Derecho penitenciario

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Abogados penalistas expertos en Derecho Penal. Defensa. Acusación particular. Asistencia a detenidos en comisaría o Juzgados. Juicios
Abogados expertos en Derecho penitenciario. Autonomía. Régimen jurídico. Jueces de Vigilancia Penitenciaria. Sistema de clasificación por grados.
¿Qué es el Derecho Penitenciario?
El Derecho Penitenciario constituye el conjunto de normas jurídicas encaminadas a regular la actividad penitenciaria y dirigir la ejecución de las penas y medidas privativas de libertad con el objeto de lograr la reinserción social y reeducación de los condenados.
Derecho penitenciario
ABOGAPENAL, lo constituimos el equipo de profesionales de Legalik Central de Servicios Jurídicos, expertos en Derecho Penal y Derecho Penitenciario.

Como expertos en tales ámbitos, si usted necesita información sobre algún extremo relacionado con la ejecución de las penas y medidas privativas de libertad impuestas al condenado o sobre los derechos que ostentan los presos internos en un centro penitenciario contacte con nosotros llamando al número de teléfono facilitado al efecto o cumplimentando el formulario adjunto.

De esta forma, el abogado especialista de ABOGAPENAL más cercano a su ubicación se pondrá rápidamente en contacto con usted. Nos encontramos a su disposición en toda España.

I. ¿Qué es el Derecho Penitenciario?

En primer lugar, cabría definir el Derecho Penitenciario como el conjunto de normas jurídicas que se encargan de regular la actividad penitenciaria.

Dicha actividad, está encaminada a dirigir lo referente a ejecución de las penas y medidas privativas de libertad con el fin de conseguir la reinserción social y reeducación de los condenados. A este respecto, CUELLO CALÓN concibe este orden como el derecho de ejecución penal que se encarga de garantizar los derechos del penado.

La Constitución Española, proclama en su artículo 25.2 que el objetivo de las penas reside en la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.

Por otra parte, declara que las personas condenadas gozan de ciertos derechos fundamentales con la salvedad de aquellos casos en los que el fallo, el sentido de la pena y la ley penitenciaria los limiten o restrinjan.

No obstante, el condenado ostentará en todo caso el "derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad".

II. El Derecho Penitenciario, ¿se concibe como un derecho autónomo o incardinado en otros órdenes?

En este sentido, existe doctrina contrapuesta. Por una parte, ciertos sectores defienden que el Derecho Penitenciario es autónomo dentro del ordenamiento jurídico y por otra, otros consideran que forma parte del Derecho Penal o incluso de otros órdenes jurisdiccionales. La posición mayoritaria opta por su independencia por diversas razones:

A.- Este orden ostenta sus propias normas sustantivas y procesales. En este sentido, pese a que se hablará del régimen jurídico posteriormente, resulta procedente hacer alusión a la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de Septiembre, General Penitenciaria y al Real Decreto 190/1996, de 9 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.

B.- Se encomienda a una jurisdicción específica la labor de velar por el cumplimiento de las normas y de las garantías de los penados. Tales funciones, están encomendadas a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria.

C.- El Derecho Penitenciario tiene por objeto la ejecución de las penas y medidas privativas de libertad así como las medidas cautelares como sostiene, entre otros, CERVELLÓ DONDERIS. Estamos en consecuencia ante una materia específica que requiere de tratamiento diferenciado y autónomo.

III. Régimen jurídico del Derecho Penitenciario en España. Principios inherentes a la actividad penitenciaria

Como se ha adelantado, lo referente al cumplimiento de las penas privativas de libertad impuestas se regula en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de Septiembre, General Penitenciaria (en adelante LOGP) y en el Real Decreto 190/1996, de 9 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario (en adelante RP), entre otras normas. Los mencionados textos, disponen lo referente al estatuto del penado (organización, régimen disciplinario, horarios, régimen de comunicaciones y visitas, permisos de salida, etc.).

En relación a los principios fundamentales inherentes a la actividad penitenciaria, se ha de subrayar en un primer orden el principio de legalidad dispuesto en los artículos 3.2 del Código Penal y 2 LOGP. Establece el primero de los referidos preceptos que no "podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la Ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto.

La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los Jueces y Tribunales competentes
". En el mismo sentido, el artículo 2 LOGP dispone que la actividad penitenciaria habrá de desarrollarse observando las garantías y límites que prevean tanto la Ley, como los reglamentos y las sentencias judiciales.

