Insolvencia punible

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¿En qué consiste el delito de insolvencia punible en España?
El delito de insolvencia punible protege como bien jurídico el patrimonio de los acreedores, que actúan como sujetos pasivos, frente a diversas actuaciones del sujeto activo deudor, que merman la posibilidad de hacer efectivos los créditos de aquéllos frente a éste.

Insolvencia punible
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¿ Qué relación existe entre el delito de insolvencia punible y el procedimiento concursal?



El delito de insolvencia punible, está estrechamente relacionado con el procedimiento concursal, que tiene por objetivo que ante una pluralidad de acreedores, todos ellos puedan cobrar en mayor o menor medida parte de su deuda, estableciéndose normalmente supuestos de quita o espera para poder hacer efectivos los créditos de que se trate.

Hemos de vincular por tanto, el delito de insolvencia punible y su regulación penal con la Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio, pero también con otras regulaciones vinculadas a los deberes contables de las empresas como los Reales Decretos 1514/2007 y 1515/2007 de 16 de noviembre relativos al Plan General de Contabilidad y al Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas empresas respectivamente.

El delito de insolvencia punible protege como bien jurídico el patrimonio de los acreedores, que actúan como sujetos pasivos, frente a diversas actuaciones del sujeto activo deudor, que merman la posibilidad de hacer efectivos los créditos de aquéllos frente a éste. Es el derecho de que goza todo acreedor de ejecutar y hacer efectivo su crédito en caso de incumplimiento contra el patrimonio del deudor, ya que en virtud del artículo 1911 del Código Civil éste ha de responder de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros (Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2003)

Se trata por tanto de un delito de carácter especial y propio (Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 2014) en la medida en la que se exige que exista entre en sujeto activo y el pasivo una especial relación jurídica que les sitúe en las posiciones de deudor y acreedor respectivamente.

Parte de la jurisprudencia ha entendido que este tipo delictivo comparte ciertas características con otros delitos relacionados como pueda ser la estafa o la apropiación indebida, en la medida en la que se exige cierta conducta engañosa frente a los acreedores (Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2006).

Se trata de delitos de peligro y no de resultado, que suponen la posible o efectiva causación o agravación de la situación de crisis o de insolvencia, sin necesidad de que se produzca un efectivo perjuicio patrimonial (Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2003), no obstante, otro sector doctrinal ha entendido más recientemente que sí es un delito de resultado en la medida en la que se entenderá consumado con la agravación o causación de la situación de insolvencia (Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2009). entendiéndose por insolvencia, según el artículo 2 de la actual Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio, el estado del deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.

Ha de existir un nexo causal entre las actuaciones del deudor y el posible o efectivo perjuicio de los acreedores (Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2006).

No se exige en ningún caso individualizar el perjuicio causado, que sólo actuará para graduar la pena a imponer por la insolvencia punible, bastando para su comisión acreditar que se ha agravado la situación económica del deudor (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2002)

Tipos de delitos de insolvencia punible recogidos en el Código Penal español



Dentro de las insolvencias punibles cabe distinguir tres tipos de conductas punibles:

A) Realizar por quien se halle en una situación de insolvencia actual o inminente, alguna de las siguientes actuaciones, o buscar ocasionar tal situación de insolvencia mediante alguna de las siguientes conductas:

1.ª Ocultar, causar daños o destruir bienes de su patrimonio incluidos en la masa activa de un concurso.

2.ª Realizar actos de disposición consistentes en la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales o la asunción de deudas.

Han de darse además alguno de los siguientes supuestos para entender que nos encontramos ante un delito por insolvencia punible:

- Que tales operaciones no guarden proporción con la situación económica del deudor.
- Que carezcan de justificación económica o empresarial.

3.ª Enajenar bienes o realizar prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación económica.

Se trata con la tipificación de este supuesto de cubrir posibles negocios fraudulentos y falsos. Uno de los supuestos más comunes es el de las donaciones encubiertas

4.ª Simular créditos de terceros o proceder al reconocimiento de créditos ficticios.

5.ª Participar en negocios especulativos

Debe concurrir en este supuesto:

- Que el negocio carezca de justificación económica
- Que suponga una vulneración del deber de diligencia debida para hacer efectiva la obligación de pago.

