Derechos del detenido

Derechos del detenido

Expertos en Derecho Penal. Defensa. Acusación particular. Asistencia a detenidos en comisaría o Juzgados. Juicios
Abogados penalistas expertos en derechos del detenido. Derechos del detenido. Régimen de incomunicación.
¿Cuales son los derechos del detenido?
toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá, sin demora injustificada

¿Usted, su familia o algun amigo ha sido detenido o cree va a ser detenido y desea asistencia legal de abogado penalista? ¿Desea saber cuales son los derechos de un detenido?
¿Tiene dudas de como debe actuar en caso de inminente detención?
¿Algún familiar o amigo ha sido detenido y le ha pedido que le busque abogado penalista con urgencia?

Derechos del detenido
Si ha sido detenido y desea ver defendido cada uno de sus derechos, confíe en nuestros abogados penalistas. ABOGAPENAL, se nutre de la dilatada experiencia del equipo de abogados penalistas de Abogaddos.com.

El motivo de la confección del presente epígrafe, reside en informarles de que en caso de que resulten detenidos por la policía por la presunta comisión de un delito, el Ordenamiento Jurídico les confiere una serie de derechos de los que desde el primer momento han de ser informados.

En consecuencia, si usted o bien un familiar o conocido ha resultado detenido y se encuentra en comisaría de policía o en Juzgados, póngase en contacto con nosotros a fin de que podamos conocer su caso y procurar que la detención se ajuste a la más estricta legalidad y sea debidamente informado del delito, pena demas circunstancias que pudieran ser relevantes para usted en el procedimiento.. ABOGAPENAL, desarrolla su actividad en todo el territorio nacional.

I. Sobre el Derecho de Defensa y el derecho de información

En los siguientes puntos, veremos qué derechos asisten al detenido de conformidad con la legislación vigente. Previamente, se ha de significar que en materia de Derecho de Defensa, amén de otros textos, ha tenido una importancia vital la Directiva 2012/13/UE sobre el derecho a la información en el proceso penal. La inserción de la referida Directiva supuso la modificación de una serie de preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante LECrim). Uno de los más importantes, fue el artículo 118 LECrim.

El antedicho precepto, entre otros aspectos, establece que "toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá, sin demora injustificada (...)" de una serie de derechos similares a los establecidos en el artículo 520 LECrim (a los que nos referiremos a continuación).

Desde que el justiciable adquiera la condición de investigado y se le hubiera podido someter a detención tiene derecho a conocer y ser informado de los derechos que le asisten. Es a partir de este momento cuando se hace del todo necesario hacer mención a los artículos 520 y siguientes LECrim.

II. Sobre la duración y la forma de practicar la detención

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, parte de la base de que tanto la detención como la prisión provisional deberán perjudicar lo menos posible al detenido o preso "en su persona, reputación y patrimonio". Por ende, quiénes acuerden y ejecuten la correspondiente medida cautelar deberán velar "por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen (...) con respeto al derecho fundamental a la libertad de información" (apartado primero del artículo 520 LECrim).

Además, dicho apartado recuerda lo establecido en el artículo 17 de la Constitución sobre la duración máxima de la detención estableciendo que la misma "no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial". Los agentes de la autoridad deberán incluir en el correspondiente atestado el lugar, fecha y hora de la detención así como la situación del detenido.

En resumidas cuentas, la Constitución Española establece como norma general que la detención no podrá extenderse más allá de setenta y dos horas. No obstante, la Ley prevé una serie de excepciones bajo las que la detención podrá prorrogarse durante más tiempo, a saber:

A.- Casos en los que se decrete la incomunicación por delitos de terrorismo, pertenencia a banda armada, etc. Si un ciudadano ha sido detenido por la comisión de un delito de terrorismo (por ejemplo) se puede solicitar al órgano judicial su incomunicación. Lo normal dentro de tales casos es solicitar que se prorrogue la detención de setenta y dos horas por otras cuarenta y ocho. Además, como veremos más adelante en los casos de incomunicación el detenido o preso no podrá disfrutar de todos los derechos previstos en el artículo 520 LECrim.