De esta forma, el principio de legalidad tiene el fin de procurar que el cumplimiento de la pena se ajuste a lo que estrictamente prevean las normas y la resolución que fije la condena impuesta. En aras a este fin, se encomienda el control de la actividad penitenciaria a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria.

En segundo lugar, se hace necesario aludir a la finalidad de resocialización del penado. El tratamiento penitenciario, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.1 LOGP, se define como aquellas actividades dirigidas a "la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados".

El citado fin deberá ser compatible con el reconocimiento a los penados de sus derechos fundamentales expresados en el artículo 25.2 de la Constitución y el artículo 3 LOGP (entre los que se hace preciso subrayar la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad).

En otro orden, dentro de los principios inherentes a la actividad penitenciaria no se ha de olvidar el principio de presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de nuestra norma fundante. En virtud del mismo, una persona es considerada inocente salvo prueba de lo contrario.

El régimen jurídico penitenciario, se refiere a dicho principio en el artículo 5 LOGP estableciendo que el mismo "presidirá el régimen penitenciario de los preventivos".

En relación al régimen de prisión preventiva, el mismo tiene el fin de retener al interno a disposición de la autoridad judicial y bajo el mismo, el interno podrá realizar aquellas actividades establecidas en la Ley para los penados.

IV. Los Jueces de Vigilancia Penitenciaria en el Derecho Penitenciario


Como se ha establecido anteriormente, una de las notas definitorias de la autonomía de este orden del Derecho Penal y demás órdenes jurisdiccionales consiste en que la función de velar por el cumplimiento de las normas y las garantías de los penados se encomienda a una jurisdicción específica; Se hace preciso hacer mención a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.

En primer lugar, establece el artículo 94 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial (LOPJ) que en cada provincia, "habrá uno o varios Juzgados de Vigilancia Penitenciaria" que tendrán encomendadas las funciones previstas en la Ley General Penitenciaria "en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos (...) y demás que señale la ley".

En aras a obtener una definición más precisa de las funciones que encomienda el ordenamiento jurídico a los referidos órganos, resulta procedente analizar que establece la Ley General Penitenciaria a este respecto.

Establece en un primer orden el apartado primero del artículo 76 LOGP que el Juez de Vigilancia se encargará de "hacer cumplir la pena impuesta, resolver los recursos referentes a las modificaciones que pueda experimentar con arreglo a lo prescrito en las Leyes y reglamentos, salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse". Por otra parte, el apartado segundo del referido precepto dispone que corresponderá al Juez de Vigilancia especialmente:

1.- La adopción de todas aquellas decisiones necesarias para que se lleven a cabo los pronunciamientos de las resoluciones en lo referido a las penas privativas de libertad.

2.- La aprobación de las propuestas que formulen los establecimientos sobre beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamiento de la condena.

3.- Resolución de las propuestas de libertad condicional de los penados así como acuerdo de las revocaciones procedentes.

4.- La aprobación de las sanciones de aislamiento de duración superior a catorce días.

5.- Resolver conforme a los estudios de los Equipos de Observación y de Tratamiento y en su caso de la Central de Observación, los recursos relativos a calificación inicial y a progresiones y regresiones de grado.

6.- Resolver las reclamaciones que formulen los internos por vía de recurso sobre sanciones disciplinarias.

7.- Autorización de los permisos de salidas cuya duración sea superior a dos días (excepto de los clasificados en tercer grado).

8.- Acordar lo procedente sobre las peticiones o quejas que formulen los internos con respecto al régimen y el tratamiento penitenciario en lo que afecte a sus derechos fundamentales o a los derechos y beneficios penitenciarios.

9.- Visitar los establecimientos penitenciarios que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para dicha función, el Juez Central de Vigilancia podrá recabar el auxilio de los Jueces de Vigilancia del lugar en el que se encuentre el establecimiento que haya de ser visitado.

10.- Conocimiento del paso a los establecimientos de régimen cerrado de los reclusos a propuesta del Director del establecimiento.

En otro orden, el artículo 77 LOGP dispone que los Jueces de Vigilancia podrán dirigirse a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias formulando propuestas en referencia a los siguientes aspectos:

- Organización y desarrollo de los servicios de vigilancia.
- Organización y actividades de los talleres, escuela, asistencia médica y religiosa.
- Ordenación de la convivencia interior en los establecimientos penitenciarios.
- Actividades regimentales, económico-administrativas y de tratamiento penitenciario en sentido estricto.

