Delito fiscal

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Abogados penalistas expertos en defensa penal por delito fiscal sea por acción u omisión. Que se considera. Importe 120.000 Euros. Cooperador necesario
¿Cuando se comete un delito fiscal según lo dispuesto en el Código Penal?
El delito fiscal supone acciones u omisiones que dan lugar a una pérdida en los ingresos tributarios de las arcas públicas.Se considera delito fiscal cuando cuando las cantidades defraudadas superen 120.000 euros. Son varias las modalidades de comisión de este delito

Delito fiscal

Delito fiscal. Concepto. Que se considera delito fiscal en España



El delito de defraudación a la Hacienda Pública o delito fiscal es uno de los que más dudas generan entre los clientes que acuden a los despachos de abogados buscando asesoramiento. El delito fiscal supone acciones u omisiones que dan lugar a una pérdida en los ingresos tributarios de las arcas públicas

Dentro del ámbito penal, hemos de puntualizar que no debe cundir el pánico de forma generalizada y a priori: cómo veremos a continuación, sólo podremos hablar de delito fiscal o tributario cuando las cantidades defraudadas superen los 120.000 euros y no siempre se entra en prisión, ya que las penas son reducidas en comparación a otros tipos delictivos y puede procederse a su suspensión cumpliendo una serie de requisitos. Todo ello no implica que por supuesto, no tengamos la correspondiente sanción administrativa por parte de la Agencia Tributaria.

Para el caso de la defraudación hecha a las arcas de la Unión Europea, basta con superar los cuatro mil euros de defraudación, para la comisión de un hecho delictivo que va más allá de la mera infracción administrativa.

En cualquier caso, tanto en la vía penal como en la administrativa, la regularización de nuestra situación tributaria cuanto antes, puede sernos de gran utilidad llegando a permitirnos en ocasiones quedar exentos de responsabilidad por este tipo penal. Sobre todos estos detalles profundizaremos más delante al analizar cada elemento y característica de este tipo delictivo.

Pese a todo ello, la mejor forma de no ser sancionado es cumplir siempre con nuestras obligaciones tributarias con toda la transparencia exigida y sin maniobras fraudulentas.

En caso de no reunir los conocimientos adecuados para ello, lo mejor es recurrir a un profesional que nos asesore en casos de especial complejidad.

Para declarar a Hacienda por el IRPF (impuesto sobre la renta de las personas físicas) la propia Agencia Tributaria pone a disposición de todos los ciudadanos un programa informático (programa "PADRE") para realizar telemáticamente y cómodamente, nuestra declaración de la renta.

Tras esta breve introducción, pasamos a analizar en detalle los elementos del delito fiscal o de defraudación a la Hacienda Pública, desde un punto de vista penal, pero sin perder de vista algunas regulaciones de carácter administrativo.

II. Normativa aplicable al delito fiscal en España


La lista de normas tributarias es ciertamente interminable, ya que pensemos que existe prácticamente una norma o incluso varias para cada tributo.

Esta complejidad se agrava aun más si pensamos en que los tributos pueden ser de carácter local, autonómico o estatal. Las normas más importantes y de más frecuente aplicación, entre las que incluimos también algunas relacionadas con la prevención del fraude o el delito fiscal, sin ánimo de exhaustividad, serían las siguientes:

- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

- Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias., del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y su Reglamento aprobado por el Real Decreto 214/1999 de 5 de febrero.

-Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades y su Reglamento aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio.

-Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales y su Reglamento aprobado por el Real Decreto 1165/1995 de 7 de julio.

-Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido y su Reglamento aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.

-Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

-Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador tributario.

-Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.

-Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica el Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.

III El bien jurídico protegido en el delito fiscal

Según la jurisprudencia el bien jurídico protegido en el delito fiscal o de defraudación a la Hacienda Pública, es el patrimonio de la misma, en relación a la recaudación tributaria (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2005), e indirectamente, el gasto público, el Estado social y los intereses generales (Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2002).

Todo ello tiene conexión con los principios de igualdad y justicia de nuestra constitución, y con e el principio de solidaridad en la contribución al sostenimiento de las cargas públicas, como se ha reiterado por el Tribunal Constitucional (Sentencia 46/2000) entre otras) en consonancia con lo dispuesto en el el artículo 31.1 de la Constitución Española que dispone que:

"Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio."

IV Diferentes modalidades de delito fiscal en España



La conducta típica de este tipo delictivo consistirá en defraudar a la Hacienda Pública, ya sea incumpliendo por acción u omisión alguna de las siguientes obligaciones tributarias:

A) Delito fiscal producido al eludir el pago de tributos

La conducta de esta modalidad de delito fiscal podrá consistir en impagar los tributos debidos, ya sea de una manera directa, sosteniendo que no hay una obligación tributaria, al tratar de engañar a la Agencia Tributaria negando el hecho imponible (acto que genera la obligación tributaria) o bien indirectamente ocultando datos relevantes que puedan suponer una disminución de la cuota sobre la cual se aplica el tributo (Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de abril de 2003 o de 15 de julio de 2002)

B) Delito fiscal cometido al eludir el pago de cantidades retenidas o que se hubieran debido retener.

