Usurpación y suplantación identidad en internet. Antecedentes

Abogados usurpación y suplantación identidad en internet

Antecedentes

Antecedentes

En este caso, se condenaría por el delito cometido utilizando la usurpación o suplantación de identidad (estafa, daños etc), y se aplicarían los plazos establecidos en el artículo 136 del código penal, dependiendo de la pena que se impusiera por el delito cometido a través de la suplantación de identidad.

Según dicho articulo 136, podrá solicitar al Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte la cancelación de los antecedentes penales, siempre que el sujeto no haya de delinquido en un plazo desde el día siguiente a aquel en que quede extinguida la pena de :

a) Seis meses para las penas leves.
b) Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes.
c) Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años.
d) Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años.
e) Diez años para las penas graves.

Si no se han cancelado de oficio los correspondientes antecedentes penales pese a haber transcurrido dichos plazos, el juez o tribunal, no los tendrá en cuenta para otros nuevos procesos a efectos por ejemplo de aplicar la agravante de reincidencia.

Si se obtiene la remisión condicional de la pena por el delito cometido mediante usurpación o suplantación de identidad, y ésta llega a ser definitiva, los plazos se computarán desde el día siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la pena si no se hubiere producido la remisión. La fecha inicial será el día siguiente al del otorgamiento de la suspensión.

En el caso de que el sujeto activo sea una persona jurídica, y se acordara la disolución o la prohibición definitiva de actividades, el plazo para la cancelación de antecedentes penales será de cincuenta años desde el día siguiente a la firmeza de la sentencia.

Las inscripciones de antecedentes penales en las distintas secciones del Registro Central de Penados y Rebeldes no serán públicas y únicamente se expedirán las certificaciones que exija la regulación aplicable. No obstante, tendrán libre acceso a las mismas jueces y tribunales, ya se trate o no de anotaciones ya canceladas.
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