En último término, los Jueces de Vigilancia residirán en el territorio donde se encuentren los establecimientos penitenciarios sometidos a su jurisdicción (artículo 78.2 LOGP).

V. Sistema de clasificación en el derecho penitenciario español


De conformidad con lo establecido en la LOGP, concretamente en su artículo 72.1, las penas privativas de libertad en España se ejecutan “según el sistema de individualización científica, separado en grados, el último de los cuales será el de libertad condicional (...)”.

Como sostiene la doctrina, con carácter anterior a la LOGP de 1979, existía un sistema progresivo más rígido de clasificación en grados bajo el que todos los penados debían pasar por todos los grados hasta alcanzar la libertad condicional.

En referencia al sistema vigente en la actualidad, el mismo se caracteriza por su flexibilidad. Dicha flexibilidad puede observarse entre otros, en los siguientes aspectos:

1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 LOGP, en aquellos casos en que de la observación y clasificación correspondiente de un interno resulte estar en condiciones para ello, podrá ser situado inicialmente en grado superior sin tener que pasar por los anteriores. No obstante, no podrá ser situado inicialmente en el grado de libertad condicional.

2.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 72.4 LOGP, en ningún caso se mantendrá a un interno en un grado inferior cuando por la evolución de su tratamiento sea merecedor de progresar a otro superior.

Los internos con carácter previo, serán clasificados teniendo en cuenta diversas variables tales como sexo, edad, antecedentes y estado físico y mental entre otras de conformidad con lo establecido en el artículo 16 LOGP. Posteriormente, los penados habrán de ser clasificados en grados por el sistema de individualización científica que venimos explicando. En relación a los grados, a los mismos alude el artículo 101 RP y son:

A.- Primer Grado: Resultan de aplicación las normas del régimen cerrado (artículo 101.3 RP). Bajo el referido régimen, las medidas de control y seguridad son más estrictas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100.1 RP.

En otro orden, establece el artículo 10.1 LOGP que existirán establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado para aquellos penados que hayan sido calificados de peligrosidad extrema o en casos de inadaptación a los regímenes ordinario y abierto “apreciados por causas objetivas en resolución motivada, a no ser que el estudio de la personalidad del sujeto denote la presencia de anomalías o deficiencias que deban determinar su destino al centro especial correspondiente”.

En el mismo sentido, el artículo 102.5 RP añade que la clasificación de los internos en el primer grado, se hará ponderando la concurrencia de ciertos factores:

- Naturaleza de los delitos cometidos a lo largo de su historial delictivo, que denote una personalidad agresiva, violenta y antisocial.

- Comisión de actos que atenten contra la vida o la integridad física de las personas, la libertad sexual o la propiedad, cometidos en modos o formas especialmente violentos.

- Pertenencia a organizaciones delictivas o a bandas armadas, mientras no muestren, en ambos casos, signos inequívocos de haberse sustraído a la disciplina interna de dichas organizaciones o bandas.

- Participación activa en motines, plantes, agresiones físicas, amenazas o coacciones.

- Comisión de infracciones disciplinarias calificadas de muy graves o graves, de manera reiterada y sostenida en el tiempo.

- Introducción o posesión de armas de fuego en el Establecimiento penitenciario, así como la tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en cantidad importante, que haga presumir su destino al tráfico.


En último lugar, se ha de considerar que los internos clasificados en el primer grado, estarán sujetos al régimen previsto en los artículos 89 a 95 RP.

B.- Segundo Grado: Resultan de aplicación las normas correspondientes al régimen ordinario de los establecimientos (artículos 103.1 y 100.1 RP). De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 RP, serán clasificados en el presente grado “los penados en quienes concurran unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad”.

A los internos clasificados en el segundo grado, les resultará de aplicación el régimen previsto en los artículos 76 a 79 RP.

C.- Tercer Grado: El tercer grado penitenciario Implica la aplicación del régimen abierto en cualquiera de sus modalidades (artículos 103.2 y 100.1 RP).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.4 RP, “la clasificación en tercer grado se aplicará a los internos que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad”. A dichos internos, les resultará de aplicación el régimen previsto en los artículos 80 a 88 RP.

En otro orden, se ha de tener en cuenta que la normativa establece que para que un interno que no tenga extinguida la cuarta parte de la condena pueda ser propuesto para tercer grado, “deberá transcurrir el tiempo de estudio suficiente para obtener un adecuado conocimiento del mismo y concurrir, favorablemente calificadas, las variables intervinientes en el proceso de clasificación penitenciaria enumeradas en el artículo 102.2 valorándose, especialmente, el historial delictivo y la integración social del penado”.

