Injurias, amenazas y calumnias por internet. Preguntas FAQ

Abogados Injurias,calumnias y amenazas por internet

Preguntas FAQ

Preguntas FAQ

¿Cómo podemos actuar ante un delito de amenazas, calumnias o injurias online ? ¿Quién es el Juez competente para conocer de ello?


En las infracciones denominadas "a distancia" la jurisprudencia entiende que el delito se consuma en el lugar donde aquéllas se exteriorizan y llegan a su destinatario, siendo competente para conocer del proceso, con arreglo a los fueros generales de competencia, el Juez cuya demarcación territorial pertenezca a este lugar.

Para el caso de la injuria y la calumnia, la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor la intimidad personal o familiar y a la propia imagen establece la posibilidad de que los perjudicados por este tipo de delitos puedan escoger para la defensa de sus intereses entre la vía civil o la penal.

Por su parte, la Ley Orgánica 2/1984 de 6 marzo reguladora del derecho de rectificación, establece el proceso civil a seguir en la vía en caso de que se desee solicitar que el titular de un medio de comunicación, en este caso, a través de internet, retire determinadas informaciones inexactas y que puedan perjudicarnos. El derecho podrá ejercitarlo directamente el perjudicado, su representante legal y si hubiere fallecido, sus herederos. Según el artículo 250.1.9º de la Ley de Enjuiciamiento Civil se ventilará este tipo de proceso por el trámite del juicio verbal, con ciertas particularidades:

Es necesaria una previa solicitud en el plazo de 7 días desde la publicación de la información a rectificar al director del medio de comunicación, quedando este obligado a difundir o publicar íntegramente el contenido de la rectificación en el plazo de otros 3 días de manera gratuita.

-Si no procede a ello, se podrá iniciar la acción de rectificación ante el Juez de Primera Instancia del domicilio del perjudicado o el del lugar donde radique la dirección del medio de comunicación, dentro de los 7 días hábiles siguientes.

En el caso de que se decida seguir el procedimiento de la vía penal, únicamente podrá iniciarse mediante querella del ofendido, en la medida en la que este tipo de delitos pertenecen de forma única al ámbito de los llamados "delitos privados", en los cuales no puede iniciarse su persecución de oficio. Se excluye el caso de los delitos de injurias o calumnias contenidos en el Título XXI referente a Delitos contra la Constitución de los artículos 490, 491 y 504, en la medida en que estos se casos se trata de delitos públicos que podrán perseguirse a través de denuncia.

Para el caso de amenazas online, según el artículo 171.7 del Código Penal, si se trata amenazas leves el hecho sólo será perseguible mediante denuncia o querella de la persona agraviada o de su representante legal, salvo que el agraviado sea alguna de las personas del 173.2, o lo que es lo mismo, que se constituya como un tipo delictivo relacionado con la violencia doméstica.

La querella habrá de presentarse siempre por escrito, por medio de procurador con poder bastante y suscrita por letrado. Salvo que el querellante sea el propio ofendido, sus herederos o representantes legales, deberá prestarse la correspondiente fianza (artículo 277 y 280 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)

Para ello, es imprescindible conocer la identidad del presunto autor de dichas injurias y/o calumnias, así como su localización, algo que en muchos casos resulta muy difícil dado que este tipo de personas suelen esconder su identidad tras un nick o alias así que, si bien el Código Penal regula y sanciona estas conductas, la realidad es que resulta complicado actuar contra sus autores.

Otro factor en contra es la ubicación de las sedes y servidores de estas redes sociales, a menudo fuera de nuestro país, lo que dificulta aún más las tareas de investigación encaminadas a identificar y localizar a los autores de los hechos. El juez debe autorizar el requerimiento a los propietarios de las redes sociales y webmasters para que aporten la dirección IP desde la que el usuario publicó el mensaje calumnioso o injurioso; posteriormente serán los proveedores de servicios, lo cuáles no siempre facilitan su colaboración, los que proporcionen los datos que revelen información sobre las comunicaciones llevadas a cabo a través dicha IP, de tal forma que así se podrá localizar al titular de la línea de teléfono desde la que se conectó, algo que, por otro lado, no supone por sí misma una clara prueba de la autoría de los hechos, aunque sí un indicio que deberá ser puesto en relación con el resto de pruebas practicadas en la causa.


¿Cómo se valora la posible responsabilidad civil en delito de injurias o calumnias por internet? ¿Quienes serán los responsables?


Según el artículo 9 de la Ley 1/1985, se atenderá a la gravedad de la lesión, el beneficio obtenido con la misma, y el grado de audiencia o difusión del medio a través del cual se hubiera realizado.

En las injurias y calumnias vertidas por internet, en virtud del artículo 212 "será responsable civil solidaria la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la calumnia o injuria."

Según la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, (artículos 13 a 17) establecen como regla general que los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos a la responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico, no obstante:

1. Los operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores de acceso a una red de telecomunicaciones que presten un servicio de intermediación que consista en transmitir por una red de telecomunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar acceso a ésta no serán responsables por la información transmitida, salvo que ellos mismos hayan originado la transmisión, modificado los datos o seleccionado éstos o a los destinatarios de dichos datos.

2.Los prestadores de un servicio de intermediación que transmitan por una red de telecomunicaciones datos facilitados por un destinatario del servicio y, con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros destinatarios que los soliciten, los almacenen en sus sistemas de forma automática, provisional y temporal, no serán responsables por el contenido de esos datos ni por la reproducción temporal de los mismos, si:

a) No modifican la información.
b) Permiten el acceso a ella sólo a los destinatarios que cumplan las condiciones impuestas a tal fin, por el destinatario cuya información se solicita.
c) Respetan las normas generalmente aceptadas y aplicadas por el sector para la actualización de la información.
d) No interfieren en la utilización lícita de tecnología generalmente aceptada y empleada por el sector, con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información, y
e) Retiran la información que hayan almacenado o hacen imposible el acceso a ella, en cuanto tengan conocimiento efectivo de:
1.º Que ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente.
2.º Que se ha imposibilitado el acceso a ella, o
3.º Que un tribunal u órgano administrativo competente ha ordenado retirarla o impedir que se acceda a ella.

3. Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que:

a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización
b) Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.

4. Los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios, siempre que:

a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización
b) Si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente.

Se entenderá que los prestadores de servicios tienen el conocimiento efectivo cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.

¿Puede protegerse el derecho al honor en internet de una persona una vez que ésta ha fallecido?


Según el artículo 4 de la LO 1/1982, la respuesta es afirmativa, y corresponderá el ejercicio de las acciones civiles a quien el fallecido haya designado a tal efecto en su testamento. La designación puede recaer en una persona jurídica.

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