Interrupción sistemas. ataques informáticos

Abogados interrupción funcionamiento sistemas. Ataques informáticos

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Abogados penalistas especialistas en delito de interrupción del funcionamiento de sistemas. Ataques informáticos
Interrupcion de sistemas
El delito consiste en producir el colapso de un sistema o en ralentizar su adecuado funcionamiento. Lo más habitual es la introducción de diversos virus informáticos como 'gusanos' que se autoreplican de manera imparable, colapsando el sistema, 'hijackers' que invaden las páginas web con 'pop ups' o publicidad de manera persistente, o mediante 'spamming', que supone la recepción de un exceso de información no solicitada voluntariamente que acaba bloqueando el sistema.

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Interrupción sistemas. ataques informáticos
El artículo 264 bis que regula el delito de daños informáticos en su modalidad de interrupción en el funcionamiento de sistemas informáticos, ha sido introducido por la Ley Orgánica de reforma del Código Penal 1/2015 de 30 de marzo, para recoger nuevas conductas penales, que han ido surgiendo a medida que ha ido avanzado la tecnología y las telecomunicaciones.

La conducta típica consistirá en producir el colapso de un sistema o en ralentizar su adecuado funcionamiento mediante diversas conductas, como veremos a continuación, realmente muy sofisticadas. Lo más habitual es mediante la introducción de diversos virus informáticos como la introducción de "gusanos" que se autoreplican de manera imparable, colapsando el sistema, "hijackers" que invaden las páginas web con "pop ups" o publicidad de manera persistente, o mediante el llamado "spamming", que supone la recepción de un exceso de información no solicitada voluntariamente que acaba bloqueando el sistema.

La conducta típica ha de realizarse sin consentimiento y ocasionando resultados graves, ya sea mediante la destrucción de datos o ficheros necesarios para el funcionamiento del sistema, introduciendo o transmitiendo datos de manera inconsentida,o sustituyendo el sistema original por otro distinto.

El delito es de resultado, y se entenderá consumado cuando se produzca la inutilización o interrupción del sistema informático. Cabe por tanto su comisión en grado de tentativa. Según la jurisprudencia (Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2006 o de la Audiencia Provincial de Valencia de 10 de junio de 2011), también puede entenderse cometido este delito cuando se produzca el funcionamiento anómalo del sistema al producirse una pérdida de sus cualidades originales. Dicha pérdida de funcionamiento ha de ser además de carácter grave, y no necesariamente tiene porque provenir de la introducir de un software maligno si no que también puede provenir del propio funcionamiento de la red (spamming)

Será sujeto activo quien procede a realizar la conducta que interrumpe el funcionamiento del sistema. Si la conducta se comete en el seno de una organización criminal, la pena se agrava.

Son sujetos pasivos los titulares del sistema informático que resulta afectado. Si se trata de una pluralidad de personas o se ha afectado a una pluralidad de sistemas informáticos, o cuando el titular de tales datos o programas sea un ente público, o cuando se perjudique una actividad empresarial .la pena se agrava. El Código hace referencia al Estado, la Unión Europea, o Estados miembros de la la Unión Europea e infraestructuras críticas, esto es, que afecten al funcionamiento básico y vital de la sociedad o la seguridad del Estado.

El tipo también es agravado en los supuestos de utilización ilícita de datos personales de otra persona para facilitarse el acceso al sistema informático o ganarse la confianza de un tercero.

Este tipo de delito como regla general se cometerá de forma dolosa pero cuando se dé la interrupción del sistema a consecuencia de una imprudencia grave, será aplicable el artículo 267 del Código Penal, en cuyo caso la infracción sólo podrá ser perseguida a instancia de parte o del Ministerio Fiscal si el agraviado es un menor, persona desvalida o discapacitada. En estos casos cabe la extinción de responsabilidad penal por el perdón del ofendido o de su representante legal.

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