En relación al presente grado han de tenerse en cuenta otra serie de aspectos que merecen especial atención:

1) Previsión de un periodo de seguridad: Como puede observarse, no se prevé un límite temporal como tal para la clasificación en el tercer grado.

No obstante, se ha de significar que el artículo 36.2 de la vigente redacción del Código Penal establece que cuando la duración de la pena de prisión que se imponga sea superior a cinco años, el órgano judicial podrá ordenar que la clasificación del penado en el tercer grado no se lleve a cabo hasta que cumpla la mitad de la pena.

El citado precepto, establece que el órgano judicial adoptará dicha decisión con carácter potestativo. No obstante, el referido límite se respetará en cualquier caso con respecto a los siguientes delitos:

"- Delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código.
- Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal.
- Delitos del artículo 183.
- Delitos del Capítulo V del Título VIII del Libro II de este Código, cuando la víctima sea menor de trece años
".

En otro orden, también se ha de tener en cuenta la previsión que efectúa el Código Penal en el apartado tercero del ya mencionado artículo 36. A tenor del mismo, "el tribunal o el juez de vigilancia penitenciaria, podrá acordar, previo informe del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la progresión a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal de penados enfermos muy graves con padecimientos incurables y de los septuagenarios valorando especialmente su escasa peligrosidad".

2) Sobre la responsabilidad civil derivada de delito: Con la modificación data del año 2003, se introdujo un nuevo requisito para acceder al tercer grado. El mismo, se prevé en los apartados quinto y sexto del artículo 72 LOGP.

A tenor del citado apartado quinto, tanto la clasificación del penado como su progresión al tercer grado requerirá, además de los requisitos previstos al efecto en el Código Penal (recientemente explicados), que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada delito en orden a:

- Restituir lo sustraído, reparar el daño causado e indemnizar los perjuicios materiales y morales derivados.
- Las condiciones personales y patrimoniales del culpable a efectos de valorar su capacidad para satisfacer la responsabilidad civil.
- Las garantías que permitan asegurar la satisfacción futura.
- La estimación del enriquecimiento que haya obtenido el culpable por la comisión del delito.
- En su caso, el daño producido al servicio público y la naturaleza de los daños y perjuicios causados por la comisión del delito, número de perjudicados y su condición.

La referida norma, resultará de aplicación especialmente en aquellos casos en el que se hubiera condenado al sujeto por la comisión de alguno de los siguientes delitos:

"- [glink Delitos contra el patrimonio https://www.legalik.com/abogados/penal/delitos-economicos.e4653 y contra el orden socioeconómico que hubieran revestido notoria gravedad y hubieran perjudicado a una generalidad de personas.
- Delitos contra los derechos de los trabajadores.
- Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
- Delitos contra la Administración pública comprendidos en los capítulos V al IX del título XIX del libro II del Código Penal]".

En otro orden, establece el apartado sexto del artículo 72.6 LOGP, que "la clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento penitenciario de personas condenadas por delitos de terrorismo de la sección segunda del capítulo V del título XXII del libro II del Código Penal o cometidos en el seno de organizaciones criminales, requerirá, además de los requisitos previstos por el Código Penal y la satisfacción de la responsabilidad civil con sus rentas y patrimonio presentes y futuros en los términos del apartado anterior, que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y además hayan colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades".

D.- Cuarto Grado o libertad condicional: Constituye el último grado del sistema de individualización científica que venimos analizando. Implica que el resto de la impuesta se pueda cumplir en libertad aunque sometida a una serie de condiciones y controles.

En cuanto a su regulación, se han de subrayar los artículos 90 a 93 de la vigente redacción del Código Penal y 192 a 201 RP. En primer lugar, se ha de tener en cuenta que los condenados clasificados en tercer grado penitenciario que cumplan los requisitos previstos en el Código Penal, "cumplirán el resto de su condena en situación de libertad condicional", conforme a lo que disponga dicho Código (art. 192 RP).

Los requisitos para la concesión de la libertad condicional al penado por parte del Juez de Vigilancia Penitenciaria se prevén en el apartado primero del artículo 90 del Código Penal:

1. Que esté clasificado en tercer grado.
2. Que haya extinguido las tres cuartas partes de la pena.
3. Que el penado haya observado buena conducta.