B.- Otros casos. Por ejemplo, cuando se cometan delitos en estado de sitio la detención podrá extenderse incluso durante días.

III. Sobre los derechos de los que el detenido tiene que ser informado



El precepto que merece una más que especial consideración es el artículo 520.2 LECrim. En virtud del mismo, el detenido o preso debe ser informado "por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten (...)". Particularmente, deberá ser informado de los siguientes derechos:

1.- Derecho a guardar silencio y a no declarar ante la policía si no quiere así como a contestar a las preguntas que estime convenientes o a declarar únicamente ante el Juez. Además el detenido o preso cuando sea sometido a declaración, ostenta el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

El presente derecho, ha venido acompañado de una considerable polémica con respecto a las consecuencias de su ejercicio. Ciertos operadores jurídicos venían entendiendo que si el justiciable se negaba a declarar o a se acogía a su derecho a no contestar preguntas, se podía solicitar al órgano judicial que hiciera constar en acta las preguntas que se iban a hacer. No obstante, a nuestro juicio consideramos que la instrucción ha de facilitarse en la medida de la posible evitando excesivas dilaciones y que hay que respetar el derecho a guardar silencio del detenido o preso.

En este sentido, la STS 176/2008 de 24 de Abril sostenía que "los acusados se negaron (...) a contestar a las preguntas formuladas por la acusación. El ejercicio de ese derecho constitucional no puede ser violentado por la acusación insistiendo en sus preguntas y no es precisa la documentación de las preguntas que realiza, sino la expresión del ejercicio del derecho por parte del acusado".

2.- Derecho a designar abogado (con la salvedad de los casos en que se decrete la incomunicación) y a ser asistido por él sin demora.

La persona detenida puede solicitar la asistencia de un abogado del Turno de Oficio en vez de un profesional letrado libremente designado siempre que cumpla los requisitos para ello. En cualquier caso, sea un abogado libremente designado o uno de oficio, el profesional deberá acudir al lugar de custodia del detenido en el plazo de tres horas. Si no acudiera, se designará otro abogado de oficio que deberá acudir con la mayor celeridad posible y siempre dentro del antedicho plazo. Obviamente, el letrado no compareciente será sancionado disciplinariamente con arreglo a lo establecido en las normas.

No obstante, precisa la LECrim, en caso de que "debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible".

3.- Derecho a acceder a los elementos esenciales de las actuaciones para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.

En relación a este derecho, cuando el abogado del detenido acude a dependencias policiales u otros lugares de custodia suele solicitar el atestado o una "síntesis" del mismo donde se consigna lo ocurrido, actuaciones llevadas a cabo, etc. El acceso a los elementos esenciales es fundamental para que el detenido pueda impugnar su detención en caso de que la misma sea ilegal. Como estudiamos en otros epígrafes (véase "Habeas Corpus"), cuando una detención sea ilegal se podrá instar el correspondiente procedimiento de Habeas Corpus regulado en la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de Mayo.

4.- Derechos de comunicación entre los que cabe hacer mención a los siguientes:

-a) Derecho a que se ponga en conocimiento de un familiar u otro sin demora su situación y el lugar donde se halle. Los extranjeros podrán comunicar tales extremos a la oficina consular de su país de origen.

-b) Derecho a comunicarse sin demora por vía telefónica con un tercero de su elección en presencia de un funcionario.

-c) Los extranjeros tendrán derecho a ser visitados por las autoridades consulares de su país y a comunicarse y mantener correspondencia con la mismas.

-d) Derecho a ser visitado por un ministro de su religión, médico, parientes u otros siempre que ello no afecte al secreto y éxito del sumario. Además, tendrá derecho a comunicarse con el abogado que le defienda salvo los casos legalmente establecidos (artículo 523 LECrim).

