Menores e internet

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¿Necesita abogado en delito cometido contra menor por intertnet o movil?
¿Sufre ciberacoso algún hijo o menor familiar y necesita abogado?
¿Sufre algún menor amenazas, coacciones, injurias, calumnias o descubrimiento de secretos por internet?

Menores e internet
En la actualidad, el mundo de las nuevas tecnologías, ha supuesto enormes ventajas. Internet nos ofrece una enorme puerta a cualquier tipo de información y las redes sociales han supuesto una revolución en el mundo de las comunicaciones, con una infinidad de posibilidades que hacen que los problemas de tiempo y espacio se minimicen.

No obstante, hemos de ser conscientes de los peligros del anonimato cuando se actúa a través de un ordenador, el cual supone una enorme ventaja para los delincuentes, por no hablar de la dificultad de su persecución.

En este sentido, unas de las grandes víctimas de los ciberdelitos, especialmente en el ámbito de los delitos contra la libertad sexual, son un sector muy vulnerable: los menores de edad.

Además de las reformas operadas en nuestro Código Penal realizadas a través de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, en el ámbito de los delitos de carácter sexual para dar cabida este tipo de conductas en la red, demos de tener presente lo establecido por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y su reforma operada a través de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Dicha ley será aplicable a todos los menores de dieciocho años que se encuentren en territorio español, salvo que en virtud de la ley que les sea aplicable hayan alcanzado anteriormente la mayoría de edad. El objetivo de esta normativa es velar por el interés superior de éstos.

Según esta misma Ley, los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su desarrollo.

Se prestará especial atención a la alfabetización digital y mediática, de forma adaptada a cada etapa evolutiva, que permita a los menores actuar en línea con seguridad y responsabilidad y, en particular, identificar situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación así como las herramientas y estrategias para afrontar dichos riesgos y protegerse de ellos.

Los menores igualmente, gozan del derecho a la libertad de expresión en los términos constitucionalmente previstos. Esta libertad de expresión tiene también su límite en la protección de la intimidad y la imagen del propio menor.

A nivel europeo cabe destacar la redacción del Libro Verde sobre protección de los menores y de la dignidad humana en los medios audiovisuales y de información o la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil.

En el ámbito penal, las conductas más habituales son el ciberacoso o ciberbullying que engloba diversos tipos delictivos (amenazas, coacciones, injurias, calumnias o descubrimiento y revelación de secretos entre otros) y en especial todos aquellos delitos referentes a libertad e indemnidad sexual de los menores de edad, como forma especial de acoso que requiere dicho elemento de carácter sexual.

Ante la proliferación de este tipo de conductas, se han creado denominaciones en el argot informático para ellas, designándolas como "childgrooming" o "sexting", las cuales son analizadas en los correspondientes subepígrafes más detalladamente.

El bien jurídico protegido en estos últimos casos la libertad sexual o indemnidad sexual del menor de edad.

La reciente modificación del Código Penal operada a través de la Ley Orgánica 1/2015 establece que el consentimiento sexual se podrá prestar válidamente a partir de los 16 años, por tanto toda conducta sexual realizada con un menor de 16 años será, con carácter general, delictiva.

Sin embargo, la propia ley establece que si la conducta sexual se realiza con un mayor de 13 años y menor de 16 no será punible cuando exista consentimiento libre del menor y el autor sea una persona próxima al menor por su edad y grado de desarrollo o madurez.

Estas circunstancias deberán ser apreciadas por el Juez en cada caso concreto, tomando siempre como criterio rector la protección del menor y su interés superior.
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