El Juez, por otra parte, no podrá acordar la suspensión si el condenado no hubiera satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito en los términos recientemente estudiados.

En otro orden, establece el apartado segundo del referido artículo 90 del Código Penal que el Juez de Vigilancia también podrá conceder la libertad condicional a aquellos penados que cumplan los siguientes requisitos:

"1. Que hayan extinguido dos terceras parte de su condena.

2. Que durante el cumplimiento de su pena hayan desarrollado actividades laborales, culturales u ocupacionales, bien de forma continuada, bien con un aprovechamiento del que se haya derivado una modificación relevante y favorable de aquéllas de sus circunstancias personales relacionadas con su actividad delictiva previa.

3. Que acredite el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado anterior, salvo el de haber extinguido tres cuartas partes de su condena
".

Por otra parte, el apartado tercero del citado artículo establece que con carácter excepcional el Juez de Vigilancia podrá conceder la libertad condicional en aquellos casos en los que concurran los siguientes requisitos:

1. Que los penados estén cumpliendo su primera pena de prisión y que esta sea igual o inferior a tres años.
2. Que los mismos hayan extinguido la mitad de su condena.
3. Que los penados acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado primero del presente artículo. No obstante, no será necesario haber cumplido el referido a la extinción de las tres cuartas partes de la condena.

En último término, se ha de tener en cuenta que la presente concesión excepcional no se aplicará a aquellas personas que hayan sido condenadas por la comisión de un delito contra la libertad e indemnidad sexuales.

Habiendo estudiado, aunque de forma sucinta, los cuatro grados de clasificación del penado en el sistema de individualización científica vigente en el sistema jurídico español se ha de considerar además que el Reglamento Penitenciario prevé en su artículo 100.2 que se permiten aquellos modelos de ejecución que combinan características de los diversos grados. Una vez más, cabe destacar la flexibilidad del sistema penitenciario español.

VI. Sobre la progresión y regresión en grado del penado

Como sostiene la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el sistema de individualización científica que acabamos de analizar permite que el penado avance o retroceda en grado en función de su evolución durante el cumplimiento de la condena. Ninguna clasificación es definitiva.

En los casos en los que el interno no participe en un programa individualizado de tratamiento, su evolución se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 112 RP.

Reza literalmente el referido precepto que "la clasificación inicial y las posteriores revisiones de la misma se realizarán mediante la observación directa del comportamiento y los informes pertinentes del personal penitenciario de los Equipos Técnicos que tenga relación con el interno, así como utilizando los datos documentales existentes". Veamos de forma separada tanto la progresión como la regresión en grado:

A.- Progresión en grado: El penado ostentará el derecho a progresión si es merecedor de ello en cuanto a la evolución de su tratamiento. Evidentemente, se requiere una evolución positiva de su conducta global. Como sostiene FERRER GUTIÉRREZ, la progresión depende de la modificación positiva de aquellos factores directamente relacionados con la actividad delictiva. A este respecto alude también el artículo 106.2 RP.

Como ya se ha visto en otros puntos, la Ley alude a la posibilidad de progresión del penado. A modo de ejemplo, resulta procedente subrayar el artículo 72.5 LOGP que establece que la clasificación y progresión al tercer grado del penado requerirá la concurrencia de los requisitos establecidos en el Código Penal así como que el mismo satisfaga la responsabilidad civil derivada del delito.

En otro orden, el apartado sexto del referido artículo 72, alude a los requisitos para la clasificación o progresión al tercer grado del condenado por delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales.

B.- Regresión en grado: En lo que respecta a la regresión, la misma procederá cuando se aprecie en el penado una evolución negativa en su conducta, personalidad y pronóstico de integración (art. 106.3 RP). A este respecto, el RP establece en su artículo 108 ciertos supuestos específicos de regresión en grado. El referido precepto reza lo siguiente:

"Si un interno clasificado en tercer grado no regresase al Centro penitenciario después de haber disfrutado de un permiso de salida o de cualquier otra salida autorizada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 157.2, se le clasificará provisionalmente en segundo grado, en espera de efectuar la reclasificación correspondiente cuando vuelva a ingresar en un Centro penitenciario.

Producido el reingreso, el Director del Centro acordará, como medida cautelar, el pase provisional a régimen ordinario hasta que se efectúe la reclasificación correspondiente.