-e) Derecho a obtener autorización por parte del Juez instructor para utilizar los medios de correspondencia y comunicación de que pueda valerse siempre que ello no comprometa la instrucción. En ningún caso podrá privarse al detenido o preso de la facultad de escribir a los funcionarios superiores del orden judicial (artículo 524 LECrim).

5.- Derecho a ser asistido por un intérprete de forma gratuita siempre que se trate de extranjero que no comprenda el castellano o la lengua oficial que se utilice o se trate de personas con discapacidad auditiva o con dificultades del lenguaje.

Para hablar del presente derecho, se hace necesario hacer alusión a cierta normativa europea, en este caso, la Directiva 2010/64/UE sobre el derecho a interpretación y traducción en el marco de un proceso penal que ha supuesto la inclusión de nuevos preceptos en el ordenamiento jurídico español.

La inclusión de nueva normativa en materia de traducción e interpretación en el ámbito supranacional ha ocasionado que el presente derecho haya evolucionado de forma más que notable. En consecuencia, además del derecho del detenido a ser asistido por un intérprete tanto en sede policial como judicial, actualmente se prevé el derecho a asistencia de intérprete en las conversaciones entre el detenido y su abogado siempre y cuando dichas conversaciones sean necesarias y estén directamente relacionadas con la causa. No obstante, pese a que no guarda relación directa con el presente epígrafe, la mayor novedad se encuentra en el derecho del justiciable a solicitar que se traduzcan ciertos documentos esenciales. Conforme a la legislación vigente se deben considerar documentos esenciales aquel que acuerde la prisión, el escrito de acusación y la sentencia.

6.- Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y a falta de este, "por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas".

7.- Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita y a ser informado sobre el procedimiento de solicitud y condiciones de obtención. Tales extremos, se precisan en la Ley 1/1996, de 10 de Enero, de asistencia jurídica gratuita.

En otro orden, la Ley de Enjuiciamiento Criminal hace alusión a otra serie de aspectos:

En relación a los derechos que acabamos de mencionar, de los mismos se habrá de informar al detenido o preso en un lenguaje que comprenda y la información se tendrá que adecuar a su "edad, grado de madurez, discapacidad (...)" y demás circunstancias personales. Por otra parte, como ya adelantábamos anteriormente, si el detenido fuera extranjero, la detención y el lugar de custodia se comunicarán al cónsul de su país.

En caso de que el detenido fuera menor, el mismo será puesto a disposición de la Fiscalía y se habrán de comunicar el hecho y lugar de custodia a aquellas personas que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda de hecho en cuanto se tenga constancia de su edad. En otro orden, si el detenido tuviera su capacidad modificada judicialmente, se habrán de comunicar los antedichos extremos a los que ejerzan la tutela o guarda de hecho y al Ministerio Fiscal.

Por otra parte, en relación al derecho del detenido o preso a designar abogado, ningún agente o autoridad podrán recomendarle la designación de ningún profesional. Únicamente, se habrán de limitar a informar de su derecho.

En relación a la detención en sí, los detenidos en caso de ser posible habrán de estar separados los unos de los otros. En caso de que no fuera posible, el Juez o Tribunal encargado de la instrucción habrá de procurar que "no se reúnan personas de diferente sexo ni los co-reos en una misma prisión, y de que los jóvenes y los no reincidentes se hallen separados de los de edad madura y de los reincidentes". Ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 521 LECrim. Por otra parte, siempre que con ello no se comprometan la seguridad del detenido o la reserva del sumario, los detenidos o presos podrán "procurarse a sus expensas las comodidades u ocupaciones compatibles con el objeto de su detención y el régimen del Establecimiento en que esté custodiados" (artículo 522 LECrim).

En otro orden, las autoridades no adoptarán contra el detenido o preso ninguna medida extraordinaria de seguridad salvo casos "de desobediencia, de violencia o de rebelión, o cuando haya intentado o hecho preparativos para fugarse (...)", de forma temporal y por el tiempo estrictamente necesario (artículo 525 LECrim).

