Delito societario

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Delito societario. Definición, modalidades y defensa en juicio. Abogados para denuncia y acusación particular. Detenido. Penas. Falsedad cuentas anuales
¿Que debe saber sobre el delito societario en el Código Penal español?
El delito societario es un delito considerado por la doctrina como de peligro abstracto y de mera actividad, en la medida se consuma en el momento en el que se niega o impide la supervisión o inspección de la sociedad, debiendo emplearse cierta resistencia. No es necesario que el sujeto activo logre su propósito de evitar que se realice la inspección o supervisión pertinente para entender que se ha cometido el delito.

¿Ha sido denunciado o investigado o acusado de delito societario y necesita abogado penalista que le ayude en su defensa penal en juicio?
¿Cree que un socio ha falseado la situación jurídica u económica de su sociedad o que le han impuesto sus socios acuerdos abusivos en su perjuicio o le ha sido negado por sus socios el ejercicio del derecho de información y precisa asesoramiento legal de abogado penalista especializado en delitos económicos societarios?

Delito societario
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¿Que es un delito societario, según el Código Penal español?



Los delitos societarios constituyen una serie de delitos contra el patrimonio, que si bien consisten en conductas como veremos muy distintas y que pueden ser cometidas por distintos sujetos activos, tienen la particularidad todos ellos de cometerse como su propio nombre indica en el seno de una sociedad, entendiendo por la ésta, según indica el artículo 297 del Código Penal, toda "cooperativa, Caja de Ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier otra entidad de análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus fines participe de modo permanente en el mercado".

Se ha de tener en cuenta por tanto, a la hora de analizar este tipo de delitos la actual Ley 2/1995 de 23 de marzo de Sociedades de Responsabilidad Limitada así como el Real Decreto Ley 1/2010 de 2 de julio sobre Sociedades de Capital.

Modalidades y tipos de delitos societarios


Las distintas modalidades de delitos societarios son las siguientes:

A) Falseamiento de la documentos que reflejen la situación jurídica o económica de una sociedad (artículo 290 del Código Penal)

Se exige como requisitos para la comisión de este tipo delictivo, en el falseamiento de tales documentos:

1. Que el falseamiento resulte "idóneo" para causar un perjuicio económico

2. Que se refleje una situación irreal del estado jurídico o económico de la empresa

Dentro de los documentos que pueden ser objeto de falsificación, el Código habla expresamente de cuentas anuales, dentro de las cuales la jurisprudencia incluye: balances, cuentas de pérdidas y ganancias, memorias o informes de gestión (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2009) si bien se trata de una enumeración abierta, en la medida en la que el propio artículo 290 que regula este delito habla de "otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad".

Por falseamiento, la Fiscalía General del Estado en su Circular 15/1997 de 16 de diciembre entiende todas las modalidades de falsedad recogidas en el artículo 390 del Código Penal sobre falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles,que consisten en:

1.º Alterar un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.

2.º Simular un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.

3.º Suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuir a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.

4.º Faltar a la verdad en la narración de los hechos.

Se han rechazado como documentos que puedan considerarse falseados a los efectos de la aplicación de este delito societario, el Libro Mayor de contabilidad, en la medida en la que no tiene porqué reflejar una situación real de la empresa (Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2012) o el otorgamiento notarial que se hace a Letrados y Procuradores para que liquiden una entidad, en la medida en la que ello no supone un verdadero perjuicio para el patrimonio de los sujetos pasivos (Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2006).

El bien jurídico protegido en esta modalidad de delito societario, según la jurisprudencia, es la transparencia, la veracidad y la buena fe en el tráfico mercantil, algo indispensable para el correcto funcionamiento de una economía libre y de mercado (Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2006) así como el derecho de los socios y de todos aquellos que se relacionen con la sociedad, de que ésta cumpla con su obligación de dar información veraz y de reflejar fielmente el estado en el que se encuentra (Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de marzo de 2013)

Los delitos societarios se entienden consumados en el momento de la alteración o falseamiento documental, por lo que es de mera actividad cuando el resultado del perjuicio no llega a producirse, y de resultado, teniendo de penas mayores, cuando tal perjuicio sí llega a materializarse (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2010).