En los supuestos de internos clasificados en tercer grado que fuesen detenidos, ingresados en prisión, procesados o imputados judicialmente por presuntas nuevas responsabilidades, el Director podrá suspender cautelarmente cualquier nueva salida, así como acordar la separación interior que proceda y su pase provisional a régimen ordinario, debiendo proceder la Junta de Tratamiento inmediatamente a la reclasificación correspondiente en su caso
".

Se ha de significar en último lugar, que contra las decisiones de progresión y regresión cabrá recurso ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria. Tales decisiones, habrán de ser comunicadas al Ministerio Público a fin de que el citado órgano interponga, si procede, recurso contra las mismas.

Por otra parte, diversas resoluciones tales como la SAP de León de fecha 17 de Marzo de 2006 han establecido que la modificación del grado de tratamiento del penado dependerá de sus características personales concretas "así como del esfuerzo realizado a fin de obtener el resultado más favorable mediante el empleo de los medios puestos a su disposición por el centro penitenciario”.

VII. Derechos y deberes de los internos

El Reglamento Penitenciario, en sus artículos 4 y 5 dispone lo referente a los derechos y deberes de los internos. Tal aspecto, merece especial atención antes de concluir el presente epígrafe. Procedamos a su estudio:

A.- Derechos de los internos: La actividad penitenciaria, se deberá desarrollar respetando los derechos e intereses legítimos de los internos no afectados por la condena así como su personalidad. Por ende, ningún interno podrá ser objeto de discriminación por razón de "raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" (artículo 4.1 RP).

Los internos, tendrán los siguientes derechos reconocidos (artículo 4.2 RP):

- Derecho a que se preserve su dignidad y su intimidad sin perjuicio de aquellas medidas que se exijan en aras al orden de la vida en prisión. En relación a lo dicho, tendrán derecho a ser llamados por su nombre y a que su condición sea reservada.

- Derecho al tratamiento penitenciario así como a las medidas que se programen en aras a procurar el éxito del mismo.

- Derecho a tener un trabajo remunerada dentro de las disponibilidades de la Administración penitenciaria.

- Derecho a disfrutar de los beneficios penitenciarios que prevé la legislación vigente.

- Derecho al ejercicio de los civiles, sociales, políticos, económicos y culturales siempre y cuando no sean compatibles con el cumplimiento de la condena o el objeto de su detención.

- Derecho a las relaciones con el exterior en los términos previstos en la legislación.

- Derecho a que la Administración Penitenciaria vele por sus vidas, integridad y salud sin que puedan ser sometidos a torturas, malos tratos ni ser objeto de un rigor innecesario en la aplicación de la normativa.

- Derecho a recibir información de su situación procesal y penitenciaria.

- Derecho a formular peticiones y quejas ante los órganos a los que alude el Reglamento Penitenciario, así como a dirigirse a las autoridades competentes y a valerse de los medios de defensa de sus derechos e intereses legítimos referidos en el presente texto.

- Derecho a acceder y disfrutar de las prestaciones públicas que les correspondan.

B.- Deberes de los internos: El anteriormente mencionado artículo 5 RP, recoge en su apartado segundo los deberes que corresponden a los internos. Dichos deberes son:

- Acatar las normas de régimen interior así como las órdenes recibidas del personal penitenciario.

- Utilizar de una forma adecuada los medios materiales e instalaciones del establecimiento.

- Llevar a cabo las tareas personales obligatorias impuestas por la Administración penitenciaria en aras al buen orden y la limpieza de los establecimientos.

- Permanecer en el establecimiento asignado hasta el momento en que corresponda su liberación, a disposición del órgano judicial o para cumplir las condenas privativas de libertad que se le impongan.

- Participar en las actividades educativas, formativas y laborales designadas conforme a sus carencias en aras a preparar la vida en libertad.

- Colaborar de forma activa en el objetivo de procurar una convivencia ordenada en el centro y mantener el debido respeto y consideración hacia los funcionarios, autoridades, trabajadores, colaboradores, reclusos y demás personas.

- Mantener una adecuada higiene y aseo personal, corrección en el atuendo y acatar las medidas higiénicas y sanitarias establecidas.

Si usted, requiere de información más concreta adaptada a su caso con respecto al sistema penitenciario no dude en ponerse en contacto con nosotros. El equipo de ABOGAPENAL, losabogados penalistas expertos en derecho penitenciario de Legalik Central de Servicios Jurídicos, experto en el referido ámbito, se encuentra a su disposición en toda España para defender sus derechos e intereses.
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