito fiscal. Por todo ello, es suficiente la concurrencia de dolo eventual.

Algunos ejemplos de dolo eventual serían:

• Elusión del pago de un impuesto
• Omisión de la presentación de la declaración tributaria
• Inexactitud de la declaración tributaria presentada

Sin embargo, es necesario recalcar que todos estos supuestos sólo serán constitutivos de delito cuando hayan sido realizados con voluntad defraudatoria. Así, la STS del 05/12/2012 afirma: la doctrina de esta Sala reitera que “el mero hecho del impago no satisface las exigencias del tipo, señalando la necesidad de algo más en la conducta del autor que permita valorar su acción u omisión como defraudatoria en cuanto consiste en una conducta de ocultación del hecho imponible ejecutada con la finalidad de eludir el pago del impuesto o de pagar menos de lo realmente debido”.

La cuantía de la defraudación como condición sine qua non para la concurrencia de delito fiscal

Tanto la ley como la jurisprudencia confirman la existencia de delito fiscal cuando se de la producción de un perjuicio económico superior a 120.000 euros, cuantía de la cuota defraudada establecida en el tipo (STS de 2 de Junio de 2005).

De esta forma, la cuantía de la cuota tributaria constituye una condición objetiva de punibilidad, de tal manera que si la defraudación no llega a esa cantidad, existirá tan solo una simple infracción tributaria, pero no un delito fiscal.

Cabe remarcar que, a los efectos de determinar la cuota tributaria, se estará a lo defraudado en cada periodo impositivo o de declaración, y si éstos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se referirá al año natural. De este modo, ni cabrá el delito continuado, ni tampoco acumular defraudaciones de dos o más impuestos para llegar a los 120.000 euros.

Por otro lado, señalar que la fijación de la cuota tributaria corresponde a los Tribunales y no a la Administración tributaria (STS de 25 de Abril de 2014).

¿Cuáles son las posibles sanciones y penas derivadas de la comisión del delito fiscal ?

El delito fiscal contra la Hacienda Pública puede ser de tipo básico o de tipo agravado.

Son supuestos básicos de delito fiscal aquellos en los que en el ejercicio normal de una actividad empresarial o profesional o con motivo de una operación puntual, se produce una defraudación a la Hacienda Pública por importe superior a 120.000 euros. En este caso, el delito se castigará con penas de prisión de 1 a 5 años y multas del tanto al séxtuplo de la precitada cuantía.

Tendrá lugar el supuesto agravado en los siguientes casos:

- Cuando la cuantía de la cuota defraudada exceda de 600.000 euros.

- Cuando la cuantía de la cuota defraudada supere los 120.000 o 50.000 euros, siempre y cuando el hecho delictivo haya tenido lugar en el seno de una organización delictiva o de un grupo criminal.

- Cuando el hecho delictivo se haya cometido mediante la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación ocultando o dificultando la determinación de la identidad del obligado tributario, la determinación de la cuantía defraudada o el patrimonio del obligado tributario, siempre que la defraudación sea superior a 120.000 euros, o 50.000 euros.

En este sentido, la pena imponible será la de 2 a 6 años de prisión además de la multa del duplo al séxtuplo.

La regularización tributaria en el delito fiscal

Si usted es empresario y ha cometido alguna de las irregularidades tributarias anteriormente descritas, le interesará saber que existe la posibilidad de evitar el reproche jurídico mas grave si actua diligentemente.

Efectivamente, es posible que el autor de un delito fiscal pueda redimirse mediante la regularización de su situación tributaria, procediendo al reconocimiento y pago de su deuda fiscal.

Todo ello, deberá tener lugar antes de que a la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributaria objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

¿Cuándo prescribe el delito fiscal por eludir el pago de tributos?

La regla general admite que, el delito fiscal de defraudación a la Hacienda Pública prescribirá a los 5 años desde su comisión. Esto será así siempre y cuando el precitado delito se encuentre dentro de la modalidad del tipo básico anteriormente explicada.

Sin embargo, el delito fiscal en su modalidad agravada, es decir, cuya cuantía supere los 600.000 euros o haya sido cometido en el seno de alguna organización criminal, prescribirá a los 10 años desde su comisión.

Es preciso remarcar que, la existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública, no paralizará la acción de cobro de la deuda tributaria. Por parte de la Administración Tributaria, podrán iniciarse las actuaciones dirigidas al cobro salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución, previa prestación de garantía. Si no se pudiese prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.

Si tiene alguna clase de duda o bien ha sido acusado de haber cometido un delito fiscal por eludir el pago de tributos, no dude, póngase en contacto con nuestros profesionales de ABOGAPENAL vía telefónica o bien a través del formulario que adjuntamos. Estamos a su disposición para abordar sus problemas legales.
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