Se exige para la comisión del delito una especial intención de perjudicar el patrimonio del sujeto pasivo, por lo que es necesariamente un tipo de carácter doloso que no admite formas de comisión imprudentes. (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2010).

Se trata de una modalidad de delito especial en la medida en al que sólo podrá ser cometido por determinados sujetos activos, en concreto, los administradores, de hecho o de derecho de la sociedad, si bien la jurisprudencia admite la inducción, cooperación necesaria o complicidad de personas distintas de las mencionadas (Sentencia del Tribunal Supremo de de 9 de mayo de 2005)

La jurisprudencia estima que son administradores de derecho aquellos que han sido designados para llevar a cabo sus facultades con arreglo a un procedimiento fijado legalmente o mediante un nombramiento formal (Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 2012) y administradores de hecho aquellos que han sido nombrados legalmente faltando algún requisito (Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2007); en el caso de "administradores pantalla" o administradores aparentes, quienes actúan detrás de ellos, que son quienes realmente gestionan la sociedad, ejerciendo poderes de decisión (Sentencia de 13 de julio de 2010)

En cuanto a sujetos pasivos, podrán serlo todos aquellos que puedan sufrir como consecuencia del delito un perjuicio económico, haciendo el Código Penal especial referencia a sociedades, ya sean constituidas o en formación, a alguno de sus socios, o a un tercero que contrate con la sociedad.

2.B Delito societario por imposición de acuerdos abusivos en perjuicio del resto de socios (artículo 291 del Código Penal)

La conducta típica consistirá en imponer una mayoría a una minoría de accionistas un acuerdo abusivo, entendiéndose por tal, según la jurisprudencia (Sentencia de 4 de marzo de 2010) que sigue la definición dada por el artículo 7.2 del Código Civil sobre aquél que sobrepasa manifiestamente el ejercicio de un derecho, con daño para un tercero, en este caso el resto de socios minoritarios o la propia sociedad, por su intención, objeto o circunstancias

Se trata de un delito especial, ya que únicamente podrá cometerse por aquéllos que tengan una situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano de administración, siendo sujetos pasivos la minoría de los socios, pero también la propia sociedad en sí ya que el acuerdo implica que no se dé ningún beneficio para ella.

Es un delito claramente doloso, ya que expresamente se exige un ánimo de lucro propio o ajeno.

Se entiende consumado este tipo de delito societario en el momento de adoptarse el cuerdo abusivo sin que sea preciso que se materialice el mencionado perjuicio, por lo que se trata de un delito de peligro. La jurisprudencia ha considerado que no se consideraría que existe delito si la actuación da lugar a beneficios en la sociedad aun cuando suponga un perjuicio para la mencionada minoría de accionistas (Sentencia de 17 abril de 2002)



La conducta típica de esta modalidad de delito societario se da cuando el sujeto activo, impusieren o se aprovechare para sí o para un tercero, un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida a través de alguna de las siguientes formas:

1. Por abuso de firma en blanco
2. Por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan del mismo
3. Por negación ilícita del ejercicio de este derecho a quienes lo tengan reconocido por la Ley.

Se trata de una enumeración abierta ya que el Código Penal hace referencia también a "cualquier otro medio o procedimiento semejante". (Sentencia de 19 de mayo de 2000)

Se trata de un delito doloso y de resultado, que se entenderá consumado, bien en el momento de la imposición del acuerdo lesivo al resto de socios, o en el caso de no haber sido quien lo ha impuesto, cuando se aproveche tal acuerdo para uno mismo o para un tercero en el momento de la obtención del beneficio de que se trate. Se considera un delito de resultado, que admite la tentativa.

