Delitos contra propiedad intelectual

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Abogados penalistas defensa penal en juicio por delitos propiedad intelectual. Denuncia y acusación particular. Detenido. Penas.
Delitos contra la propiedad intelectual en España

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¿Ha sido acusado de vulnerar la propiedad intelectual de un tercero y necesita abogado penalista especializado en propiedad intelectual ?

Delitos contra propiedad intelectual
Abogados penalistas defensa penal en juicio por delitos propiedad intelectual. Denuncia y acusación particular. Detenido. Penas.La protección de la propiedad intelectual se da no sólo a nivel penal, sino a través de legislación civil para lo cual se crea el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Su última reforma se produjo con la Ley 21/2014, de 4 de noviembre. A través de esta regulación se ha tratado de incorporar diversa normativa internacional como la siguiente:

-Directiva 2011/77/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
-Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
-Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
-Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

La conducta típica de vulneración de derechos de propiedad intelectual podrá consistir en reproducir, plagiar, distribuir o comunicar públicamente en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios:

El Tribunal Supremo ha entendido que existirá plagio en aquellos supuestos en los cuales, se copien obras ajenas en lo sustancial (Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 1999). Se entiende que únicamente existe una mera usurpación de los derechos de autor y no un plagio en los supuestos de venta de cintas interpretadas por persona distinta de la que figura en la caja de la cinta, que trata de imitar la original (Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de junio de 1990)

Por distribución según el artículo 19 de la Ley de Propiedad Intelectual cabe entender la puesta a disposición del público de la obra original o de copias de la misma mediante su venta, alquiler o préstamo, o por cual quier otros medios sin que sea necesaria por tanto la venta.

Según el artículo 20.1 de la Ley de Propiedad intelectual, "se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas.

No se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo."

Específicamente el artículo 20.2.i) establece entre los medios de comunicación pública "la puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija".

La mera posesión de las mencionadas obras sin que quede demostrada una intención ilícita, o un ánimo de lucro no será constitutiva de ilícito penal.

También se castiga a quien en la prestación de servicios de la sociedad de la información, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, facilite de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, el acceso o la localización en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios.

En este último sentido, la jurisprudencia Europea (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de de 13 de febrero de 2014) ha incluido expresamente como acto de comunicación pública todo acto de comunicación o puesta a disposición la conducta consistente en facilitar links o enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras protegidas a un público no autorizado para ello.

Se han introducido algunas novedades en el artículo 270.5 por el cual se sanciona la eliminación, modificación, elusión y facilitación de la elusión de las medidas tecnológicas de protección.

Se tipifica igualmente como delito autónomo la colaboración en un posterior ilícito de vulneración de los derechos de propiedad intelectual del artículo 270. En este caso, pese a tratarse de una conducta dolosa, no se exige necesariamente, la concurrencia del ánimo de obtener un beneficio económico, bastando con que el dolo abarque el conocimiento de se está cometiendo un ilícito penal.

Se ha introducido así mismo, un nuevo artículo 270.6, que castiga determinadas conductas relativas a la fabricación o puesta en circulación de cualquier medio apto para la supresión o neutralización de medidas tecnológicas de protección, si bien, entiende la Fiscalía General del Estado, que no es preciso que el dispositivo o componente esté específicamente destinado a la inutilización o neutralización del sistema protector. Sí se exige no obstante, en este caso, una finalidad comercial.

Este tipo de conductas se entienden agravadas si concurre alguna de las siguientes circunstancias (artículo 271 del Código Penal):

Artículo 271
"Se impondrá la pena de prisión de dos a seis años, multa de dieciocho a treinta y seis meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando se cometa el delito del artículo anterior concurriendo alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia económica.

Orientativamente la jurisprudencia considera como de especial transcendencia la cifra de 6 millones de las antiguas pesetas (Sentencias del Tribual Supremo de 19 de mayo de 2001 o de 2 de octubre de 2002)

b) Que los hechos revistan especial gravedad

Tal gravedad se determinará según el valor de los objetos o la especial importancia de los perjuicios.En este supuesto se ha incluido por la jurisprudencia el caso de la reproducción en masa de una obra artística sin consentimiento de su titular.

c) Que el culpable perteneciere a una organización o asociación criminal

d) Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.


Las conductas recogidas en el artículo 270 del Código Penal, que se castigan como vulneraciones contra la propiedad intelectual, son de carácter necesariamente doloso, pues requiere que se realicen con un especial ánimo de lucro. Según la Circular de la Fiscalía 8/2015, de 21 de diciembre requieren que el ánimo de lucro tenga carácter comercial, con un ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento puramente técnico. Ello implica el conocimiento efectivo de que se están ofreciendo irregularmente sin la autorización de los legítimos titulares de derechos. (Sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de marzo de 2015)

Las vulneraciones de derechos de propiedad intelectual se entenderán consumadas con la mera intención de realizar una conducta que pueda llegar a ocasionar a un tercero un perjuicio suficiente y cuantificable (Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2002). Con la nueva regulación dada por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo desaparece el anterior requisito de que el perjuicio fuera superior a los 400 euros. No es necesario no obstante que dicho perjuicio llegue a materializarse, ya que ello sólo tendrá efectos a la hora de determinar la posible responsabilidad civil (Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 4 de febrero de 2015). Por perjuicio económico el Tribunal Supremo ha entendido que es todo derecho o utilidad económica que una persona se proponga obtener mediante una conducta ilícita (Sentencia de 21 de julio de 2006)
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