Un ejemplo claro es el caso de retenciones a cuenta del IRPF que el empresario está obligado a practicar en el nómina que satisface al trabajador para luego ser ingresadas en las arcas públicas.

En este caso el tipo penal castiga tanto el supuesto de que no se proceda a realizar la retención como el supuesto de que habiéndose retenido la cantidad a la que se está obligado no se proceda seguidamente a su ingreso en el Tesoro Público.

C) Delito fiscal cometido eludiendo el pago de ingresos a cuenta.

Sin entrar en mayor detalle, el pago a cuenta vuelve a ser como en las retenciones un importe que el pagador de un rendimiento (ejemplo: regalo de una cubertería por parte de un banco a cambio de realizar un depósito en la entidad) que genera una obligación en el pagador de tal retribución (el banco) de proceder a realizar un ingreso en las arcas públicas a cuenta del IRPF de quien recibe tal retribución (el cliente que realiza el depósito).

D) Delito fiscal cometido obteniendo indebidamente devoluciones

Se daría por ejemplo, en el supuesto de IVA, con la consideración de un IVA soportado superior al real a través de facturas falsas, lo que ocasionaría una devolución en el supuesto de que tal IVA soportado resultase superior al IVA repercutido.

E) Delito fiscal cometido por disfrutar indebidamente de beneficios fiscales

Consistirá en generar fraudulentamente unas condiciones ficticias para cumplir con los requisitos necesarios que permitan disfrutar de un determinado beneficio fiscal (Ejemplo: deducciones en el Impuesto de Sociedades por diversos conceptos tales como realizar determinadas inversiones simulando el cumplimiento de los requisitos exigidos)

Se establece como requisito para considerar la actuación delito fiscal, que el montante de lo defraudado por cualquiera de las vías anteriores, sea de un importe superior a los ciento veinte mil euros, para poder ser penalmente castigados.

Para determinar esta cuantía, se atenderá a la globalidad de las cantidades defraudadas por todos los tributos acumulativamente, existiendo una sola acción típica (Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril de 2003) ya sean de carácter nacional, autonómico o local, cometida en el periodo de doce de meses. Si se trata de tributos con periodo impositivo impositivo inferior a los doce meses, se tendrá en cuenta lo defraudado desde el comienzo hasta el final del año natural (del uno de enero al doce de diciembre).

V Delito fiscal por defraudación a la hacienda europea

Para el caso de que la defraudación se haga a la Hacienda de la Unión Europea, el delito se comete al alcanzarse la cuantía de los 50.000 euros en un plazo de un año natural, atenuándose la pena si lo defraudado en tal periodo, se encuentra entre los 4.000 y los 50.000 euros.

Se establece como excepción el caso de que el delito de defraudación tributaria se cometa por un grupo criminal, o por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad económica ficticia, en cuyo caso se entenderá que se cometen tantas defraudaciones como veces se haya alcanzado la cuantía de 120.000 euros o 50.000 euros en el caso de defraudación a la Hacienda europea, sin tener en cuenta el periodo impositivo del tributo de que se trate.

Para la comisión del hecho delictivo de la defraudación a la Hacienda Pública, es necesario que concurra además una maniobra engañosa, que permita el eludir en primer lugar el control administrativo realizado por la Agencia Tributaria (Sentencia de 30 de abril de 2003). Entre las diversas mecánicas fraudulentas cabe destacar:

a) El fraude de ley:

Supone realizar una conducta que técnicamente es conforme a lo dicho expresamente por una norma pero que pretende una finalidad distinta a ella (artículo 6.4 de nuestro Código Civil). Se trata de una conducta ilícita que realmente no tiene una cobertura legal pero que implica realizar un acto contrario a lo que persigue el ordenamiento jurídico (Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2002).

b) Simulaciones:

Consiste en una modalidad de comisión del delito tributario normalmente generando una situación favorable al contribuyente de forma ficticia para encubrir la mencionada comisión del delito. Es el caso de las conocidas como "sociedades pantalla" que generan facturas falsas, En estos casos se enmascara el impago de los tributos debidos mediante un disfraz de la verdadera realidad económica del contribuyente, generando negocios ficticios (Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 2003).