En último lugar, se ha de significar que de conformidad con lo establecido en el artículo 526 LECrim, el Juez instructor sin previo aviso visitará semanalmente las prisiones de la localidad en compañía de un miembro del Ministerio Fiscal. Durante las visitas, "se enterarán de todo lo concerniente a la situación de los presos o detenidos y adoptarán las medidas que quepan dentro de sus atribuciones para corregir los abusos que notaren".

IV. Sobre los derechos del detenido o preso incomunicado

En los puntos anteriores, ya adelantamos que como regla general el detenido o preso ostenta una serie de derechos reconocidos en el artículo 520 LECrim. No obstante, se ha de tener en cuenta una excepción relativa al régimen de incomunicación a la que se refiere el artículo 520 bis del citado texto. Bajo dicho régimen, incluso se puede prolongar el tiempo de detención más allá del plazo máximo establecido de setenta y dos horas.

De forma más exhaustiva, se ha de precisar que cuando una persona sea detenida por la presunta comisión de un delito de terrorismo, pertenencia a bandas armadas, elementos rebeldes, etc, podrá solicitarse que se decrete su incomunicación. En tales casos, la detención podrá prolongarse de setenta y dos horas a otras cuarenta y ocho siempre que la prórroga sea solicitada "mediante comunicación motivada dentro de las primeras cuarenta y ocho horas desde la detención y sea autorizada por el Juez en las veinticuatro horas siguientes".

Cuando un detenido o preso se halle en régimen de incomunicación no podrá disfrutar de los derechos a los que hemos hecho referencia en el punto anterior previstos en el artículo 520 LECrim. En estos casos, resultará de aplicación el artículo 527 de la referida Ley. Dicho precepto, establece que el detenido o preso podrá ser privado de los derechos que a continuación se enumeran cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen:

A.- Derecho a designar un abogado de su confianza.

B.- Derecho a comunicarse con todas o alguna de las personas previstas en el artículo 520 LECrim a excepción de "la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el Médico Forense".

C.- Derecho a entrevistarse reservadamente con su abogado.

D.- Derecho a acceder a las actuaciones con la salvedad de los elementos esenciales. Esta restricción se aplica tanto al detenido o preso como su abogado.

La incomunicación, deberá acordarla el órgano judicial mediante auto y las restricciones deberán estar adecuadamente motivadas. El Juez, habrá de controlar las condiciones en que se lleve a cabo la incomunicación. Así mismo, la LECrim establece que se deberán hacer al menos dos reconocimientos médicos al detenido o preso incomunicado cada veinticuatro horas a criterio facultativo.

V. Sobre la asistencia letrada al detenido. Introducción

En cuanto al papel del abogado en la asistencia al detenido o preso, al mismo hacemos referencia de forma exhaustiva en el epígrafe Asistencia letrada al detenido. Para la práctica de determinadas diligencias, deberá estar presente.

El letrado, en el presente momento procesal, juega un doble papel fundamental; Por un lado como garante de los derechos fundamentales procesales del justiciable y por otro como profesional encargado de desvirtuar las acusaciones. Los profesionales letrados han de desarrollar sus funciones de forma activa en garantía de los derechos de los justiciables.

Tratando de concluir el presente artículo, nuestra intención con el mismo reside en subrayar que el detenido o preso no se encuentra desamparado sino que ostenta una serie de derechos que las autoridades policiales y judiciales han de respetar y garantizar habida cuenta de la existencia de ciertas excepciones en las que tales derechos pueden verse limitados. En cualquier caso, si usted o un familiar ha sido detenido póngase en contacto con nosotros vía telefónica o bien cumplimentando el formulario adjunto. De esta forma, nuestros abogados especialistas en Derecho Penal de ABOGAPENAL podrán conocer su caso, comprobar si la detención se ajusta a la legalidad y analizar si se están respetando sus derechos. Siempre es importante la primera atención penal. La pena del eventual delito depende muchas veces de esta correcta atención inicial.

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