6.ª Llevar a cabo algún tipo de vulneración de los deberes de la contabilidad o de documentación

Supone impedir una adecuada comprensión de la situación patrimonial o financiera real del deudor.El Código Penal incluye hace referencia a:

- Incumplir el deber legal de llevar contabilidad o cometer en su llevanza irregularidades relevantes, como pueda ser incumplir el deber de formular el balance o el inventario dentro de plazo.

En ciertos casos, la jurisprudencia ha entendido la ausencia de contabilidad que refleje los gastos de una sociedad, como la comisión dolosa de un delito de insolvencia punible (Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de abril de 2004).

- Llevar doble contabilidad,

- Ocultar, destruir o alterar los libros contables o la documentación que el empresario está obligado a conservar

- Formular las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora de la contabilidad mercantil.

Se trata de una enumeración abierta ya que el Código Penal en el apartado 9º del artículo 259.2 hace referencia a que también se comete un delito de insolvencia punible realizando "cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad empresarial".

Puede tratarse como dice el artículo anterior, tanto de conductas activas o pasivas.

Así mismo, la insolvencia punible en esta modalidad, es un delito que puede ser tanto de carácter doloso como imprudente (artículo 259.3 del Código Penal). El Código Penal dentro de las conductas anteriores menciona los supuestos de no prestar la suficiente diligencia, caso en el que cabría hablar de una posible imprudencia, pero también de buscar o forzar la situación de insolvencia, en cuyo caso se entendería necesariamente que el delito es de carácter doloso, ya que existe la intención de declararse insolvente para no hacer frente a las deudas contraídas con los correspondientes acreedores (Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2004).

La jurisprudencia ha determinado que en ciertos el dolo exige únicamente el conocimiento de la mala situación económica que tiene el propio deudor, pero no necesariamente que exista un elemento tendencial de perjudicar a los acreedores (Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2014).

Tipos agravados de delito de insolvencia punible

La insolvencia punible en esta modalidad, se agrava, cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias (259 bis):

1.ª Cuando se produzca o pueda producirse perjuicio patrimonial en una generalidad de personas o pueda ponerlas en una grave situación económica.

2.ª Cuando alguno de los perjuicios ocasionados a los acreedores individualmente considerados sea superior a los 600.000 euros.

3.ª Cuando al menos la mitad del importe de los créditos concursales tenga como titulares a la Hacienda Pública, sea esta estatal, autonómica, local o foral y a la Seguridad Social.

B) Insolvencia punible por favorecer a alguno de los acreedores por el deudor, en perjuicio de otros de los acreedores (artículo 260 del Código Penal)

La actuación que produce tal resultado, ha de carecer de justificación económica o empresarial. y podrá consistir en:

- Realizar un acto de disposición patrimonial

- Generar obligaciones destinadas a pagar un crédito no exigible

- Facilitar al acreedor una garantía a la que no tenía derecho

Insolvencia punible agravada cuando ya ha sido declarado el concurso

Las penas son más graves si ya se ha admitido la declaración de un concurso. Esta modalidad delictiva del delito de insolvencia punible, se establecía, antes de la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo de reforma del Código Penal, en el artículo 259, que pasa a ser el 260.2. Si el pago de tales créditos se realiza antes de la solicitud de la declaración concursal, este tipo delictivo no será aplicable (Sentencia del Tribunal Supremo 28 de abril de 2003)

Las conducta típica en este caso consistirá en realizar cualquier acto de disposición de la masa concursal dirigido a pagar a ciertos acreedores ya sean uno o varios, privilegiados o no y sin estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los administradores concursales, fuera de los casos permitidos por la ley.

C) Insolvencia punible por falsificación de estados contables para lograr la declaración de un concurso voluntario (artículo 261 del Código Penal)

La conducta consistirá en presentar a sabiendas datos contables falsos relativos al estado contable, con el fin de lograr indebidamente la declaración de concurso.

Como ya hemos comentado la declaración de concurso puede suponer grandes ventajas para el deudor, ya que implica aplicar quitas y esperas en sus obligaciones, lo cual puede suponer un incentivo para amañar las cuentas de una sociedad, haciendo parecer que su situación económica es peor que la que realmente tiene.

Se trata de una modalidad de insolvencia punible necesariamente dolosa, que exige conocimiento de la falsedad de la contabilidad presentada, así como una intención de lograr la declaración de un concurso voluntario.

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