Tanto el fraude de ley como la simulaciones, suponen artimañas generadas por el sujeto activo para la comisión del delito de defraudación a la Hacienda Pública. Cosa distinta es la llamada "economía de opción" que es considerada jurisprudencialmente como totalmente legitima (Sentencia del Tribunal Supremo de 15 julio de 2002). En estos casos es el propio ordenamiento jurídico tributario el que ofrece al contribuyente diferentes alternativas posibles y legitimas a la hora de colaborar con la Hacienda Publica. En ningún caso existen lagunas legales como sucede habitualmente en el fraude de ley, donde un supuesto concreto no está previsto, lo cual es aprovechado por el delincuente tributario. Tampoco se omite información o se engaña a la Agencia Tributaria, simplemente se escoge libremente la opción más beneficiosa, que la norma pone en nuestras manos. (Ejemplo: opción que tiene un empresario de tributar a través del impuesto de sociedades constituyendo para ello una sociedad mercantil o bien tributar como autónomo por el IRPF)

El delito de defraudación a la Hacienda Publica, se entiende consumado por la jurisprudencia (Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 2000 o de 15 julio de 2002) , en el momento en el que expira el plazo legal voluntario para realizar el pago tributario, tanto si se formula declaración tributaria, como si no, en el caso de los tributos con autoliquidación.

Es un delito considerado por la jurisprudencia como de resultado (Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de Diciembre de 2002 o de 9 de marzo de 1993). Tal resultado se da con la causación de un perjuicio en las arcas publicas que supere las cifras anteriormente comentadas de 120.000 euros o de 4.000 euros si hablamos de defraudación a la Hacienda europea. Puede existir por tanto tentativa en aquellos supuestos en los que el delito no llegue a cometerse por circunstancias ajenas al sujeto activo o por su propia voluntad, en cuyo caso estaremos hablando de desistimiento, lo cual está estrechamente relacionado con la llamada regularización tributaria.

La regularización de la situación tributaria actúa como eximente de responsabilidad tanto penal como administrativa, incluyendo no sólo la derivada de la defraudación tributaria, sino también la de posibles falsificaciones documentales o contables que la hubieren favorecido, si bien el Código Penal determina expresamente que la mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la pena por defraudación a la Hacienda Pública, cuando ésta se acredite por otros hechos.

La regularización de la deuda tributaria consistirá en que el obligado tributario proceda al pago de su deuda con la Hacienda Pública siempre antes de que la Agencia Tributaria le comunique el inicio de las correspondientes actuaciones de investigación, o de que se interponga querella o denuncia por los organismos públicos correspondientes en el ámbito penal, o de que tenga conocimiento del inicio de diligencias de investigación por parte de los órganos judiciales. La conducta se atenúa en el caso de que el obligado tributario proceda a la regularización de su situación tributaria antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado.

El delito de defraudación a la Hacienda Publica es de carácter doloso, ya que exige para su comisión no solamente un daño patrimonial sino un elemento intencional en el sujeto activo que es consciente plenamente de dicho daño patrimonial. El Tribunal Constitucional así lo ha puesto de manifiesto en diversas sentencias (129/2008 de 27 de octubre o 120/2005 de 10 de mayo) al interpretar que el verbo "defraudar" implica cierta intencionalidad inherente a cualquier engaño, lo cual descarta cualquier tipo de comisión del delito de defraudación a la Hacienda Publica. El Tribunal Supremo sentencias de 4 de octubre de 2010 o de 26 de noviembre de 2008 también llega a la conclusión de la necesaria intencionalidad de este delito al afirmar que la responsabilidad penal no surge tanto del impago como del hecho de que el sujeto oculte la base tributaria correspondiente o el hecho imponible que genera la obligación de pagar el tributo.

El sujeto activo del delito de defraudación a la Hacienda Pública será exclusivamente la persona obligada a declarar a pagar por el correspondiente tributo (Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2003), por lo que se trata de un delito especial o de propia mano (Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1997).

Por obligado tributario se entiende, según la Ley General Tributaria en su artículo 35, las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias, entre los que se incluyen los contribuyentes que son quienes realizan el hecho imponible sujeto a tributación, los obligados a realizar pagos fraccionados (autónomos o sociedades mercantiles), los retenedores y quienes soportan la retención, los obligados a practicar o soportar ingresos a cuenta, los obligados a repercutir o a soportar la repercusión.

En ciertos casos, no obstante, (Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 1996) se ha admitido la participación en la comisión de la defraudación a la Hacienda Publica de otros sujetos como inductores, cooperadores necesarios o cómplices.

Delito Fiscal agravado


El delito se defraudación a la Hacienda Pública se agrava si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la cuantía de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil euros.

b) Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal.

c) Que en la defraudación se hayan realizado determinadas maniobras fraudulentas que favorezcan la ocultación de los hechos delictivos y de sus responsable.

Entre ellas el Código Penal cita expresamente:

- La utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos.

- Negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación

Sea cual sea su situación, si usted ha sido acusado de la comisión de un delito fiscal, no dude. Contacte con nosotros a fin de que podamos valorar las posibles vías de actuación. Llámenos al número de teléfono facilitado al efecto o bien a través del formulario adjunto.

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