Injurias por internet. Preguntas FAQ

Abogados Injurias por internet

Preguntas FAQ

Preguntas FAQ

¿Cómo se valora la posible responsabilidad civil de una injuria online ? ¿Quienes serán los responsables?


Según el artículo 9 de la Ley 1/1985, se atenderá a la gravedad de la lesión, al beneficio obtenido con la misma, y al grado de audiencia o difusión del medio a través del cual se hubiera realizado.
En las injurias realizadas por internet, en virtud del artículo 212 será responsable civil solidaria la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se hayan propagado.

En este caso en el que las injurias se dan a través de internet, según la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, (artículos 13 a 17) se establece como regla general que los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos a la responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico, no obstante, dicha Ley establece ciertas excepciones para los siguientes operadores:

A) Operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores de acceso a una red de telecomunicaciones que presten un servicio de intermediación que consista en transmitir por una red de telecomunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar acceso a ésta

No serán responsables por la información transmitida, salvo que ellos mismos hayan originado la transmisión, modificado los datos o seleccionado éstos o a los destinatarios de dichos datos.

B) Los prestadores de un servicio de intermediación que transmitan por una red de telecomunicaciones datos facilitados por un destinatario del servicio y, con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros destinatarios que los soliciten, los almacenen en sus sistemas de forma automática, provisional y temporal

No serán responsables por el contenido de esos datos ni por la reproducción temporal de los mismos, siempre que siempre que no modifiquen la información, permitan el acceso a ella sólo a los destinatarios que cumplan las condiciones impuestas a tal fin, por el destinatario cuya información se solicita y respeten las normas generalmente aceptadas y aplicadas por el sector para la actualización de la información.

Tampoco serán responsables si no interfieren en la utilización lícita de tecnología generalmente aceptada y empleada por el sector, con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información,

Deberán igualmente, retirar la información que hayan almacenado o hacen imposible el acceso a ella, en cuanto tengan conocimiento efectivo de:

-Que ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente.
-Que se ha imposibilitado el acceso a ella, o
-Que un tribunal u órgano administrativo competente ha ordenado retirarla o impedir que se acceda a ella.

C ) Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio y los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda.

No serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, ni por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios respectivamente, siempre que no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada o a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización o si lo tienen, actúan con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos o para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente.

Se entenderá que los prestadores de servicios tienen el conocimiento efectivo cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.

¿Puede protegerse el derecho al honor de una persona una vez que ésta ha fallecido en forma de haber soportado un delito de injurias por internet?


Según el artículo 4 de la LO 1/1982, corresponderá el ejercicio de las acciones civiles a quien el fallecido haya designado a tal efecto en su testamento. La designación puede recaer en una persona jurídica.

- Si la injuria puede consistir también en la imputación de hechos ¿en qué se distingue de la calumnia?

Si leemos con atención los tipos descritos en los artículos que describen las calumnias y las injurias, veremos que en el caso de las primeras hace referencia únicamente a hechos delictivos. Así:

Artículo 205
"Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. "

Artículo 208
"....Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad."

Por otro lado, a diferencia de lo que sucede en las calumnias, en las injurias, la llamada "exceptio veritatis" (la exención de responsabilidad si se prueba la verdad de lo dicho por el que injuria) sólo es aplicable cuando la injuria consista en la imputación de hechos, a funcionarios públicos sobre hechos realizados en el ejercicio de sus cargos o cuando se cometan infracciones administrativas (artículo 210 del Código Penal)

¿Qué ocurre si además de injurias se emiten calumnias por internet?


Las calumnias suelen ser proferidas muy habitualmente en conjunto con injurias. Si los hechos se cometen añadiéndose a la calumnia expresiones injuriosas, la jurisprudencia habitualmente decide que éstas quedan absorbidas por aquélla si guardan relación. Si no es así se penarán por separado.

¿Cómo podemos actuar ante un delito de injuria online ? ¿Quién es el Juez competente para conocer de ello?


En las infracciones denominadas "a distancia" la jurisprudencia entiende que el delito se consuma en el lugar donde aquéllas se exteriorizan y llegan a su destinatario, siendo por tanto competente para conocer del proceso, con arreglo a los fueros generales de competencia el Juez cuya demarcación territorial pertenezca a este lugar.

La Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor la intimidad personal o familiar y a la propia imagen establece la posibilidad de que los perjudicados por este tipo de delitos puedan escoger para la defensa de sus intereses entre la vía civil o la penal.

Si se se decide seguir el procedimiento de la vía penal, éste únicamente podrá incoarse por querella del ofendido, ya que este tipo de delitos pertenecen de forma única al ámbito de los llamados "delitos privados", en los cuales no puede iniciarse su persecución de oficio. La querella habrá de presentarse siempre por escrito, por medio de procurador con poder bastante y suscrita por letrado, salvo que el querellante sea el propio ofendido, sus herederos o representantes legales, deberá prestarse la correspondiente fianza (artículo 277 y 280 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) Se excluye el caso de los delitos de injurias contenidos en el Título XXI referente a Delitos contra la Constitución, en la medida en la en que estos se casos se trata de delitos públicos que podrán perseguirse a través de denuncia.

En el ámbito civil, la Ley Orgánica 2/1984 de 6 marzo reguladora del derecho de rectificación, establece el proceso civil a seguir en la vía en caso de que se desee solicitar que el titular de un medio de comunicación, en este caso, a través de internet, retire determinadas informaciones inexactas y que puedan perjudicarnos. El derecho podrá ejercitarlo directamente el perjudicado, su representante legal y si hubiere fallecido, sus herederos.
Según el artículo 250.1.9º de la Ley de Enjuiciamiento Civil se ventilará este tipo de proceso por el trámite del juicio verbal con algunas especialidades las cuales se materializan en que es necesaria una previa solicitud en el plazo de 7 días desde la publicación de la información a rectificar al director del medio de comunicación, quedando este obligado a difundir o publicar íntegramente el contenido de la rectificación en el plazo de otros 3 días de manera gratuita.
Si no procede a ello, se podrá iniciar la acción de rectificación ante el Juez de Primera Instancia del domicilio del perjudicado o el del lugar donde radique la dirección del medio de comunicación, dentro de los 7 días hábiles siguientes.


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