En cuando al sujeto activo, son los socios que adopten el acuerdo lesivo, por lo que se trata de un delito especial, ya que únicamente podrá ser cometido en el seno de la sociedad, y no por cualquiera. Los sujetos pasivos son el resto de socios, quedando fuera posibles acuerdos lesivos que lo sean únicamente para terceros, ya sean personas físicas o jurídicas (Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2013)

2,D) Negación o impedimento a un socio del ejercicio de sus derechos (artículo 293 del Código Penal)

Este delito societario se comete cuando se negare o impidiere a un socio alguno de los siguientes derechos (Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 2002), recogidos en el artículo 93 de la Ley de Sociedades de Capital:

1. El ejercicio de los derechos de información

La jurisprudencia (Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2014), distingue dentro de los mismos un derecho de información económico patrimonial (participación en los beneficios, en la cuota de liquidación o derechos de suscripción preferente) o un derecho de información político personal, materializado a través de la participación en las Juntas Generales de Accionistas

2. La participación en la gestión o control de la actividad social

Hace referencia a la posibilidad de asistencia y voto a las Juntas Generales de Accionistas y el derecho a convocarlas en su modalidad extraordinaria, así como el derecho a impugnar los acuerdos adoptados en las mismas entre otros derechos (Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2009)

3. Suscripción preferente de acciones reconocidos por las Leyes, al darse un aumento de capital en la sociedad emitiéndose nuevas acciones.

Por negar hemos de entender una negativa que ha de ser totalmente clara y rotunda, además de persistente, quedando fuera de la conducta típica penal las meras demoras o dificultades para poder ejercitar tales derechos (Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2012), por lo que se trata de un delito doloso, ya sea con una intención directa de impedir el ejercicio de los derechos al accionista, o bien con otro objetivo, pero consintiendo que ello se produzca (dolo eventual), siempre con plena conciencia.

Podemos decir, a luz de lo analizado, que el bien jurídicamente protegido en esta modalidad de delito societario, son los derechos básicos de los accionistas que no pertenecen al grupo de control de la sociedad, que se constituyen como sujetos pasivos de esta modalidad delictiva (Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2003).

Se entenderá consumado el delito sin necesidad de que exista un especial perjuicio patrimonial pero es necesario que la falta de cumplimiento de tales derecho pueda dar lugar al mismo (Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2014)

Es un delito de carácter especial en la medida en la que sólo podrá ser cometido como dice expresamente el Código Penal, por los administradores de hecho o de derecho de la sociedad, tal y cómo los hemos definido para el delito del artículo 290, ya esté constituida o en formación (Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 2002).

2.E) Delito societario por obstaculización a órganos y entidades supervisoras (artículo 294 del Código Penal)

La conducta típica consistirá en negar o impedir la actuación de las personas, órganos o entidades, que deban intervenir por ley en la supervisión o inspección de una sociedad.

Se trata de un delito de carácter especial en la medida en la que el Código Penal determina que únicamente va a poder ser cometido por los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, que actúe en mercados sujetos a supervisión, como son los sujetos a la supervisión del Banco de España, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o la Comisión Nacional sel Mercado de Valores.

Puede ser sujeto pasivo cualquier ciudadano, ya que la jurisprudencia entiende que el buen funcionamiento de las sociedades mercantiles redunda en el bien de la economía global en su conjunto.

De esta manera, el bien jurídico protegido son los intereses de los accionistas, y el patrimonio de la propia sociedad, lo que en última instancia supone proteger también de forma global el orden socioeconómico y el correcto funcionamiento de los mercados financieros objeto de supervisión, para lo cual debe existir en las sociedades mercantiles transparencia y claridad en su relación con las personas, entidades, u órganos inspectores o supervisores (Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 28 de enero de 2009)

Es un delito considerado por la doctrina como de peligro abstracto y de mera actividad, en la medida se consuma en el momento en el que se niega o impide la supervisión o inspección de la sociedad, debiendo emplearse cierta resistencia. No es necesario que el sujeto activo logre su propósito de evitar que se realice la inspección o supervisión pertinente para entender que se ha cometido el delito.

3. Abogados expertos en defensa penal y acusación particular en investigación o juicio por delitos societarios en España

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